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Ada Colau retira la acusación del Ayuntamiento contra dos estudiantes detenidos en la huelga general de 2012

El Ayuntamiento de Barcelona se aparta así de la acusación al "escuchar las muestras de apoyo a los dos estudiantes de Ciencias manifestadas tanto por las administraciones públicas como por las entidades sociales".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE

Tras un primer día en el que la nueva alcaldesa de Barcelona paralizó un desahucioAda Colau dado orden de retirar la acusación por parte del Ayuntamiento contra los estudiantes universitarios Dani Ayyash e Ismael Benito, detenidos a raíz de los incidentes registrados durante la huelga general del 29M de 2012. Según informa el consistorio en una nota de prensa, la alcaldesa ha dado instrucciones a los servicios jurídicos municipales para retirar los cargos contra los estudiantes de la Facultad de Física de la UB y desistir de la acusación penal que pesa sobre ellos desde que fueron detenidos durante la huelga general del 29 de Marzo de 2012.

El ayuntamiento señala como motivos para retirarse de la acusación que "de los hechos no se desprende una autoría clara"

El Ayuntamiento de Barcelona se aparta así de la acusación, y lo hace, según Colau, al "escuchar las muestras de apoyo a los dos estudiantes de Ciencias manifestadas tanto por las administraciones públicas como por las entidades sociales". El Ayuntamiento de Barcelona se ampara así en la posibilidad legal que ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal de apartarse de esta acusación, y se reserva la acción en relación con la posible responsabilidad civil de los hechos, que siempre podrá ejercer con posterioridad en caso de que prosperen las tesis de la Fiscalía.

En la nota, el ayuntamiento señala como motivos para retirarse de la acusación que "de los hechos no se desprende una autoría clara" y que los estudiantes se declaran "rotundamente inocentes" y no han aceptado en ningún momento negociar la conformidad. Además, el Ayuntamiento de Barcelona, que recuerda que su papel es el de velar por la cohesión social, considera que la pena a que se enfrentan -superior a los 8 años de prisión- "en ningún caso cumplirá una función de resocialización" porque "se trata de unos jóvenes que tienen una vida desarrollada con absoluta normalidad y se les aplica la pena más grave, una pena que el ordenamiento jurídico reserva para otras conductas que no son las de este caso".

También argumenta que los hechos tuvieron lugar el 29 de marzo de 2012 y que "el alargamiento en el tiempo del proceso ha sido una carga que ha impedido el libre desarrollo de la personalidad y la vida a dos estudiantes universitarios plenamente integrados en la sociedad".


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