El presidente y el líder de la oposición acuerdan celebrar reuniones periódicas sobre el problema de Cataluña

Rajoy y Rubalcaba se comprometen a mantener la unidad de acción ante el reto soberanista, pese a sus disputas sobre la reforma constitucional

Alfredo Pérez Rubalcaba no quiere dejar de ser visto como un hombre de Gobierno, de ahí que en los próximos meses vaya a compatibilizar sus críticas a las políticas de Mariano Rajoy con un entendimiento cordial con el presidente sobre casi todo lo que afecta al desafío soberanista en Cataluña. Ambos se han comprometido a gestionar desde la unidad de acción el principal problema que afronta ahora el Estado, a pesar de que mantienen discrepancias de fondo sobre la oportunidad de reformar la Constitución.

La frase pronunciada por Mariano Rajoy el pasado jueves en La Moncloa –“Rubalcaba y yo estamos totalmente de acuerdo” –, pocas horas después de conocer la fecha y la pregunta del referéndum soberanista, tiene detrás largas horas de conversación entre el presidente y el líder de la oposición sobre cómo hacer frente al problema de Cataluña. Rajoy y Rubalcaba coinciden en que se trata de un problema de Estado y por ello se han comprometido a gestionarlo desde la unidad, al margen de los caminos que sus respectivos partidos defienden para intentar solucionarlo en el largo plazo.

Rajoy y Rubalcaba coinciden en la necesidad de alcanzar una máxima coordinación a corto plazo, aunque mantengan diferencias de fondo sobre el problema catalán

Fuentes del PP y del PSOE comparten la opinión de que lo urgente es acordar una coordinación eficaz en el corto plazo. Y eso implica un rechazo compartido a la celebración de la consulta, algo que Rubalcaba no tenía fácil de explicar hace dos meses debido a su enfrentamiento con el PSC. Ahora, pacificadas estas relaciones, está dispuesto a demostrar, entre otras cosas, que el PSOE es un partido de Gobierno y que es capaz de entenderse con La Moncloa en asuntos de Estado.

El PP, pues, se verá acompañado de los socialistas en las principales votaciones que el frente soberanista –CiU, ERC e Iniciativa– forzará en el Congreso de los Diputados para intentar sacar adelante su proyecto. La principal llegará a finales de febrero, dentro del nuevo periodo de sesiones, cuando cada grupo parlamentario tenga que retratarse sobre la delegación de competencias que reclama la Generalitat, a través del artículo 150.2 de la Constitución, con el objetivo de lograr la autorización para celebrar la consulta con la que sueña para el 9 de noviembre de 2014. Al voto de rechazo del PP y el PSOE se sumará, sin duda, el de UPyD. Más difícil lo tendrá Cayo Lara con Izquierda Unida, ya que su filial en Cataluña apoya la celebración del referéndum. Esta autorización será denegada, pues, por una amplia mayoría del Congreso, decisión que será respondida desde CiU y ERC con la aprobación en el Parlamento autonómico de una ley de Consultas que les sirva como salvoconducto para forzar la consulta, norma que podrá ser desactivada desde el Gobierno mediante un sencillo recurso al Tribunal Constitucional.

Cayo Lara (IU) tendrá un difícil juego parlamentario, pues su filial en Cataluña apoya la celebración del referéndum soberanista

Esta unidad de acción comprometida por Rajoy y Rubalcaba no oculta sus discrepancias de fondo sobre el trayecto a seguir para combatir el desafío secesionista. El líder del PSOE, con la ventaja que le proporciona navegar por la tormenta desde la oposición, sigue defendiendo una ambiciosa reforma de la Constitución que ayude a cicatrizar las heridas que su máximo intérprete dejó en 2010 con una sentencia que invalidó la identidad de Cataluña como nación. Los socialistas, ahora también con el concurso del PSC, proponen una nueva Constitución que ayude a encajar mejor las reivindicaciones de un amplio sector de la sociedad catalana, a sabiendas de que, haga lo que se haga, el nacionalismo aspirará de nuevo a reabrir el melón dentro de una o dos décadas.

En el Gobierno y en el PP esta reforma constitucional se considera un atajo lleno de riesgos, pues ni existe en estos momentos el acuerdo político imprescindible para que prospere sin traumas ni tampoco el ciclo electoral que se avecina facilita las condiciones necesarias como para que la iniciativa no se vea desborda por los acontecimientos. Si una gran mayoría del PSC recela de las posiciones centralistas que todavía defiende un amplio sector del PSOE y está dispuesto a enfrentarse al resto de las baronías territoriales en busca de mayores ventajas económicas para Cataluña a través de un concierto como el vasco, dentro del PP las cosas tampoco son nada fáciles, como lo demuestra el incendio interno que provocó el pasado septiembre la lideresa catalana, Alicia Sánchez Camacho, cuando propuso un modelo de financiación ventajoso para esta comunidad.

Los socialistas siguen viendo mayor margen político que económico para apaciguar el tsunami independentista en Cataluña

El margen de Rajoy y de su equipo económico para intentar solucionar la pulsión soberanista a base de ventajas económicas sigue siendo muy reducido, se admite en el PP. Por motivos políticos, ya que las elecciones autonómicas y locales están a la vuelta de la esquina y cualquier agravio comparativo puede resultar gravemente lesivo para los candidatos que se examinen en otros territorios, y también por razones económicas, pues el espacio para aprobar una nueva financiación a la carta para Cataluña que mejore sus ingresos es muy restringido.

Rajoy y Rubalcaba coinciden en que ya es tarde para encarar el tsunami independentista provocado por Artur Mas y sus socios con una carretera más o menos a través del cambio de cromos presupuestario que ha operado desde el inicio de la Transición para tener domesticado al nacionalismo. De ahí su compromiso para explorar una respuesta unitaria, a medida que los meses discurran y se vayan conociendo nuevos acontecimientos.


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