Publicado: 05/08/2015 14:47
El Ayuntamiento de Barcelona ofrecerá a los propietarios de los 330 apartamentos turísticos ilegales de Ciutat Vella que han sido sancionados con una multa de 15.000 euros de media, que cedan el piso durante tres años para alquiler social de emergencia, ante lo que les condonarían el 80% de su deuda.
El alcalde en funciones de Barcelona, Gerardo Pisarello, y la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, han anunciado este miércoles en rueda de prensa una batería de medidas que impulsa el consistorio barcelonés para superar el "desgobierno" que creen que han heredado del mandato de Xavier Trias (CiU) en el modelo turístico y evitar que Barcelona se convierta en la cuna de una "nueva burbuja especulativa".
Como prueba piloto, centrada por ahora en el distrito de Ciutat Vella, el consistorio ofrecerá a partir de septiembre a los propietarios de los 330 apartamentos turísticos ilegales expedientados que los cedan, al menos durante tres años, a la Mesa de Emergencia Social del Consorcio de la Vivienda, para que sean adjudicados en alquiler a familias en situación de emergencia social.
La prueba piloto se centra por ahora en 330 casos cuyo procedimiento de multa ya se ha completado
Gala Pin ha recordado que en Ciutat Vella se producen actualmente unos 250 desalojos mensuales de media, por lo que cree que esta medida podría revertir en beneficio de las personas más desfavorecidas y a la vez combatir la proliferación de apartamentos turísticos.
El consistorio empezará a notificar inmediatamente, hasta el próximo 15 de septiembre, a los propietarios de los apartamentos ilegales susceptibles de participar en esta prueba piloto los detalles de la iniciativa. Pese a que la cifra de apartamentos ilegales en Ciutat Vella a los que se ha abierto un expediente sancionador -con multas que pueden llegar a los 90.000 euros- es más elevada, la prueba piloto se centra por ahora en los 330 casos en los que el procedimiento de multa ya ha sido completado.
Mínimos de habitabilidad
El consistorio se compromete a devolver la vivienda en perfectas condiciones y que los pisos cumplan con los mínimos de habitabilidad. Si el dueño del apartamento turístico paga inmediatamente el 20% de la multa pendiente -unos 3.000 euros-, durante los tres años sería él quien cobraría el alquiler social. De lo contrario, el dinero lo ingresaría el Ayuntamiento.
Al finalizar los tres años, si no se ha saldado totalmente el 20% de la multa, el dueño tiene dos opciones: pagar el importe pendiente o prolongar el alquiler social durante el tiempo necesario para amortizar el total del dinero que aún adeude.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Barcelona también tiene previsto multar a partir de septiembre a las plataformas digitales que ofrezcan alojamiento turístico en la capital catalana, como Airbnb o Booking, que concentran el 80% de la oferta- si mantienen en oferta apartamentos que no estén registrados oficialmente para uso turístico.
Colau pondrá en marcha un proyecto para que los turistas que contraten un piso ilegal sin saberlo delaten a los propietarios
El consistorio emplazará de forma inmediata a las plataformas digitales, para que faciliten los datos identificativos de las personas que ponen en alquiler viviendas turísticas a través de estos servicios, para comprobar si están registradas por la Generalitat para uso turístico.
Retirada de las webs
Con los datos obtenidos, el consistorio requerirá a las plataformas para que retiren de sus webs los alojamientos ilegales y, en caso de no atender la petición, a partir de septiembre les sancionarán con una multa para cada una de las viviendas que ofrezcan sin el número de registro de la Generalitat, amparándose en la Ley de Turismo de Cataluña, vigente desde 2002, que establece sanciones de entre 3.000, 30.000 y 600.000 euros.
Si las plataformas no ceden los datos al Ayuntamiento sobre los apartamentos que ofertan sin permiso, iniciarán una investigación interna y también les multarían, según ha aclarado Gala Pin. El consistorio también emprenderá como prueba piloto una campaña para que los turistas que han contratado sin saberlo un apartamento ilegal delaten a los propietarios denunciándolos al 092, a cualquier comisaría del distrito, en la sede municipal de Ciutat Vella o llenando un formulario que se les entregará en el marco de una campaña de concienciación.
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