OPERACIÓN ÓSCAR

El exconsejero andaluz que se forró con cursos para parados cobraba además 600 euros de pensión

Ángel Ojeda Avilés, que fuera responsable de Hacienda en uno de los gobiernos del socialista Rodríguez de la Borbolla, recibía de la Seguridad Social una prestación mientras acaparaba concursos para impartir enseñanzas a desempleados. La UDEF cifra en 50 millones el dinero que captaron las empresas de su trama entre 2009 y 2012.

El exconsejero Ángel Ojeda, tras declarar como imputado en la 'Operación Óscar'.
El exconsejero Ángel Ojeda, tras declarar como imputado en la 'Operación Óscar'. EFE

Recaudaba subvenciones por un lado y cobraba la pensión por otro. Ángel Ojeda Avilés, el exconsejero de la Junta de Andalucía detenido el pasado 4 de agosto como creador de un entramado de empresas que presuntamente acaparó de modo irregular millonarias ayudas para impartir cursos para parados en esta comunidad, recibía además de la Seguridad Social una retribución mensual de 600 euros en su condición de jubilado. Así lo han revelado las últimas investigaciones sobre su patrimonio realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que desgajó las pesquisas sobre este expolítico de la célebre 'Operación Edu' que destapó el fraude masivo en las enseñanzas para desempleados. El exconsejero se encuentra en libertad sin fianza, pero permanece imputado y el juez de Cádiz que instruye la causa le retiró el pasaporte para evitar el riesgo de fuga tras tomarle declaración.

Ángel Ojeda fue arrestado el pasado 4 de agosto y puesto en libertad con cargos al día siguiente tras prestar declaración ante un juez de Cádiz. El magistrado le retiró el pasaporte para evitar el riesgo de fuga

La 'Operación Óscar' ha revelado que Ángel Ojeda, que fuera responsable de Hacienda y Planificación de la Junta entre 1987 y 1990, durante el último mandato de José Rodríguez de la Borbolla, empezó en 2009 a crear su extensa trama empresarial ahora bajo sospecha. Hasta entonces, su actividad se había centrado únicamente en sociedades relacionadas con el negocio de la aeronáutica, pero a partir de ese año "entra de lleno en el negocio de la subvención". La Policía cree que ese cambio tuvo que ver con la aprobación por parte de la Junta, con Manuel Chaves aún en la presidencia, de la orden que establecía las condiciones para acceder a las subvenciones para impartir cursos para parados. Los agentes no descartan que este antiguo consejero tuviera información privilegiada sobre el ingente volumen de dinero que iba a destinarse a la formación para desempleados.

Así, el 1 de enero de 2009 constituyó tres sociedades con las que supuestamente 'cazar' estas ayudas. Se trataba de la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, la Asociación para la Sociedad de la Información Innova y la Asociación para el Apoyo al Medio Ambiente Natura. La primera de ellas no había cumplido ni su primer mes de existencia cuando ya había recibido una primera subvención de 642.390 euros. Para entonces, ni siquiera tenía dado de alta a ningún trabajador en la Seguridad Social. "Desde luego el criterio de la experiencia en formación no lo tenía en ese momento, pero es que ni siquiera existía jurídicamente en el periodo de la convocatoria", destacaba la Policía en el informe que llevó a su detención.

Empresas "durmientes"

Pese a estos incumplimientos, las empresas del exconsejero recibieron adjudicaciones por un total de 1,2 millones de euros ese primer ejercicio. Al año siguiente esta cifra se disparó a los 19,7 millones. Sin embargo, la trama creada por Ojeda Avilés no se quedó ahí. Así, utilizó estas sociedades para, en combinación con otras ajenas, crear asociaciones que también pudieran recibir ayudas para organizar cursos. Y, finalmente, agrupó todas estas asociaciones en seis fundaciones aparentemente sin ánimo de lucro que también comenzaron a verse beneficiadas por las subvenciones de la Junta. La Policía destaca en sus informes que la mayoría de estas empresas, asociaciones y formaciones "carecía prácticamente de actividad" una vez recibida la ayuda y que permanecían durante meses en una situación que los agentes califican de "durmiente" a la espera de concurrir a nuevos concursos. 

Gracias a esta compleja trama, Ojeda Avilés se benefició hasta 2012 de un total de 48.429.881 euros en subvenciones. Una parte importante de las mismas formaban parte de las partidas aprobadas por el gobierno de Chaves para poner en marcha cursos de formación con los que evitar el estallido social que supuso el cierre de la factoría gaditana de la multinacional Delphi y el despido de toda su plantilla. Sólo por los cursos para estos trabajadores, el exconsejero de Hacienda se embolsó 19,2 millones de euros en 2010 a través de cinco de sus empresas. La Policía ha llegado a calificar de "ficticios" dichos cursos ya que no contaban con "profesores cualificados y, en algún caso, ni siquiera tenía docentes". Por ello, la Policía considera los mismos un "evidente fraude de ley y una estafa organizada" en la que, además, los "pocos" profesores que participaron en los mismos también han denunciado graves irregularidades con sus retribuciones.

Alaya, a la espera

El sumario de la 'Operación Óscar' está ahora a la espera de saber qué juez continua con su instrucción después de que el pasado 3 de septiembre la Fiscalía de Cádiz pidiera al magistrado de la capital gaditana que lo inició que se inhibiera en favor de su compañera de sevilla Mercedes Alaya, célebre por haber instruído el 'caso de los ERE'. El argumento del Ministerio Público es que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza ya investiga un supuesto fraude en subvenciones a cursos de formación en el que, precisamente, aparece Ojeda Aviles. De hecho, en el auto del pasado 16 de julio con el que Alaya citó a declarar en esta causa como imputado a otro exconsejero de la Junta, la magistrada dedicaba un apartado a las presuntas irregularidades en las ayudas recibidas por seis empresas vinculadas al expolítico.

La Fiscalía de Cádiz pidió hace unos días al juez de la 'Operación Óscar' que se inhiba y pase la investigación sobre el exconsejero andaluz a su compañera Mercedes Alaya 

La magistrada lleva meses maniobrando para hacerse con toda la Operación Edu y sus 'flecos', sobre todo desde que un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es con quien trabaja en el 'caso de los ERE', afirmase que su juzgado era el que llevaba más tiempo investigando un caso de fraude en los cursos de formación para parados en Andalucía. Por ello, ya el pasado mes de mayo, la magistrada solicitó formalmente a la Fiscalía de Málagalos informes de la UDEF sobre la misma. Su objetivo: estudiar si había conexiones entre estas diligencias y las que ella ya instruía para así reclamarlas. Fuentes jurídicas dan por hecho desde hace tiempo que finalmente todas estas causas, incluida la 'Operación Óscar', acabarán en sus manos.


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