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El PP tumbó nueve veces en un año la reducción de aforados que ahora propone Gallardón

Los populares rechazaron en el Congreso y en el Senado propuestas en este sentido formuladas por UPyD, Izquierda Unida y Compromís. Asimismo, el Gobierno ha negado en dos respuestas escritas que tenga intención de "quitar la protección a los integrantes del Poder Judicial y la Fiscalía, contemplada ya desde la Constitución de 1931". 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante una intervención en el Senado.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante una intervención en el Senado. EFE

¿Cortina de humo? ¿El enésimo farol? La propuesta esbozada ahora por el ministro de JusticiaAlberto Ruiz-Gallardón, consistente en pasar de 17.621 a 22 aforados en España choca con el sentido del voto de los populares en el último año de legislatura. Gallardón ha manifestado que su departamento ha incluido esta iniciativa en el texto de la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que será debatida en las Cortes. Y lo ha hecho, incluso rebajando expectativas al recalcar que tal propuesta no se puede realizar a través de ley orgánica, ya que algunos de esos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía. En el supuesto de seguir adelante, habría que reformar estas normas básicas con gran consenso, ha apuntado el ministro.

Precisamente, esa compleja reforma de la Carta Magna y otros argumentos de diversa índole han sido esgrimidos por los populares para tumbar en el Congreso y en el Senado al menos nueve iniciativas planteadas por la oposición para regular el aforamiento. El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), los dos senadores de Izquierda Unida (IU) y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han sido los más activos actuando como azote del Gobierno en esta cuestión.

En el caso de la formación de Rosa Díez, el partido que más ha atacado al Ejecutivo por este frente, presentó dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, una propuesta de resolución al debate del Estado de la Nación de 2013, una proposición no de ley y una serie de enmiendas tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno del Congreso a la ley de racionalización del sector público, donde Moncloa incluyó como anexo el aforamiento exprés de Juan Carlos I.

La primera de esas dos mociones trató sobre "propósitos del Gobierno en relación con las reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos públicos". Esta iniciativa, en la que UPyD emplazaba al Gobierno a poner fin a la figura del aforamiento, basada en una "una cierta desconfianza por parte de poder legislativo respecto de la injerencia del ejecutivo o del judicial", fue rechazada el 20 de junio de 2013 por 184 votos en contra, en su mayoría del PP (hubo 19 a favor y 98 abstenciones, principalmente del Partido Socialista).

El blindaje exprés de la figura del rey padre sirvió a UPyD y a los senadores de IU para que el Gobierno se retratara en su negativa de revisar el aforamiento

La segunda moción, todavía más reciente, de mayo de 2014, abordó "las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción política". El texto de UPyD instaba aquí al Gobierno en su sexto punto a "suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas leyes". Sin embargo, la propuesta no salió adelante por 172 votos frente a 19 (registró 123 abstenciones).

El tema del aforamiento también estuvo presente en el debate sobre el estado de la Nación de 2013. UPyD presentó una propuesta de resolución, en concreto la número 28, que reclamaba al Gobierno "impulsar las reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas leyes y que impiden que los políticos acusados de corrupción puedan ser enjuiciados por el juez natural". La formación magenta no logró que este séptimo punto de la iniciativa tuviera luz verde.

En junio de 2014, UPyD lo intentó con una proposición no de ley (PNL) relativa a la "eliminación de las exenciones a la obligación de testificar y concurrir al llamamiento judicial para declarar", un privilegio del que gozan los políticos aforados. La formación magenta demandó al Gobierno que tomara ya cartas en el asunto en un plazo de tres meses, pero los populares votaron en contra alegando que no existe tanta urgencia y que esas exenciones irán contempladas en una próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La propuesta, debatida en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso, fue rechazada por 21 votos en contra, tres votos a favor y 16 abstenciones (diputados de CiU, PNV y PSOE).

La tramitación del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público, donde el Gobierno blindó la figura del rey padre, sirvió a UPyD y a los senadores de IU para poner a prueba al Gobierno sobre la regulación del aforamiento. Las dos enmiendas (número 6 y 7) que registró al respecto el partido de Rosa Díez se toparon con la mayoría del PP en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja (23 votos en contra, uno a favor y 16 abstenciones). Lo mismo ocurrió cuando el debate pasó al Pleno del Congreso. La enmienda de la formación magenta que pedía abolir de golpe más de 9.000 aforados obtuvo 183 votos en contra, 18 a favor y 121 abstenciones.

Por su parte, los parlamentarios de Izquierda Unida en el Senado, Jesús Iglesias y José Manuel Mariscal, defendieron una enmienda de adición (la número 10) al mismo texto normativo, donde instaban al Gobierno a presentar "en el plazo de seis meses los proyectos de ley y las reformas normativas necesarias para limitar el número de aforamientos a los reconocidos en los Estados de nuestro ámbito y permitir que al inicio de su función los aforados puedan renunciar al mismo". Los populares tumbaron esta propuesta en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta con 16 votos en contra (hubo tres a favor y 6 abstenciones). La misma enmienda también recibió el rechazo del Pleno del Senado por 149 votos negativos (procedentes en su mayoría de la bancada popular) frente a 5 favorables y 77 abstenciones.

Una impunidad que causa indignación

Un último ejemplo lo protagoniza Compromís. Su diputado nacional, Joan Baldoví, presentó el pasado julio una moción "sobre el incremento de espacios de impunidad en el ámbito de la Administración de Justicia frente a las políticas de restricción de libertades". En esta iniciativa, criticó a Gallardón que "cuando hay un clamor para revisar que seamos el país democrático con más aforados del mundo --más de 10.000-- a usted se le ocurre incrementar el número de aforados, no sea que haya más jueces Castro por ahí, en los juzgados de Instrucción y don Juan Carlos acabe imputado, como parece que pasará hoy con su hija". La iniciativa tuvo el respaldo de UPyD por reclamar una reducción del número de aforados y también del PSOE. Sin embargo, no salió adelante por el rodillo del PP (174 votos en contra, 132 a favor y 18 abstenciones).

Además, existen dos recientes respuestas parlamentarias del Gobierno a sendas preguntas escritas de UPyD que ponen en evidencia el afán reformista que muestra ahora el ministro de Justicia. En la entrevista concedida a El País, Gallardón aboga por dejar en 22 los 17.621 aforados --sin contar a las fuerzas y cuerpos de seguridad-- que hay en España, incluyendo aquí "todos los políticos de ámbito nacional, autonómico, el total de los miembros de los órganos judicial y fiscal, y los jueces de paz, que son 7.685". Sin embargo, esta pretensión de Gallardón cae por su propio peso si se tiene en cuenta que el Ejecutivo respondió en junio a UPyD que "este Gobierno no tiene intención de quitar la protección (del aforamiento) a los integrantes del Poder Judicial y la Fiscalía, contemplada desde ya la Constitución de 1931".


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