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La Policía Científica, colapsada: los jueces tienen que esperar hasta dos años para los análisis forenses

Los jueces se rebelan: no es posible que una prueba forense tarde dos años en empezar a realizarse. Así de larga es la lista de espera en la Policía Científica, lo que explica en muchos casos la lentitud de la justicia.

Un vehículo de la Brigada Provincial de la Policía Científica.
Un vehículo de la Brigada Provincial de la Policía Científica. EFE

Los jueces están hartos de los recortes del Gobierno que han afectado a la Policía Científica y un grupo de jueces ha hecho circular por internet su queja, denunciando que los juzgados deben esperar hasta 24 meses para que empiecen a realizarse los análisis forenses que los juzgados solicitan. Todo esto es producto de los recortes introducidos por el Gobierno de Mariano Rajoy y, aunque la Justicia se resiente y los jueces protestan, el Ministerio del Interior hace oídos sordos y no aumenta los recursos para desatascar los laboratorios.

Hartos ya de que no les hagan ni caso, un grupo de jueces de toda España, conectados a través del Foro de jueces Independiente, ha hecho correr por Twitter una curiosa protesta: la copia de la respuesta de la inspectora jefe de la Sección de Informática Forense de la Comisaría General de la Policía Científica a la petición de un juzgado para que analizara unas pruebas informáticas requisadas durante un registro. Ni corta ni perezosa, la inspectora jefe escribió rápidamente al juzgado para decirle que se lo tomara con mucha calma, porque hasta dentro de 24 meses (es decir, dos años) no se podría hablar de empezar a hacer las pruebas. Increíble, pero cierto.

Dos años para empezar a hablar de hacer una prueba

La historia se inició el 28 de octubre de 2014, cuando, según el documento en poder de Vozpópuli, un juzgado de instrucción solicitó una prueba forense de material informático intervenido en una operación. Pocos días después, el 11 de noviembre, la inspectora jefa de la sección de informática forense de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de la Policía Científica remitió un escrito en el que decía que la Sección de Informática Forense atiende las solicitudes de la mayoría de los juzgados españoles, y que por eso hay existe impresionante lista de espera.

La inspectora añadía al juzgado que “los medios humanos y técnicos disponibles actualmente no son suficientes para atender la creciente demanda de emisión de informes, por lo que existe un retraso de asuntos considerable”. E informaba al juez en cuestión que las causas con preso “se tratan con carácter prioritario por razones obvias de limitación de derechos sobre los imputados”.

La inspectora finalizaba su escrito de una forma categórica: “Por todo lo anterior, se estima que este caso, el plazo estimado para comenzar con el análisis del material informático y posterior emisión del correspondiente informe será, aproximadamente, de 24 meses [sic]”. Es decir, que el juez se lo tomara con mucha calma.

No extraña, pues, que los jueces estén molesto y hayan pasado por Twitter la citada respuesta de la inspectora jefe de la policía científica como forma de una curiosa protesta a través de las redes sociales. Pero el caso viene de atrás y está relacionado con los recortes llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy. Ya en 2012, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) confirmaba que para las pruebas de ADN había ya un colapso de muestras sin analizar estimado en más de 5.000, con el consecuente retraso en la resolución de los temas y emisión de informes periciales.

Pero es que lo mismo ocurre en otros departamentos, no sólo en la Policía Científica. Por ejemplo, Vozpópuli reveló hace unos días que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se estaba impacientando con Hacienda, a quien había remitido un oficio pidiéndole ya "el informe definitivo" del pago en negro de las obras de la sede del PP en la madrileña calle de Génova.

Harto ya del retraso en este expediente, el juez Ruz se vio obligado a dictar una providencia para que la Agencia Tributaria le entregue "a la mayor brevedad" el análisis que encargó en octubre pasado sobre el supuesto fraude fiscal cometido en el PP por el estudio de arquitectura que hizo la remodelación por cobrar 1,7 millones de euros en 'B'.


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