POLÉMICO ANTEPROYECTO

Gallardón obligó a Interior a reescribir ocho veces la 'ley mordaza'

Altos cargos del equipo de Fernández Díaz reconocen que el Ministerio de Justicia echó para atrás hasta siete borradores del anteproyecto hasta admitir el que llegó al Consejo de Ministros. También realizaron moficiaciones Hacienda, Industria, Empleo y Sanidad.

Gallardón y Fernández Díaz comparecen juntos el día que se conoció el fallo de Estrasburgo contra la doctrina Parot.
Gallardón y Fernández Díaz comparecen juntos el día que se conoció el fallo de Estrasburgo contra la doctrina Parot. EFE

Una, dos, tres... hasta ocho veces. Altos cargos del Ministerio del Interior reconocieron este viernes a este diario que el titular de la cartera de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, echó para atrás en los últimos días hasta siete borradores de la Ley de Seguridad Ciudadana que le había remitido su compañero de gobierno Jorge Fernández Díaz. El último texto, el octavo, muy suavizado respecto al primero que salió a la luz la semana pasada, fue el que finalmente se presentó este viernes para su primera lectura en el Consejo de Ministros. La ya bautizada popularmente como 'ley mordaza' inicia así un largo periplo hasta su aprobación final por el Congreso, algo que no se espera que se produzca antes del verano de 2014.

Justicia alertó de que las limitaciones al tránsito de personas por la vía públida violaban un artículo de la Carta de Derechos Humanos de Estrasburgo 

Los altos cargos de Interior quitan importancia a las numerosas modificaciones realizadas por Justicia y aseguran que es algo "habitual" en cualquier proyecto de estas características. Sin embargo, admiten que el equipo de Ruiz-Gallardón hizo "muchas observaciones" al texto inicial propuesto y a los seis que elaboraron después, y que "prácticamente todas han sido incorporadas" al texto. De hecho, destacan que el texto que finalmente se presentó en Moncloa había sufrido modificaciones "hasta pocas horas antes de que se iniciara el Consejo de Ministros". En concreto, el Ministerio de Justicia fue especialmente duro con el contenido del capítulo 3 de la ley, el referido a las "potestades de policía preventiva", donde el equipo de Gallardón ha incluido cambios "garantistas" de los derechos de los ciudadanos en los artículos dedicados a la identificación, según detallaron estas fuentes.

En este mismo capítulo, Justicia también ha forzado la inclusión de cambios significativos en el capítulo dedicado a la "restricciones del tránsito y controles en las vías públicas" ante el convencimiento de que la redacción inicial violaba un artículo de la Carta de Derechos Humanos de Estrasburgo. El equipo de Gallardón, incluso, tuvo que solicitar la exención de las personas que sufren transtornos mentales como responsables de la infracciones, algo que el equipo de Fernández Díaz había 'olvidado' incluir al redactar el capítulo quinto del anteproyecto.

No fue éste, sin embargo, el único 'descuido' que tuvo que corregir Interior a instancias de Justicia. También se vio obligado a matizar que, aunque los padres deben responder de los daños causados por los menores a su cargo, no es legal que lo hagan de las sanciones que éstos pudieran recibir por sus infracciones. "Éstas son personales", reconocen ahora desde el equipo de Fernández Díaz. También admiten que el fichero de infractores ha tenido que ser "redefinido" por las indicaciones del equipo de Gallardón. Éste es, de hecho, uno de los puntos más polémicos del texto ya que permite a la Policía tener 'fichadas' a todas las personas que sean sancionadas para saber si reinciden y agravarles las multas, pese a que sus acciones no sean consideradas delito.

Y Hacienda, Empleo,...

Aunque el de Justicia ha sido el ministerio que más correcciones y de más calado ha hecho al proyecto, no ha sido el único departamento que ha hecho "aportaciones", como le gusta llamarlas a Interior. Así, el Ministerio de Empleo hizo modificar el punto dedicado a la sanción del ejercicio de la prostitución en lugares públicos próximos a centros escolares o que pongan en peligro la seguridad vial. El departamento de Fátima Báñez hizo valer su opinión de que se debería incluir una salvedad para no sancionar a aquellas meretrices que fueran víctimas de la trata de seres humanos. De hacerlo, reconocen ahora en Interior, se hubiera caído en una contradicción precisamente con las leyes que pretenden erradicar la explotación sexual.

Empleo obligó a retocar los articulos que sancionan ejercer la prostitución cerca de colegios para evitar que fueran multadas las meretrices víctimas de explotación sexual

No fue el único cambio introducido por Empleo. Desde este ministerio también se hizo ver al equipo de Fernández Díaz que algunos puntos iban también contra diretrices de la Unicón Europea. A ello se sumaron las observaciones que sobre las sanciones hizo Hacienda o las que realizó el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, sobre varios aspectos relativos a las infracciones por el consumo de droga y alcohol en la calle que chocaban frontalmente con la legislación vigente. Hasta la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, integrada en Industria, corrigió partes del texto.

Pese a los numerosos retoques, desde Interior se intentaba quitar relevancia a ello y aseguraban que la elaboración del polémico anteproyecto no era fruto de una decisión reciente, sino que se venía trabajando en él desde el comienzo de la legislatura. "No hemos buscado dar una respuesta a las excarcelaciones de la 'doctrina Parot' o a las manifestaciones ante el Congreso, como nos critican mucho, sino que es una labor de meses en los que se ha consultado a numerosos colectivos", añaden. De hecho, recalcan que a los primeros a los que se les pidió propuestas fue a la Policía y la Guardia Civil, "incluidos sus representantes sindicales".

Partidos y dictámenes

Ellos, de hecho, han sido los menos críticos hasta ahora con el anteproyecto. Por contra, los partidos de la oposición han sido prácticamente unánimes en censurarlo según se iban conociendo detalles del articulado. Interior admite que con el resto de formaciones con representación parlamentaria no se ha hablado hasta ahora. "Esperamos hacerlo cuando el texto llegue al Congreso y haya que discutir enmiendas y modificaciones", se justifican. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, aún le queda un largo camino al anteproyecto.

Para empezar, el Gobierno debe obligatoriamente pasar por la Agencia de Protección de Datos para que dictamine sobre la legalidad o no del polémico fichero de sancionados. Es, recalcan, el único informe preceptivo, pese a lo cual Interior ha decidido extender las consultas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos nuevos miembros toman posesión en los próximos días, y al Consejo de Estado. Aunque el contenido de los informes que ambas instituciones emitan no son de obligado cumplimiento, desde Interior se insisten en que están dispuesto a seguir incluyendo modificaciones que "permitan a mejorar la ley".


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