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Griñán conocía los informes de la Guardia Civil en el auto de Alaya antes de anunciar su marcha

Fuentes del caso ERE apuntan que en el Gobierno andaluz tenían constancia de los escritos de la Unidad Operativa del Instituto Armado. La declaración del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez se presume clave el próximo 25 de julio.

José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía
José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía EFE

Las prisas con que el líder del PSOE andaluz y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció hace una semana que no se presentará a la reelección como jefe del Gobierno regional, acelerando con ello un proceso de primarias en su delegación, empiezan a esclarecerse. Según fuentes del caso consultadas por Vozpópuli se cree, y ello ya habría llegado a la instructora de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, que el entorno del presidente andaluz tuvo conocimiento del los dos informes, elaborados sobre un atestado de la Unidad Operativa de la Guardia Civil, base del último auto y que comprometían aún más su presunta implicación en la trama de los expedientes de regulación de empleo falsos. El temor a imputaciones de mayor calado y cercanía a Griñán, barajándose la posibilidad de que Alaya comenzara ya a pedir suplicatorios para citar a aforados -la instructora perdería la causa en favor del TSJA-, está detrás del repentino "relevo generacional" impulsado por el líder de los socialistas andaluz. De hecho, y esto es subrayado por dichas fuentes, Griñán hizo pública su retirada apenas 48 horas antes de que Alaya dictara el auto, fechado el 28 de junio y entregado a las partes ayer.

Griñán anunció que no se presentará a la reelección tan sólo 48 horas antes de que Alaya firmara el contundente auto

Tal y como se ha podido comprobar, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla estaba preparando un auto de especial contundencia para el devenir del caso. Alaya imputa en este último escrito a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra la que fuera ministra de Fomento y ex consejera de Economía, Magdalena Álvarez; al ex interventor general de la Junta de Andalucía desde 2000 hasta 2010, Manuel Gómez Martínez; al ex viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 hasta 2004 y ex presidente de RENFE en 2004, José Salgueiro, y al actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, 'número dos' de Susana Díaz, candidata 'oficialista' para suceder a Griñán.

Asimismo, las fuentes del caso consultadas por este diario sitúan la declaración de Manuel Gómez el próximo 25 de julio ante la juez como determinante para futuras acusaciones contra cargos más altos en el escalafón. Gómez fue quien envió desde la Intervención General de la Junta al Gobierno andaluz los informes de advertencia sobre el uso irregular que se estaba cometiendo del procedimiento para el pago de las ayudas sociolaborales, prejubilaciones a trabajadores y subvenciones a empresas en crisis. Tras la declaración de Gómez, las imputaciones de los ex consejeros José Antonio Viera y Francisco Vallejo, estarían al caer, pero al tener ambos la condición de aforados la instructora no conservaría el control de la causa. Es por ello por lo que la juez está apurando al máximo sus indagaciones, midiendo cada paso procesal.

El cerco se estrecha sobre el presidente andaluz, puesto que él fue el siguiente consejero de Economía y Hacienda en la Junta (2004-2009) tras el breve paso de José Salgueiro -apenas tres meses en 2004- y el mandato de Magdalena Álvarez, entre 1994 y 2004. Alaya señala en el auto que Álvarez fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de orden de 4 de junio de 2003. El procedimiento de las transferencias de financiación utilizado para pagar los ERE, añade el escrito, constituía una "figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales". Alaya insiste como en otras ocasiones que se ha obviado "el procedimiento administrativo legalmente previsto para gastos de esta naturaleza"

Asimismo, la instructora considera que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas las cuales, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción".


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