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Los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana aumentaron un 400% en los últimos años

La oposición a Alberto Fabra denuncia que éstos han pasado de 17 a 70 en poco tiempo. La auditoría interna de FGV, con una deuda de 1.000 millones, plantea recortar altos cargos para ahorrar 10 millones. La gerente no se rebajó el sueldo, como le pidió el Gobierno regional. 

El ex presidente valenciano Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, inauguran un convoy de FGV en julio de 2011.
El ex presidente valenciano Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, inauguran un convoy de FGV en julio de 2011.

La práctica siempre es la misma: el Gobierno de turno reproduce e inventa cargos directivos de las compañías públicas, multiplica los tentáculos del organigrama y, finalmente, cuando la deuda se hace inasumible y toca reducirla, plantea un expediente de regulación de empleo para la plantilla, mucho más costoso e ineficaz que un ERE dirigido a la cúpula de la empresa. Ha ocurrido en Renfe pero también en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que administra del metro de Valencia o el tranvía de Alicante. La oposición y una auditoría interna han retratado la gestión de FGV por parte del Gobierno del popularAlberto Fabra y de su predecesor, Francisco Camps.

Como han denunciado en Las Cortes las formaciones Compromís y EUPV (marca de IU en esta comunidad), en pocos años los directivos de FGV han pasado de 17 a 70, un 400% más. En el mismo tiempo, los trabajadores de la compañía pasaron de 1.300 a 1.700, un 25% más, pero la red ferroviaria valenciana se amplió sobremanera en la última década. Uno no tiene más que visitar la web de Ferrocarrils y buscar el Consejo de Administración y el Organigrama para comprobar el abultado número de dirigentes. Y eso que la mayoría de los cargos ni aparecen, disueltos en puestos de responsabilidad dentro del convenio de la empresa. Una práctica que calca Renfe a la perfección.  

El desorbitado incremento de directivos en FGV lo ilustró un Plan de Viabilidad elaborado por la consultora Improven y publicado la semana pasada por el diario Levante- EMV. Según esta auditoría interna, el Gobierno valenciano debe emprender la reducción de mandos intermedios y la centralización de servicios del TRAM en Valencia. Todo esto costaría algo más de dos millones de euros y supondría un ahorro de 10 millones. “Algunas áreas pueden estar sobrevaloradas”, reza el informe. “Se han identificado algunos departamentos como sistemas, atención al cliente y dirección económica, que no son claves para el negocio, con una elevada carga salarial”.

La gerente de FGV cobró un sueldo de 72.000 euros en 2011 pese a que el Gobierno de Fabra le pidió que se lo recortase.

Como ha denunciado el Partido Socialista del País Valencià, “hace dos años, el sueldo de los altos directivos de la empresa era más alto que el del presidente del Gobierno”. Hace poco trascendió una polémica relacionada con la gerente de FGV, Marisa Gracia, al conocerse que ganó 72.000 euros en 2011 pese a que la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig le pidió que cobrase lo mismo que un director general (55.000 euros). Gracia dimitió el pasado 31 de octubre. 

Entretanto, el PP plantea un ERE que afectará a la plantilla, pese a que, según la auditoría, el margen de ahorro con esta operación es mínimo a causa de las indemnizaciones a abonar. Un escándalo más asuela a la Comunidad Valenciana, en la que se atisba un cambio de color político en el horizonte tras dos décadas de poder absoluto del PP. 


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