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Varapalo a Mas: la justicia tumba la privatización del servicio de Aigües Ter Llobregat

El proceso de externalización, ideado por el actual gobierno catalán, queda en suspenso, manteniendo el litigio entre Acciona y Aguas de Barcelona por hacerse con el contrato.

El presidente catalán, Artur Mas
El presidente catalán, Artur Mas Efe

Duro varapalo para el Gobierno de Artur Mas al final de su legislatura y a tres meses de las próximas elecciones autonómicas. Ahora que el ejecutivo del presidente nacionalista es firme partidario de la independencia con los nuevos tres consellers de Convergència Democràtica (CDC) nombrados por Mas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el acuerdo de adjudicación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta a través Aigües Ter Llobregat (ATLL), la mayor privatización acometida por la Generalitat, según la primera sentencia sobre el fondo de un litigio que dura ya casi tres años y por la que pugnaban las empresas Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar) –controlada por la francesa Suez Environnement-.

Según el fallo, el tribunal considera que la anulación de la oferta de Acciona que emitió el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (Oarcc) pocos días después de que se formalizase el contrato de adjudicación "debe extenderse al conjunto del procedimiento de contratación".

El tribunal considera que la anulación de la oferta de Acciona que emitió el OARCC "debe extenderse al conjunto del procedimiento de contratación"

El motivo de la anulación no es el que señalaba el Oarcc -un organismo público de la Generalitat para resolver conflictos sobre contratos públicos creado por mandado de la UE-, respecto a la obligatoriedad del orden y secuencia del calendario de obras, sino que precisamente el TSJC considera que hubo una contradicción en los términos en que se planteó el concurso respecto a este tema, y por tanto se produjo una "infracción de los principios de publicidad y concurrencia" antes de que los grupos que pujaban por la concesión, uno liderado por Acciona y otro por Agbar, presentasen sus ofertas, según las fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli en Barcelona.

Esta sentencia llega después de que a comienzos del pasado mes de mayo, el mismo TSJC duera un plazo de tres meses al gobierno catalán de Artur Mas para que como "medida cautelar" ejecute la resolución de enero del 2013 que excluye a Acciona del concurso para gestionar Aigües Ter-Llobregat. Entonces, el alto tribunal catalán pedía en un auto que antes del vencimiento del plazo la Generalitat remita "información suficiente sobre la resolución adoptada y su ejecución".

Agbar impugnó la adjudicación de la Generalitat a Acciona

La empresa Aguas de Barcelona, que competía en el concurso para la gestión de ATLL e impugnó el resultado, solicitó amparo del TSJC para que ordenase a la Generalitat la ejecución de la decisión de su propio organismo, el Oarcc, de hace dos años, tal y como pedían diversas sentencias del TSJC y del Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas por este diario en Agbar precisaron hace poco más de un mes que la resolución final de la Generalitat sobre la ejecución "deberá dictarse en el marco de la necesaria liquidación del contrato anulado y de la también necesaria restitución de las aportaciones de las partes realizadas sobre la base del mismo".

Por su parte, desde el ejecutivo catalán gobernado entonces por CiU antes de la fractura de la federación nacionalista, aseguraron que se constituyó la Mesa de Contratación para decidir cómo aplicar la resolución del Oarcc, y que este plazo de tres meses fijado por el TSJC como medida cautelar "entra dentro del calendario previsto". Además, entendía que el tribunal sostiene que se ha desestimado la petición de Agbar, que pedía que se le adjudicara directamente la gestión de esta empresa pública.

Acciona aseguró el pasado mes de mayo que "el TSJC ratifica la absoluta vigencia y validez del contrato, ya que reconoce que tiene que haber una sentencia firme sobre la Resolución del Oarcc para que esta lleve consigo la nulidad del contrato de adjudicación". Cabe recordar que el Gobierno de Artur Mas adjudicó al consorcio liderado por Acciona en diciembre del 2012 para gestionar ATLL durante 50 años.

Los primeros informes técnicos afirmaban que ni Acciona ni la perdedora del concurso, Agbar, debían hacerse cargo de ATLL

Agbar llevó el conflicto hasta las autoridades de Bruselas

El conflicto por Aigües Ter Llobregat se internacionalizó cuando Aguas de Barcelona presentó el pasado mes de marzo ante la Secretaría General de la Comisión Europea una denuncia contra la Generalitat por "vulneración del derecho comunitario en materia de contratos públicos". La empresa, que impugnó el concurso por el que Acciona se adjudicó la gestión de esta firma en el 2012, considera que el ejecutivo catalán ha incurrido en el "incumplimiento sistemático" de "resoluciones judiciales que le obligan a excluir" a la ganadora de la licitación de la gestión de ATLL. En su opinión, la denuncia debe derivar en "un expediente de verificación" que puede culminar con sentencia en contra y sanción. El Reino de España es el que debe responder de todo ello, al ir dirigido a un ente de rango inferior a un estado, como una autonomía.

El Oarcc avaló la impugnación del concurso en enero del 2013, a instancias de Agbar. Desde entonces, se ha mantenido un conflicto judicial con seis autos del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña y tres sentencias del Tribunal Supremo que dejan en el aire el resultado de la licitación.

El gobierno de la Generalitat catalana ha defendido esperar a que los jueces fallen sobre el fondo del asunto, algo que ha ocurrido este miércoles. El conseller de Territori, Santi Vila, decidió convocar de nuevo a la mesa de contratación para decidir si repetir el concurso o qué hacer. Los primeros informes técnicos recibidos avalaban el resultado y, en todo caso, afirmaban que, dando por válidas las tesis del Oarcc, ni Acciona ni la perdedora del concurso, Agbar, debían hacerse cargo de ATLL.


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