Nacional

Por qué doscientos altos cargos del Gobierno no presentan su declaración de bienes

En el debate a cara de perro sobre la corrupción, Pedro Sánchez achacó a Mariano Rajoy que los altos cargos no publiquen sus propiedades. El Ejecutivo se aferra a un reglamento de 2009 para evitar la publicación que exige el PSOE... 

Uno de los asuntos que enfrentó a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en el debate sobre la corrupción del pasado jueves fue la publicación de bienes y patrimonio de los altos cargos nombrados por el Gobierno. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en diciembre del año pasado, obliga a que estos contratados por la Administración hagan una declaración pública que contenga estos datos. Y, de hecho, el pasado septiembre el Ejecutivo publicó en el BOE el patrimonio de 250 de ellos. Sin embargo, hay otros doscientos altos cargos cuyos bienes y patrimonio continúan sin salir a la luz pública. ¿Por qué? 

En síntesis, el Ejecutivo del PP se aferra a un reglamento previo para justificar que unos doscientos altos cargos no hagan públicos sus bienes y patrimonio. Y esta tesis tiene su miga. Según declaró a El País el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el Gobierno ha ampliado el número de personas que deben hacer esta declaración, pero no deben publicarla los que ya estaban en el cargo antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia porque así lo ha decidido la Oficina de Conflicto de Intereses y porque "cuando fueron nombrados no estaba en vigor la norma".

No han declarado sus bienes y su patrimonio todos los altos cargos que fueron nombrados en el primer año y medio de la legislatura y que aún continúan en su puesto

La tesis del Gobierno, explicada

Para sostener este argumento, el Gobierno se basa, en concreto, en el reglamento aprobado en 2009 que desarrolla la ley previa sobre este asunto, aprobada en 2006. Y es que desde ese año la Ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno obligaba a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los ministros y secretarios de Estado. Pero la citada Ley de Transparencia que se aprobó hace un año en las Cortes amplió esa obligación a cargos inferiores y acabó afectando a casi todos los nombramientos que realiza el Consejo de Ministros. 

El referido reglamento de 2009 dice que se deben difundir las declaraciones de los nombrados entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del año en curso. En román paladino, el caso es que el Gobierno sí publicó el pasado mes de septiembre las declaraciones de los altos cargos que tomaron posesión o fueron cesados entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014. Pero, al iniciar esta práctica en septiembre de 2014, no ha sacado a luz las de los que fueron nombrados antes de julio de 2013. Es decir, no han declarado sus bienes y su patrimonio todos los altos cargos que fueron nombrados en el primer año y medio de la legislatura y que aún continúan en su puesto. 

Por el contrario, según el PSOE, esa interpretación es incorrecta porque "no puede ampararse en las previsiones de un reglamento para justificar el incumpliento de una ley". Además, la formación liderada por Sánchez sostiene que si aquel real decreto ha quedado desfasado con la nueva ley, el reglamento deberá ser modificado por otro real decreto. 

El PSOE acaba de presentar en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende que el Pleno del Congreso inste al Gobierno a publicar las declaraciones de bienes de todos los altos cargos que fueron nombrados al principio de la legislatura

Petición del PSOE

Esta situación que enfrenta a los dos grandes partidos puede cambiar en breve. Y es que el PSOE acaba de presentar en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende que el Pleno del Congreso inste al Gobierno a publicar las declaraciones de bienes de todos los altos cargos que fueron nombrados en el primer año y medio de la legislatura que todavía no ha hecho públicos. En su iniciativa, recogida por Europa Press, el primer partido de la oposición sostiene que, al no sacar a la luz la relación de los bienes de estos altos cargos, el Gobierno incumple la Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada en diciembre de 2013.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia (ley que, por cierto, empezará a funcionar plenamente a partir del próximo 10 de diciembre) deben publicarse las declaraciones de bienes de subsecretarios, directores generales, delegados del Gobierno, embajadores y directores de gabinete de los miembros del Gobierno. También se incluyó en ese paquete las del presidente de RTVE, y la de los miembros de las cúpulas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, en general de las entidades de derecho público del sector público estatal, de la empresas con mayoría de participación estatal y de las fundaciones públicas estatales. Sin embargo, gracias al argumento legal antes explicado, muchos de ellos, como se ha dicho, no han publicado su declaración. 


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