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Mas y Junqueras se reparten los bienes de Cataluña para 'negociar' con España una hipotética secesión unilateral

El presidente catalán, Artur Mas, y su socio independentista Oriol Junqueras, siguen por su camino hacia una hipotética secesión de Cataluña. CiU y ERC han pactado valorar varios bienes y activos patrimoniales catalanes para defenderlos “ante España ante una eventual secesión”.

Artur Mas y Oriol Junqueras en una imagen de archivo
Artur Mas y Oriol Junqueras en una imagen de archivo Efe

Artur Mas y Oriol Junqueras se han comprometido a que en un plazo de seis meses, es decir, antes de que se celebren las autonómicas catalanas del próximo 27 de septiembre “el Govern legislará al margen de las leyes estatales para construir estructuras propias de Estado”. Entre esas estructuras “propias de Estado” –como si la Generalitat catalana no fuera representante del Estado en la actualidad con la gestión de más de 50 competencias transferidas- figura el reparto de determinados bienes que servirían en una hipotética negociación con el Gobierno central ante un hipotética y utópica secesión.

Este reparto se ha realizado antes de conocer si la mayoría de los catalanes aprueba o no estos planes que ni siquiera se presentan públicamente a través de los medios de comunicación catalanes, todos ellos subvencionados por el propio Govern. Según ha podido saber Vozpópuli, Mas y Junqueras han registrado en el Parlamento catalán alrededor de 210 enmiendas conjuntas al texto de proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2015

Hacer un inventario público catalán

En esas enmiendas se incluye el mandato político de crear un inventario del patrimonio –que consideran exclusivamente propiedad de Cataluña-, de los activos y pasivos de las administraciones públicas catalanas” así como su valoración y los mecanismos de división y reasignación.

“El objetivo de dicho inventario no es otro que cuando seamos independientes o, mejor dicho, cuando debamos negociar la deuda computable a Cataluña con España podamos defender una eventual ratificación por parte de España de lo que suscribe la Convención de Viena sobre sucesión en materia de bienes, archivos y deudas de Estado”, según han declarado fuentes de la formación de ERC a Vozpópuli en Barcelona.

La intención de Artur Mas es clara y meridiana: El Govern se reparte el patrimonio público y lo utilizará, al margen de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, como contrapartida en la hipotética negociación de la deuda catalana con el resto del país.

“Garantizar las infraestructuras propias del estado catalán”

En otra disposición adicional presentada junto con las cuentas públicas, la Generalitat se emplaza ella misma a redactar en cinco meses un listado de las infraestructuras que tanto nacionalistas como independentistas consideran “críticas”. Es decir, aquellas que “prestan un servicio esencial para garantizar el funcionamiento del futuro estado catalán" y por las que se diseñará un plan “que garantice la continuidad de su funcionamiento se supone que en caso de secesión. También se preverán las posibles amenazas que puedan sufrir” –aunque sin concretarlas-.

El presidente de Cataluña también tiene la intención de crear, en un plazo de seis meses, el denominado “plan director sobre seguridad nuclear” que establezca la normativa básica que deberán cumplir las instalaciones nucleares que quieran operar en Cataluña.

La siguiente es la propuesta de creación (esta vez en cinco meses), vía anteproyecto del Govern, de la Agència Catalana de la Protecció Social. Esta agencia asumiría de manera inmediata “las competencias sobre las prestaciones de protección social propias o trasferidas por el Estado” que actualmente gestionan distintas conselleries.

Según detalla el texto acordado por CiU y ERC, este organismo asumiría las competencias que actualmente ejerce el Estado. El pacto entre CiU y ERC también prevé la aprobación de un plan director de protección social por el que se organizaría el modelo futuro de prestaciones.

Mas también ha dado la orden jurídica de configurar “las autoridades” de competencia y regulación que prevé la unión Europea al margen de los organismos que existen actualmente en el Estado. Así mismo, el Govern entrará en el registro del Parlament una iniciativa legislativa que modifique aquellas normas catalanas relacionadas con la competencia, la energía, las telecomunicaciones y sistemas de información y el transporte ferroviario para “amoldarse” –dicen los nacionalistas catalanes- al marco normativo comunitario.


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