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Pedraz concluye la investigación de Afinsa ocho años después de la estafa

El juez de la Audiencia Nacional ha concluido la investigación de la estafa filatélica Afinsa ocho años después de que fuera intervenida judicialmente, y en la que están procesados 14 de sus responsables por crear un agujero de casi 2.000 millones.

El juez Santiago Pedraz
El juez Santiago Pedraz Archivo

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido finalmente la investigación de la estafa de la filatélica Afinsa ocho años después de que fuera intervenida judicialmente, y en la que están procesados 14 de sus máximos responsables por crear un agujero de casi 2.000 millones.

Pedraz ha dictado un auto en el que da por finalizado el sumario y remite todas las actuaciones realizadas a la sección primera de la sala de lo penal, que será la encargada de celebrar el juicio contra el expresidente Juan Antonio Cano y los ejecutivos y miembros del consejo de administración Albertino y Carlos de Figueiredo, Vicente Martín o Emilio Ballester, entre otros.

La pasada semana, la sección tercera desestimó los recursos presentados por los catorce acusados y avaló la decisión que Pedraz tomó hace más de un año de procesarles por delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Y lo hacía "aun admitiendo la endeblez de algunos indicios en que se sustenta la imputación de algunos recurrentes -endebles, pero indicios-", pero consideraba que la "la depuración última" de su trascendencia penal debía decidirse en el juicio.

Culmina una investigación que se inició en abril de 2006 con la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción y que llevó a la intervención judicial de la sociedad

Con ello, culmina una investigación que se inició en abril de 2006 con la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción y que llevó a la intervención judicial de la sociedad y también la de Fórum el 9 de mayo de ese año. La estafa de Afinsa, según cálculos de Pedraz, afectó a 190.022 pequeños ahorradores, que invirtieron en sellos, generalmente a partir de 300 euros (366 dólares), con la promesa de que se revalorizarían al menos un 6 % por ciento anual.

La operativa pidamidal de Afinsa

Según detallaba Pedraz en el auto de procesamiento, que dictó en julio de 2013, la cúpula de Afinsa desarrolló una operativa piramidal de negocio "ruinoso e inviable" y, a costa de su creciente déficit patrimonial, incrementaron de forma continua sus ventas entre 1998 y 2006, lo cual les permitió mantener el negocio. "La apariencia empresarial era de una actividad lícita" de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora -Afinsa- y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador.

"Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir 'ad infinitum' esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudieran ser utilizadas para alimentar tal dinámica", decía el juez.

Ello determinó que a 21 de abril de 2006, cuando Anticorrupción presentó la querella que dio origen al procedimiento, Afinsa se encontrase en una situación de "absoluta insolvencia, conocida por los responsables de la compañía, que además se esforzaron en ocultar para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio".

Paralelamente a la investigación penal, el Juzgado de lo Mercantil número 6 tramitaba el concurso de la sociedad, que calificó como culpable el pasado octubre y condenó a Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Martín Peña a 15 años de inhabilitación para administrar bienes y a restituir el agujero ocasionado.

En una nota de prensa, Adicae ha exigido a la Audiencia Nacional señale el juicio "de manera inminente" y al Gobierno que ejecute la Proposición no de Ley aprobada el pasado miércoles por el Congreso que le instaba a valorar la situación de los afectados y a considerar la opción de que el ICO sirva para compensarles, tal y como planteó la asociación.


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