TERCERA MACRORREDADA

El 'caso Edu' salpica al exconsejero del PSOE ya detenido en agosto por 'cazar' 48 M. en subvenciones

La Policía relaciona a Ángel Ojeda Avilés y una de sus empresas, Inteca, con el fraude detectado en adjudicaciones para la formación concedidas por la Junta de Andalucía en diciembre de 2010 en la provincia de Granada. En la misma redada han caído un alto cargo y varios empresarios locales.

Ángel Ojeda es conducido esposado por la Policía tras su detención de agosto.
Ángel Ojeda es conducido esposado por la Policía tras su detención de agosto. EFE

Nuevo problema judicial para el exconsejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés. El que fuera responsable de Hacienda y Planificación entre 1987 y 1990, durante el último mandato de José Rodríguez de la Borbolla, ha sido imputado por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, Basilio Miguel García, dentro de la ‘Operación Edu Centro’, tercera fase del macrodespliegue de la Policía contra el fraude masivo en los cursos para parados en esta comunidad autónoma. Ojeda Avilés, que ya fue detenido el pasado 4 de agosto dentro de la ‘Caso Óscar’ por acaparar de modo supuestamente ilegal más de 48 millones de euros también para la formación de desempleados, ha sido implicado en esa ocasión por su relación con las irregularidades detectadas en una de las adjudicaciones realizadas en la provincia de Granada en diciembre de 2010 y que salpica a una de sus empresas, la Asociación para la Calidad Europea Inteca, según ha confirmado Vozpópuli en fuentes judiciales. Al menos otra persona relacionada con la misma mercantil también ha sido imputada.

La Policía investiga a Ojeda Avilés de nuevo por una adjudicación de ayudas para la formación de desempleados, en esta ocasión en Granada

Estas pesquisas son totalmente independientes de las que se siguen por la ‘Operación Óscar’, y que recientemente ha asumido la juez Mercedes Alaya tras inhibirse su compañero de Cádiz que las inició en un primer momento. La magistrada ya había imputado al exconsejero en otro sumario que instruye ella. Ahora, sin embargo, la UDEF ha detectado la presunta relación de Ojeda Avilés con una convocatoria de subvenciones en las que hay bajo sospecha 24 empresas por recibir de modo presuntamente irregular 1,8 millones de euros. En estas mismas pesquisas ha sido detenidos en sólo dos días 41 personas, 14 de ellas en Granada. Entres estos últimos, el lunes fue arrestado un alto cargo de la Junta de Andalucía, Juan Manuel L.S., que fuera concejal del PCE en la primera corporación municipal democrática de la ciudad y que, en la actualidad, ocupa el cargo de secretario general provincial de Fomento y Vivienda. Junto a él cayeron tres empresarios de renombre con los que el funcionario tenía conocidos lazos de amistad además de un familiar directo. Este martes ya son nueve los arrestados en Granada.

La compleja trama de Ojeda

El entramado bajo sospecha del que fuera responsable de Hacienda de la Junta se remonta a 2009, cuando el exconsejero andaluz comenzó a crear su extensa red empresarial ahora bajo sospecha. Hasta entonces, la actividad de Ojeda Avilés se había centrado únicamente en sociedades relacionadas con el negocio de la aeronáutica, pero a partir de ese año "entra de lleno en el negocio de la subvención", según se lee en informes de la UDEF elaborados poco antes de su detención de agosto. La Policía cree que ese cambio tuvo que ver con la aprobación por parte de la Junta, con Manuel Chaves aún en la presidencia, de la orden que establecía las condiciones para acceder a las subvenciones para impartir cursos para parados. Los agentes no descartan que este antiguo consejero tuviera información privilegiada sobre el ingente volumen de dinero que iba a destinarse a la formación para desempleados.

Así, el 1 de enero de 2009 constituyó tres sociedades con las que supuestamente 'cazar' estas ayudas. Se trataba de la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, la Asociación para la Sociedad de la Información Innova y la Asociación para el Apoyo al Medio Ambiente Natura. La primera de ellas no había cumplido ni su primer mes de existencia cuando ya había recibido una primera subvención de 642.390 euros. Para entonces, ni siquiera tenía dado de alta a ningún trabajador en la Seguridad Social. "Desde luego el criterio de la experiencia en formación no lo tenía en ese momento, pero es que ni siquiera existía jurídicamente en el periodo de la convocatoria", destacaba la Policía en el informe que llevó a su detención de este verano.

Empresas "durmientes"

Pese a estos incumplimientos, las empresas del exconsejero recibieron adjudicaciones por un total de 1,2 millones de euros ese primer ejercicio. Al año siguiente esta cifra se disparó a los 19,7 millones. Sin embargo, la trama creada por Ojeda Avilés no se quedó ahí. Así, utilizó estas sociedades para, en combinación con otras ajenas, crear asociaciones que también pudieran recibir ayudas para organizar cursos. Y, finalmente, agrupó todas estas asociaciones en seis fundaciones aparentemente sin ánimo de lucro que también comenzaron a verse beneficiadas por las subvenciones de la Junta. La Policía destaca en sus informes que la mayoría de estas empresas, asociaciones y formaciones "carecían prácticamente de actividad" una vez recibida la ayuda y que permanecían durante meses en una situación que los agentes califican de "durmiente" a la espera de concurrir a nuevos concursos.

El exconsejero se embolsó 19,2 millones de euros en 2010 sólo por los cursos para los trabajadores despedidos de la factoría gaditana de la multinacional Delphi

Gracias a esta compleja trama, Ojeda Avilés se benefició hasta 2012 de un total de 48.429.881 euros en subvenciones. Una parte importante de las mismas formaban parte de las partidas aprobadas por el gobierno de Chaves para poner en marcha cursos de formación con los que evitar el estallido social que supuso el cierre de la factoría gaditana de la multinacional Delphi y el despido de toda su plantilla. Sólo por los cursos para estos trabajadores, el exconsejero de Hacienda se embolsó 19,2 millones de euros en 2010 a través de cinco de sus empresas. La Policía ha llegado a calificar de "ficticios" dichos cursos ya que no contaban con "profesores cualificados y, en algún caso, ni siquiera tenía docentes".


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