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España

Interior envió a Carromero a la cárcel de Segovia para saltarse la 'lista de espera' del tercer grado

Dentro de la legalidad, pero con truco. El Ministerio del Interior utilizó una triquiñuela para 'acelerar' la concesión del tercer grado penitenciario a Ángel Carromero, el dirigente de Nuevas Generaciones (NNGG) condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente de tráfico que costó la vida en julio del año pasado a dos disidentes anticastristas y que fue repatriado a España el pasado 29 de diciembre. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dirige Ángel Yuste, decidió enviar al joven político madrileño a la cárcel de Segovia, con menos de 600 internos y con pocos expedientes de reclusos pendientes para la concesión de la semilibertad, para asi evitar los grandes centros penitenciarios de Madrid, donde la 'lista de espera' para que las Juntas de Tratamiento analicen los casos de reos que aspiran a este beneficio penitenciario supera el medio millar.

Fuentes penitenciarias aseguran que de haber sido ingresado en una prisión de Madrid, la semilibertad del joven político se hubiera demorado "varias semanas"

En concreto, la cárcel castellanoleonesa tenía para estudiar once casos de presos que aspiraban al tercer grado penitenciario cuando aterrizó desde Cuba el dirigente de NNGG. Las prisiones de la Comunidad de Madrid, 530, según las fuentes penitenciarias consultadas por Vozpópuli. Estas mismas fuentes aclaran que la actuación de Prisiones está dentro de la legalidad, "pero no deja de ser una trampa para que Carromero consiguiera el régimen de semilibertad en un tiempo record". Estas mismas fuentes insisten que de haberse cumplido la "lógica", es decir, que un preso con domicilio en Madrid como era Carromero hubiera sido ingresado en un centro penitenciario de esta Comunidad, el régimen de semilibertad para él se hubiera retrasado "varias semanas". Este diario intentó a lo largo del día de ayer conocer la versión de Instituciones Penitenciarias sobre estos datos, pero sus portavoces oficiales no atendieron los requerimientos.

Precisamente ayer, Ángel Carromero, que abandonó el pasado viernes la cárcel de Segovia después de que Instituciones Penitenciarias confirmara el régimen de semilibertad concedido por la Junta de Tratamiento sólo doce días después de su llegada a España, acudió por primera vez al que a partir de ahora será el establecimientos penitenciario que controlará el cumplimiento de su condena, el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, en Madrid. En principio, el joven político deberá acudir sólo para dormir de lunes a jueves, entre las once de la noche y las siete y media de la mañana del día siguiente. El resto del tiempo lo pasará en libertad. Por ahora, los responsables penitenciarios han descartado instalarle una pulsera de control telemático, como reclamaba su abogado, lo que le hubiera evitado incluso acudir al CIS. El dirigente de las juventudes populares ha cumplido poco más 160 días de los cuatro años de condena que le impuso un tribunal en Cuba, con lo que le quedan 1.300 días por cumplir en España, hasta el 21 de julio de 2016. 

Las 'prisas' del Gobierno

Interior no ha sido el único ministerio que, con la concesión del régimen penitenciario en menos de dos semanas, se ha 'apresurado' en el caso Carromero. De hecho, desde que se produjo en julio del año pasado el accidente y el joven político fue acusado de la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, otros tres departamentos del Ejecutivo de Mariano Rajoy (Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia) se han volcado para conseguir su rápida vuelta a España. Así, tras ser condenado en octubre, Carromero firmó el pasado 6 de diciembre la preceptiva solicitud para cumplir la pena por homicidio imprudente en nuestro país. Poco después, el Gobierno remitía toda la documentación necesaria a las autoridades cubanas, y el pasado 12 de diciembre miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores español se reunían con representantes del departamento de Justicia de La Habana para ultimar los trámites. Dos semanas después, Carromero viajaba de vuelta a nuestro país. El Movimiento por la Paz, que gestiona el programa de atención a los cerca de 2.400 españoles encarcelados en el extranjero, aseguraba recientemente que el tiempo medio de espera para cumplimentar estos trámites está entre un año y los dieciocho meses desde que se dicta la sentencia.

Una vez en España le tocó el turno de las 'prisas' al Ayuntamiento de Madrid, donde trabajaba como asesor Carromero antes de protagonizar el accidente en Cuba. Cuando se supo que tener trabajo era uno de los elementos claves para que Interior pudiera justificar la concesión del tercer grado penitenciario, el consistorio se apresuró a certificar que el dirigente de NNGG iba a mantener su empleo como asesor técnico eventual en la Junta de Distrito del barrio de Moratalaz de la capital . Por ese puesto, el joven político cobraba antes de ser encarcelado más de 50.000 euros al año de sueldo. Desde las diferentes administraciones implicadas, sin embargo, se ha negado ningún tipo de "prisas" y se ha insistido en que Carromero cumplía todos los requisitos para la concesión del régimen de semilibertad. De hecho, altos cargos de Prisiones insisten que el joven político ya ha pasado cerca de seis meses en prisión y que ese es el tiempo medio que pasan encarceladas en España las personas que cometen un delito similar por el que ha sido condenado Carromero. 

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