LOS ÚLTIMOS EMAILS INCORPORADOS A LA CAUSA

La 'minuta' del magistrado del Tribunal Supremo que asesoró a Urdangarin: 150.000 euros

Correos electrónicos intevenidos en un caso de corrupción en Lanzarote apuntan a que Ángel Aguallo pudo recibir esta cuantía por asesorar a un empresario imputado en esta causa. La anulación del registro donde se intervinieron los 'emails' dejó sin valor jurídico el informe de la Guardia Civil que lo salpicaba.

Iñaki Urdangarí y su abogado, a la llegada a los Juzgados de Palma en una de sus comparecencias.
Iñaki Urdangarí y su abogado, a la llegada a los Juzgados de Palma en una de sus comparecencias. GTRES

El 'caso Urdangarin' no es el primer caso de corrupción que salpica al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Aguallo Avilés. Ya en 2013, un informe de la Guardia Civil incorporado a un sumario que se instruía en Lanzarote mencionaba reiteradamente al jurista del que llega a afirmar que pudo cobrar 150.000 euros en dos plazos por sus servicios de asesoramiento a un empresario imputado. La causa, que se sigue instruyendo en la isla canaria, no tuvo finalmente consecuencias penales para el jurista ya que la Audiencia Provincial de Las Palmas terminó anulando por un defecto de forma el registro en el que se intervino el ordenador que contenía en su memoria los mensajes. Tampoco las tendrá sus contactos en 2008 con el duque de Palma ya que, de encontrarse finalmente irregularidades, éstas habrían prescrito hace años, según coinciden en señalar diversas fuentes jurídicas consultadas por este diario.

La Guardia Civil consideró a Aguallo autor intelectual de los consejos con los que la sociedad de un empresario de Lanzarote se ahorró 2 millones de euros

La relevación mediática de Ángel Aguallo ha sido provocado por los recientes correos electrónicos que la defensa de Diego Torres, socio de Urdangarin, ha incorporado al caso Nóos en su escrito de defensa. Según dichos documentos, entre febrero de 2008, cuando Aguallo era letrado del Tribunal Constitucional, y junio de ese mismo año, cuando ya había asumido su puesto en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, el magistrado cruzó correos electrónicos con el propio Torres y con Julia Cuquerella, asistente del cuñado de Felipe VI. Del contenido de los mismos se desprende que los presuntos cabecillas del Instituto Nóos pidieron asesoramiento al magistrado, experto fiscal, ante una reunión que iban a mantener con directivos de la empresa Pernod Ricard para presentar un proyecto sobre responsabilidad social corporativa. Los mensajes apuntan a que Aguallo realizó dicho asesoramiento y que el mismo obligó, de hecho, a retrasar el encuentro con los representantes de la firma.

En aquellas fechas, y siempre según el informe que en su día preparó la Guardia Civily que adelantó el Diario de Lanzarote en mayo de 2013, Aguallo también asesoraba fiscalmente a Luis Lleó, un conocido empresario de esta isla canaria que en la actualidad se encuentra a un paso de ser juzgado dentro de una de las piezas del llamado 'caso Unión', el mayor escándalo de corrupción del archipiélago. En el transcurso de la investigación, los agentes intervinieron un ordenador portátil en las oficinas del Grupo Nexar, una de las mercantiles de Lleó, en cuyo disco duro encontraron numerosos correos electrónicos en los que señalaba que la 'minuta' que el magistrado iba a recibir por sus consejos era de 150.000 euros, de los que supuestamente había cobrado la mitad.

Autor intelectual

El informe del Instituto armado concluía que el magistrado era el autor intelectual de un documento que firmaba un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla y que debía servir para que una de las empresas del industrial lanzaroteño fuera considerada una sociedad patrimonial y así ahorrarse casi dos millones de euros en impuestos. Lo que supuestamente recomendó Ángel Aguallo fue que la sociedad se liquidara y que las acciones las adquirieran la mujer de Lleó y la de su socio. Antes se les debía dotar de rentas para hacer creíble la operación. Unos consejos que Lleó siguió al pie de la letra. En su análisis, la Guardia Civil destaca que, además del magistrado y funcionario del consistorio andaluz, también participó supuestamente otro letrado del Constitucional, Ignacio Sánchez Yllera, que fue jefe de gabinete de Teresa Fernández de la Vega y que actualmente ocupa plaza en la Audiencia Provincial de Madrid.

Días después del nombramiento de Aguallo como magistrado del Supremo, el empresario lanzaroteño ordenó a su secretaria destruir las facturas emitidas por aquel

El documento policial, fechado en enero de 2013 y al que ha tenido acceso Vozpópuli, incluía numerosas referencias a Aguallo y a los supuesto cobros. Incluso, menciona un correo electrónico fechado el 19 de marzo de 2008, sólo seis días después de su nombramiento como magistrado del Supremo, en el que el empresario lanzaroteño daba instrucciones a su secretaria sobre dichos abonos. Con el asunto "facturas Aguallo y Pérez Royo", en referencia al otro juez, Lleó escribía: "Para resolver definitivamente de momento me dicen que no incluyamos en ningún modelo ni 347 ni 190 las facturas y las destruyamos físicamente y ya nos darán instrucciones". Además, el informe concluía que ambos magistrados podían haber incurrido en "algún tipo de incompatibilidad", ya que en aquel momento eran letrados del Tribunal Constitucional, a los que la ley impedía compatibilizar ese cargo con "cualquier otra función, destino o cargo, así como el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento".

Sin embargo, las graves acusaciones terminaron difuminándose porque la Audiencia Provincial de Las Palmas admitió en enero de 2014 un recurso para anular el auto de entrada y registro en las oficinas de Lleó en el que se intervino el ordenador con los comprometedores correos. La primera consecuencia de aquella decisión fue, precisamente, dejar sin validez jurídica el informe de la Guardia Civil ya que el mismo se había elaborado, precisamente, con el contenido de dicho equipo informático. La decisión estuvo ya entonces rodeada de una fuerte polémica ya que el juez que firmó el mismo apuntó que el auto que había sido anulado, y en el que aparecía por error el nombre de otra persona implicada en la causa y no el de Lleó, no era el original que había firmado.

El 'caso Urbanor'

Coincidente en los tiempos con el asesoramiento a Urdangarin y al empresario de Lanzarote, el nombre de Aguallo aparece relacionado con otra decisión judicial controvertida: la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2008 que libró a Alberto Alcocer y Alberto Cortina, los 'Albertos', de la pena de tres años y cuatro meses de prisión que el Tribunal Supremo les había impuesto por el 'caso Urbanor', según adelantó este lunes El País. El magistrado era entonces letrado del alto Tribunal y fue el autor del borrador que sirvió de base para la polémica decisión. Tres semanas después de aquel fallo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido entonces por Rafael Hernando, nombraba a Aguallo magistrado del Supremo desplazando supuestamente a candidatos con mejor baremo. Fuentes del alto tribunal recordaban ayer a este diario que ya entonces se habló de que en dicha decisión pesó mucho la "estrecha relación" existente entre el juez y la Casa Real y, más en concreto, con el entonces monarca Juan Carlos I.

Fuentes del CGPJ sugieren que las supuestas irregularidades en el asesoramiento del magistrado a Urdangarin en 2008 que recogen los 'emails' estarían ya prescritas

Aguallo sigue en la actualidad ocupando dicho puesto, aunque prácticamente no acude al Tribunal por un grave problema de salud que le dificulta seriamente la movilidad e, incluso, el habla, según señalan varias fuentes. Mientras tanto, tras conocerse los correos aportados por la defensa de Diego Torres al 'caso Urdangarin', el CGPJ ha comenzado a recabar información sobre el supuesto asesoramiento realizado por el magistrado al cuñado del actual rey por si fuera sancionable, algo que fuentes de esta institución sugieren como imposible ya que las posibles irregularidades cometidas habrían prescrito hace tiempo en el ámbito disciplinario e, incluso, en el penal si lo hubiera. En el asunto de Lanzarote, ni siquiera eso. El auto que anuló el registro y, por tanto, el informe de la Guardia Civil dieron cerrojazo al supuesto cobro de aquella supuesta 'minuta' de 150.000 euros.


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