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Puerto de Sevilla cedió tres naves a la asesoría de UGT registrada por Alaya en la 'operación Cirene'

La Autoridad Portuaria de Sevilla, controlada por un histórico de los socialistas en la capital, recibió de Soralpe, dedicada a impartir cursos de formación, 157.000 euros en el año 2012. Manuel Fernández González, exsecretario general del sindicato de Méndez en Andalucía, se perpetúa en el cargo desde 1998. 

Uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llega a la sede de UGT-Andalucía, en Sevilla.
Uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llega a la sede de UGT-Andalucía, en Sevilla. EFE

El registro realizado por la Unidad de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central de UGT-Andalucía, por orden de la jueza Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación, también se hizo extensivo a dos empresas vinculadas al sindicato y ubicadas ambas en la capital sevillana: Soralpe I más P Asociados SL, en el número siete de la avenida Menéndez Pelayo, y GeosurArquitectura y Urbanismo SL, en la avenida de San Francisco Javier número nueve. La primera de ellas, concebida como una asesoría para la organización de cursos de formación, es propiedad de UGT Confederal, es decir, la estructura que dirige Cándido Méndez, y está presidida por el tesorero del sindicato en Andalucía, Federico Fresneda. La investigación tras la operación Cirene, indagará ahora en su financiación. Entre las instalaciones en que Soralpe impartía sus cursos de formación se encuentran las naves de un ente público controlado por el PSOE: la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Constituida en 1995, con un capital social de 3.005 euros (el mínimo fijado), la sociedad Soralpe facturó en 2011 un total de 1,7 millones de euros, según las últimas cuentas presentadas. En dicho ejercicio, Puerto de Sevilla cedió a la asesoría de UGT, dedicada a la "formación profesional ocupacional para desempleados, formación continua de trabajadores empleados y otras actividades de análoga naturaleza", las naves 3, 4 y 5 de la Avenida de Las Razas, por cuyo uso Soralpe pagó a la autoridad portuaria un total de 150.563,51 euros (IVA incluido). En 2012, esta cantidad ascendió a 157.567,70 euros, tal y como consta en el balance de esta entidad, que depende orgánicamente del Ministerio de Fomento.

Aun así, Puerto de Sevilla está en la órbita de poder de los socialistas. Su presidente, Manuel Fernández González, fue secretario general del PSOE sevillano en la década de los ochenta y diputado en el Parlamento andaluz. Fernández González se encuentra al frente de la Autoridad Portuaria de Sevilla desde 1998, fecha en que su nombramiento recibió la aprobación de Rafael Arias-Salgado, entonces ministro de Fomento del Gobierno de José María Aznar tras pertenecer a la UCD. La sintonía de Fernández González con UGT es tal, que llegó a ser secretario general de la delegación andaluza.

La sintonía de Fernández González con UGT es tal, que llegó a ser secretario general de la delegación andaluza en la década de los ochenta

Más recientemente, el presidente de Puerto de Sevilla fue uno de los treinta miembros del PSOE que, en diciembre de 2011, remitieron una carta a Ferraz para que retrasara a junio la celebración de su 38 Congreso Federal, que estaba previsto para febrero de 2012. Los firmantes consideraban que Alfredo Pérez Rubalcaba "ha demostrado ser un digno candidato a liderar el partido, máxime habiendo sido el candidato a las elecciones generales del 20-N en unas condiciones de sobrado conocidas que resultarían adversas para los socialistas", pero advertían de que "el PSOE tiene un importante número de personas que podrían legítimamente aspirar a ser su líder en los difíciles tiempos que se avecinan".

La Junta de Andalucía también ha inyectado dinero público a Soralpe mediante el Plan Forman, un programa de formación profesional ocupacional. El Ejecutivo de Susana Díaz se encuentra ahora revisando una ayuda de 11,8 millones de euros correspondiente a dicho plan por un presunto uso ilícito de la misma. Según la normativa vigente sobre la concesión de subvenciones públicas destinadas a formación profesional para el empleo, la suma de los "gastos asociados" (luz, agua, calefacción mensajería, correo o vigilancia) con la que se queda el sindicato es un 10% del coste total de la formación en el caso de que se subcontraten a terceros o un 15% si se imparte directamente. La investigación tratará de comprobar si UGT-Andalucía, tras ingresar ese 10% de la ayuda, subcontrató a Soralpe por un porcentaje similar, cuya cuantía habría ido a parar también a las arcas del sindicato, ya que esta sociedad es propiedad suya.

La promoción ‘Guadabajaque’ en Jerez

La Guardia Civil registró, además, el despacho de abogados del exalcalde socialista de Sevilla Manuel del Valle, quien asesoró como abogado al sindicato en dos concursos públicos de construcción de viviendas de protección oficial, en concreto, en Sevilla y en Jerez de la Frontera (Cádiz). En el caso de la promoción en la capital hispalense, UGT perdió el concurso, que ganó la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Este proyecto recibió 1.700.000 euros de la Junta de Andalucía, pero las viviendas están aún sin entregar.

En cambio, el sindicato sí resultó adjudicatario del concurso de Jerez de la Frontera, a través de su promotora Geosur Arquitectura y Urbanismo SL, la otra empresa registrada este jueves. El Ayuntamiento estaba gobernado entonces por la socialista Pilar Sánchez, imputada por desvío de subvenciones del Plan E y recolocada el pasado enero en la Junta como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.

Tal y como publicó Vozpópuli, la adjudicación del terreno en la zona de Gaudabajaque, destinado a la construcción de 157 viviendas de VPO, se saldó por un importe de 2,7 millones de euros, más medio millón en concepto de impuestos. Sumando a estas cantidades los trabajos de "urbanización de los terrenos" y suministro eléctrico por los que UGT ha desembolsado 1,6 millones, el total invertido por el sindicato en este proyecto inmobiliario (mientras ha despedido a 200 trabajadores) se eleva a casi 5 millones de euros. De las viviendas, ni rastro.

NOTA DE LA REDACCIÓN

Una interpretación deficiente de las cuentas de la Autoridad Portuaria de Sevilla realizada por este diario consideró que el pago de Soralpe a Puerto Sevilla era en sentido contrario. De ahí, el titular inexacto: "El PSOE financió con dinero público a la asesoría de UGT registrada por Alaya". La información arriba publica ya contiene las correcciones correspondientes, tras la comunicación recibida de Puerto de Sevilla. Vozpópuli pide además oportunas disculpas a la autoridad portuaria.


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