Nacional

El vicealcalde de Valencia se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel y 20 de inhabilitación

La acusación reclama 11 años de cárcel y 20 de inhabilitación por “acordar y dictar decisiones administrativas arbitrarias y al margen de la legalidad con el solo fin de atender los intereses particulares del Sr. Urdangarin por su condición de ser yerno del rey”. Asegura que los valencianos y mallorquines han visto mermadas sus arcas para lucrar a Urdangarin “por ser quien es”.

Alfonso Grau, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, se enfrenta a una petición de penas de 11 años de cárcel y 20 de inhabilitación bajo la acusación de haber desviado fondos públicos para los intereses privados de Iñaki Urdangarin “por su condición de ser yerno del rey”. Así se expresa el extenso escrito presentado por la letrada Virginia López-Negrete que dedica sus 118 primeras páginas a describir el presunto fraude en el Patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) donde se entregó al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin 4,5 millones de euros de forma irregular. Según la relación de la acusación popular, Grau, Urdangarin y Torres “acordaron y dictaron decisiones administrativas arbitrarias y al margen de la legalidad con el solo fin de atender los intereses particulares del Sr. Urdangarin (…) dando lugar con ello a desviaciones de poder y excesos que han provocado un perjuicio directo en el recto funcionamiento del Ayuntamiento de Valencia y en sus arcas públicas”. “Los valencianos y los mallorquines ven mermadas sus arcas públicas en millones de euros que fueron para beneficiar tanto a su bolsillo como al de su socio y sus esposas… por ser quien es”, remata el escrito.

La acusación reclama a Grau, Urdangarin y Torres la devolución de los 4,5 millones de euros entregados de manera irregular en virtud de los convenios de colaboración firmados

La acusación reclama, además, tanto a Grau como a Urdangarin y Torres la devolución de los 4,5 millones de euros entregados en virtud de esos convenios de colaboración que –según razona—son “fruto de una actividad delictiva premeditada (…) por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos. Los convenios son nulos de pleno derecho desde el minuto uno”.

El escrito de acusación eleva responsabilidades a la Alcaldesa Rita Barberá y al ex president de la Generalitat, Francisco Camps, a los que acusa de recurrir a la figura del “convenio” con el Instituto Nóos como el “instrumento más adecuado para poder desviar los fondos públicos para financiar las actividades privadas del Sr. Urdangarin” escapando al control administrativo. “Claramente fue una artimaña jurídica que les permitió eludir las normas de contratación pública y adjudicar a dedo el proyecto a Urdangarin”. “La adjudicación fue un acto arbitrario, al margen de cualquier legalidad y meramente voluntarista de la Sra. Barberá en su condición de Alcaldesa de Valencia y del Sr. Camps como President de la Generalitat”, concluye el escrito.

El vicealcalde fue quien ejecutó ese traspaso de dinero y aunque en su declaración intentó asegurar que habían sido todos los patronos de la fundación los que tomaron la decisión de contratar con Nóos, la acusación de Manos Limpias sostiene que “Grau se limitó a informarles sobre la decisión que él antes de la Junta ya había tomado”. “Fue la dirección personificada por el Sr. Grau quien actuaba de forma independiente y a los patronos simplemente les informaron sobre el Valencia Summit y no participaron ni colaboraron en nada”.

Grau es acusado de la presunda entrega de fondos públicos para los intereses privados de Urdangarin y por su afán de ocultación al intentar instruir a los testigos sobre lo que debían declarar ante el juez

Actuación “doblemente grave”

La acusación que pesa sobre el número dos del Ayuntamiento de Valencia es doblemente grave no sólo por la presunta entrega de fondos públicos a los intereses privados de Urdangarin, sino también por su afán de ocultación que volvió a ponerse de manifiesto en la última sesión celebrada en Valencia hace apenas un par de semanas. En ella, los testigos a los que Grau llamó a declarar revelaron que el vicealcalde les convocó a una reunión 72 horas antes de su prueba testifical para indicarles qué debían decir ante el juez.

El juez investiga si el Patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), pagó al Instituto Nóos del duque de Palma 4,5 millones de euros de manera irregular por servicios para las tres ediciones del Valencia Summit. Dos de los trabajadores de ese patronato confirmaron esas reuniones: Gabriela Sales Escrivá, a la que el juez interrogó por esas cuestiones y el propio Director-Gerente, José Salinas Novella. Salinas aseguró que el objetivo “oficial” de ese encuentro había sido “revisar las actas” de adjudicación de contratos a la empresa de Iñaki Urdangarin.

“Por lo tanto –remata el escrito de la abogada López-Negrete— toda la responsabilidad respecto a la elaboración, desarrollo y del mismo, debe recaer en la figura del Presidente que es quien tiene encomendada la gestión de la Fundación. Por lo que, deben ser responsabilidad del Sr. Grau todas las consecuencias penales del desvío de los fondos públicos del Ayuntamiento de Valencia hacia el Instituto Nóos fruto del pago del canon y de los gastos”.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba