El ministro no despeja las dudas sobre su futuro

Otra crisis en la cúspide de la Justicia: Gallardón no se habla con el Fiscal General del Estado

La relación entre el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado es abrupta. Casi inexistente. No se hablan y no disimulan sus fricciones. Van de choque en choque.

Gallardón exhibió ayer en el Congreso su abrumadora soledad. Comparecía a preguntas del PSOE para hablar del proyecto de reforma de la ley del aborto. Sus compañeros diputados se mostraron huidizos. Algunos aplausos leves tras su intervención. Un saludo cortés de García-Margallo. Un comentario al presidente del Gobierno, de escaño a escaño, con la vicepresidenta por medio. Esa fue su presencia pública. Un abrumador vacío en el momento en que circulan intensos rumores sobre su salida del Gobierno.

El ministro de Justicia atraviesa el peor momento desde que abandonó sobre la marcha la alcaldía de Madrid para ser nombrado ministro. Se le amontonan los problemas y se le abren nuevos frentes. Uno de ellos es el deterioro de su relación con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Apenas se hablan. Su trato es distante, oficial y frío. Hace ya tiempo que esta circunstancia ha trascendido los límites del despacho. En la familia judicial se da por hecho que esta ruptura no es de ahora y que tiene difícil solución.

Un fracaso tras otro

Parece que Ruiz-Galardón está de salida. O al menos eso es lo que se transmite entre sus compañeros de formación. No sacó adelante su prometida reforma de la Justicia, a la que pretendía devolver su independencia, lejos de la influencia de la política. No avanzó un dedo en la pretendida resolución del 'caso Faisán', posiblemente uno de los episodios más oscuros en la lucha contra ETA, que derivó finalmente en unas condenas de circunstancias a dos policías, mientras que los responsables políticos salieron de rositas. El aumento de las tasas judiciales provocó un revuelo considerable, con el malestar consiguiente en toda la familia judicial. Funcionarios, jueces y fiscales le han organizado huelgas con una rara unanimidad. Y ahora su proyecto de reforma de la ley del aborto posiblemente pase al dormir el sueño eterno en un cajón del Gobierno.

El fiscal general Eduardo Torres-Dulce no duda en lanzar dardos y críticas nada disimuladas hacia el titular de la cartera en cuanto tiene ocasión. La convivencia entre ambos está lastrada de discusiones y choques abiertos. Uno de los más recientes ha sobrevenido a causa de la investigación sobre la familia Pujol. Quería Gallardón que todas las causas referidas a la familia, dispersas ahora por diversos juzgados e instancias tanto de Madrid como de Barcelona, se centralizaran en la Audiencia Nacional. Pero sus instrucciones no han sido, hasta ahora, satisfechas. El fiscal Anticorrupción aseguró hace unos días que sería un error montar un 'macroproceso' con todos los asuntos de los Pujol ya que dificultaría las diversas investigaciones ahora en curso.

Por otra parte, el primogénito de los Pujol se iba tranquilamente a casa después de declarar este lunes ante el juez Ruz habida cuenta de que el fiscal no consideró adecuado solicitar la adopción de medidas cautelares contra el declarante. Ni siquiera la retirada del pasaporte o de la obligación de presentarse en el juzgado periódicamente. La Fiscalía no atiende las sugerencias el ministro. Se ha erigido una barrera de comunicación que trasciende ya a las decisiones judiciales.

Torres-Dulce ha criticado en los últimos tiempos tanto la dotación de medios de la Fiscalía como la iniciativa de retirar el aforamiento a jueces y fiscales y hasta la forma en que se conduce el Gobierno: "Se legisla a golpe de alarma social". Un fiscal que va por libre y un ministro que amaga con buscar la puerta de salida. Esta es la situación cuando se observa con detenimiento la cúspide de la Justicia.

Ayer se le preguntó a Gallardón insistentemente sobre su futuro. Respondió con evasivas. Pero no desmintió. Alimentó la incertidumbre a la espera de ser recibido por Rajoy. En el Ejecutivo callan. El titular de Justicia es ahora una rémora, una pieza incómoda. Hay mucha gente en su partido que está deseando su marcha. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría no congenia con él y la secretaria general del PP, Dolores Cospedal, tampoco lo aprecia en demasía. Y su fiscal general, un cargo fundamental en la gestión del funcionamiento de la maquinaria de la Justicia, todo lo que tiene que decir cuando le preguntan por la dimisión de su 'jefe' es que se trata de una decisión estrictamente personal y que por supuesto 'la respetará'.


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