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Piden cárcel para los dos exalcaldes del PSOE de Ciempozuelos que querían ganar 40 millones de euros

Termina el juicio contra los dos exsocialistas que montaron un urbanismo que fue calificado como "modélico y ejemplar" y que terminó con su detención y posible condena por corrupción.

Rafael Simancas, en una imagen de archivo
Rafael Simancas, en una imagen de archivo GTRES

El fiscal y las acusaciones particulares del ‘caso Ciempozuelos’ leerán hoy su escrito de acusación y pedirán cárcel para los dos exalcaldes socialistas de esta localidad madrileña. Líderes del PSOE habían calificado esta ciudad como “modelo de urbanismo decente”.

El caso estalló en el año 2006 con la detención de los dos exalcaldes que estaban acumulando una fortuna gracias a las recalificaciones de terrenos que estaban realizando al amparo del Plan General.

Ese caso supuso un duro golpe contra Rafael Simancas, secretario entonces del PSOE-PSM, que había viajado a Bruselas a denunciar el “urbanismo depredador del PP”, mientras en Madrid se detenía a dos de sus exalcaldes. Perdió las elecciones de 2007 por goleada.

Fuentes jurídicas indicaron que el fiscal, con toda seguridad, mantendrá la petición de penas de cárcel para los dos procesados. Para Antonio Torrejón pedirá cuatro años y seis meses por cohecho y diez millones de euros de multa. Por blanqueo de capitales 19 millones de euros y por falsedad dos años y seis meses y 9 meses de multa.

El fiscal solicitó en su día, y se cree que se ratificará, para Joaquín Tejeiro cuatro años por cohecho y multa de ocho millones de euros. Por blanqueo de capitales pedirá 15 millones de euros y por falsedad dos años y 6 meses y multa de 9 meses.

La acusación popular, representada por Manos Limpias, pide por cohecho para Pedro Antonio Torrejón, y Joaquín Tejeiro, así como para otros acusados, la pena de seis años de cárcel, multa de veinte meses e inhabilitación de 12 años. Por el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios reclama veinte meses de multa, e inhabilitación de tres años.

La letrada solicita por tráfico de influencias para los dos exalcaldes diez meses de prisión y multa de 300.000 euros, así como inhabilitación especial por cinco años. Por blanqueo de capitales cinco años de prisión y la multa de 1,8 millones de euros cada uno.

Por su parte, el PSOE es probable que solicite peticiones similares a las del Fiscal, mientras que el PP se cree se acercará a la de Manos Limpias.

Según señala el escrito de la acusación particular, los acusados abrieron dos cuentas en la entidad bancaria Andbanc (Andorra), manifestando ser socios y dedicarse a la compraventa de terrenos. Desde la apertura de la cuenta hasta finales del mes de junio de 2006, Pedro Torrejón García realizó varios ingresos en efectivo, cuya suma asciende a 811.500 euros, y Joaquín Tejeiro realizó dos ingresos de 6.000 y 100.000 euros.

Consideran que ese dinero procedía de recalificaciones de terrenos del Plan General de Urbanismo de Ciempozuelos hechas 'a la carta' por el Ayuntamiento de Ciempozuelos para favorecer a los otros imputados, además de las múltiples inversiones inmobiliarias realizadas por  Antonio Torrejón, personalmente junto con su esposa Elena Berrio Revuelta, o a través de sus sociedades.

Tejieron una telaraña de sociedades con los otros imputados en los que en modo alguno se justifican los pagos realizados a las sociedades propiedades de Torrejón y Tejeiro, o vinculadas a los mismos.

Cree la acusación que lo que estaban haciendo era blanquear el dinero negro obtenido por tales recalificaciones, haciendo ingresos entre sociedades de los imputados que no se justifican con ninguna operación, a fin de eludir el pago de impuestos.

Los acuerdos

Creen probado que las cantidades ingresadas en las cuentas de Andorra procedían del acuerdo alcanzado por Torrejón y Tejeiro con la sociedad Esprode, Bitango Promociones, S.L., Comermet Green, Urbego, S.L., Frangest, Urbangest por la transformación del suelo rústico en suelo urbano consolidado.

Habían quedado con Esprode, S.A. en que ésta pagaría como contraprestación por los servicios de asesoramiento prestados 18.030.162 euros, más una cantidad variable de 21.355.162 euros que dependía de varias circunstancias, en total cerca de 40 millones de euros.


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