POLÉMICA EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Protección de Datos investiga a Interior por 12 años de anomalías en la vídeovigilancia de las cárceles

La Agencia encargada de velar por la confidencialidad de la información que Administración y empresas poseen de los ciudadanos inicia un "procedimiento de declaración de infracción" tras destapar el sindicato de funcionarios ACAIP irregularidades en el uso de las cámaras.

Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, el día de su jura ante el ministro del Interior.
Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, el día de su jura ante el ministro del Interior. MINISTERIO DEL INTERIOR

Nuevo polémica en el Ministerio del Interior. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo encargado de velar por la confidencialidad de la información que instituciones públicas y empresas poseen de los ciudadanos, ha iniciado un procedimiento contra el departamento de Jorge Fernández Díaz al detectar la existencia de supuestas irregularidades en los circuitos cerrados de cámaras de televisión que utiliza la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que dirige Ángel Yuste para vigilar las 70 cárceles españoles. En concreto, el expediente analiza la presunta infracción del artículo 5.1 de la Ley de Protección de datos que obliga a colocar en la zonas videovigiladas distintivos informativos ubicados "en lugar suficientemente visible" y a tener a disposición de las personas que pudieran resultar grabadas impresos con la información relacionada con sus derechos en este sentido. Las pesquisas, iniciadas formalmente el pasado 30 de septiembre, aunque desconocidas hasta ahora, son fruto de la denuncia realizada por el sindicato de Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), que en sus escritos asegura que las infracciones supuestamente cometidas por Prisiones lleva produciéndose desde hace doce años y que, además, van más allá de las que por ahora investiga la Agencia.

La investigación se inició tras denunciar funcionarios de la prisión de Valdemoro (Madrid) que se les controlaba en su trabajo nocturno con las cámaras

La investigación tiene su punto de partida en sendos escritos presentados por este sindicato el 3 y el 15 de octubre de 2013, hace ahora catorce meses, en los que se denunciaba que las cámaras de videovigilancia del Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro (Madrid) estaban siendo utilizadas no sólo para vigilar a los reclusos, sino también como "sistema de control de la actividad laboral de los funcionarios que efectúan las rondas de vigilancia nocturnas". Según se detalla en aquella denuncia, recogida en el expediente de Protección de Datos al que ha tenido acceso Vozpópuli, las imágenes registradas de los trabajadores eran "grabadas en un pendrive que es entregado a la Dirección [centro]". "Reseñas de las grabaciones se contienen en anotación en el Libro Oficial de Incidencias" de la cárcel, destacaba ACAIP que ya entonces apuntaba que en el Registro General de Protección de Datos, dependiente de la agencia, no existía a esa fecha "ningún fichero de videovigilancia del centro penitenciario denunciado".

Con dichos escritos en la mano, la Agencia solicitó a Institución Penitencias información sobre los hechos denunciados. Prisiones no respondió hasta abril de 2014 con un escrito en el que además de detallar que el sistema de videovigilancia de esta cárcel madrileña constaba de 194 cámaras, también reconocía que no existían carteles informativos, aunque justificaba dicha irregularidad en "la naturaleza y finalidad de dicho sistema de contribuir a garantizar la seguridad del centro y la custodia de detenidos, presos y penados". En dicha respuesta, se reconocía que las imágenes se grababan en un disco duro y que las mismas se conservaban "unos días". "El tiempo promedio de almacenamiento de las grabaciones es de unos 9 días, que pueden aumentar o disminuir dependiente de la resolución de las imágenes grabadas", detallaba. Interior rechazaba que las cámaras se utilizaran para controlar el trabajo de los funcionarios porque "existen otros mecanismo de control" e insistía que su único fin era garantizar la seguridad de los funcionarios ante un hipotético incidente con reclusos. A pesar de que aseguraba que hasta este momento nunca había "conocido ninguna queja por parte de los funcionarios", a continuación admitía haber recibido escritos de varios de ellos por la captación de imágenes de ellos durante el servicio nocturno en los que solicitaban el derecho de acceso y cancelación de las mismas.

Prisas por crear el fichero

Sobre la falta de los carteles identificativos, Instituciones Penitenciarias insistía que los funcionarios de nuevo ingreso recibían "formación sobre le manejo, finalidad y operatividad de estos sistemas [de videovigilancia]" y que, por eso, no había dotado a las cárceles ni de dichas inscripciones de advertencia ni de los impresos con la información que fija la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es por ello, por lo que la Agencia concluye que "los hechos expuestos" suponen en principio una infracción y ordenaba el pasado 30 de septiembre el inicio del procedimiento contra el Ministerio del Interior que deberá estar concluido antes del próximo 30 de marzo. Sin embargo, la investigación no incluye la parte de denuncia referida a la falta de inscripción del fichero donde se guardan las imágenes porque, como recoge el documento de Protección de Datos, Prisiones se apresuró hace sólo unos meses, cuando la denuncia ya se había presentado, a iniciar los trámites de inscripción ante la agencia. El pasado 5 de diciembre, el BOE publicaba su creación. Fuentes de la Agencia declinaron comentar a este diario dicha circunstancia ya que "no se informa sobre procedimientos en curso de los que no hay resolución final".

Prisiones se apresuró a registrar ante la Agencia el fichero de imágenes tras conocer la denuncia. No obstante, sólo recoge las grabaciones en zonas de tránsito de visitas

Sin embargo, desde ACAIP se destaca que la medida adoptada por el organismo es sólo "un parche que se queda en lo anecdótico y que se olvida de algo fundamental: durante doce años se ha estado grabando a funcionarios, presos y familiares de éstos saltándose la legalidad". En este sentido el sindicato resalta que la Ley de Protección de Datos entró en vigor en diciembre de 1999 y dio tres años a la Administración y las empresas para inscribir todos aquellos ficheros, incluidos los de videovigilancia, que tuvieran. Sin embargo, cumplido el plazo a finales de 2002, y con el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, también como responsable de las cárceles españolas, no se hizo. Tampoco durante los gobiernos socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En estos doce años, sin embargo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sí registró en la Agencia otros 41 ficheros.

"Sólo ahora, cuando lo hemos denunciado, se han apresurado a hacerlo, pero de modo parcial", insisten a este diario desde el sindicato, que resaltan que, como se recoge en el BOE, sólo incluye las imágenes que se registren en "el control de acceso y tránsito de los departamentos de acceso y comunicaciones de los establecimientos penitenciarios". Es decir, aquellos por los que transitan familiares y visitantes de los reclusos. Por ello, responsables de ACAIP anuncian a este diario su intención de recurrir la decisión de Protección de Datos de ceñir la investigación a la falta de carteles e impresos informativos, e intentar que de una vez por todas Interior registre el fichero de videovigilancia de los establecimientos penitenciarios aunque sea con doce años de retraso. "Afecta a miles de personas", recalcan.


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