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Fomento mantiene a la AESA en un local por el que paga 3,7 millones al año

La Agencia Española de Seguridad Aérea fue trasladada desde el Ministerio de Fomento a su actual sede en el centro comercial Moda Shopping en Madrid, donde paga un alquiler de 3,7 millones de euros al año. Los trabajadores afectados denuncian que mientras se aplican recortes no se optimice el gasto. 

Los recortes en seguridad contrastan con estos gastos por alquiler
Los recortes en seguridad contrastan con estos gastos por alquiler Agencias

Los trabajadores de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) llevan tiempo protestando porque, mientras el Gobierno aplica importantes recortes a sus condiciones laborales y apenas convoca plazas de funcionario para sobrellevar la tarea del organismo, Fomento gasta cada año unos 3,7 millones de euros en el alquiler de la sede en Madrid, un desembolso 'evitable' a su juicio ya que existirían oficinas libres hasta en el propio ministerio y en otros edificios públicos de la capital.  

El senador Narvay Quintero volvió a poner de actualidad el problema de los trabajadores con una pregunta sobre el motivo del traslado y el coste, que fue contestada con evasivas

En julio de 2011 la AESA trasladó su sede desde el edificio del Ministerio de Fomento en el madrileño Paseo de la Castellana -donde no pagaba alquiler- hasta el Centro Comercial Moda Shopping, un edificio de la Fundación Mapfre. Los propios trabajadores enviaron una carta a la ministra de Fomento y al presidente de la agencia para mostrar su descontento con la medida, ya que "el despilfarro de estos 3,7 millones de euros de dinero público, del que los trabajadores de AESA no tienen la culpa, contribuyen al déficit público, y por ende, a la subida de la prima de riesgo y bajada de sueldo de los funcionarios que no deben sufrir mientras existan gastos innecesarios que puedan evitarse", decían. 

Meses después de aquella medida, en concreto el pasado 19 de noviembre, el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Fomento, Narvay Quintero -senador de Coalición Canaria- preguntaba de nuevo al Gobierno por este asunto, solicitando las razones para aquel traslado, el coste anual de las oficinas y si se estaría replanteando reubicarlas de nuevo en Fomento o en otro edificio público donde no se pague alquiler. 

La respuesta del Ejecutivo fue bastante poco clarificadora, sin especificar cuál es el coste del alquiler, para el que remiten a la memoria de la AESA para averiguarlo, y explicando que la necesidad de trasladar las oficinas se debió a "la creciente dotación de recursos humanos y a la conveniencia de contar con espacios acordes con su nuevo régimen de actividad". Sin embargo, desde Fomento sí aseguran estar buscando una nueva ubicación para la agencia. 

Estimaciones del coste económico extraído de la memoria de AESA: 

Fuentes consultadas por Vozpópuli explican que el problema del alquiler de la sede esconde además otro por las condiciones de los trabajadores. En su creación en 2008 la AESA se dotó de personal heredado de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), personal que se vio insuficiente para hacer frente a las tareas asignadas. A partir de ahí, el incremento de plantilla se ha hecho especialmente a base de aumentar asistencias técnicas. "El problema es que se ha contratado a empresas externas de expertos para trabajar bajo el mismo techo y con la misma subordinación y tareas. El personal funcionario apenas se ha incrementado por las paupérrimas ofertas de empleo público y el personal laboral no se ha tocado. Además el personal de asistencias trabaja 'empotrado' con el personal funcionario y laboral, codo a codo, lo que podría dar lugar incluso a un imcumplimiento de la ley", explica una fuente de los trabajadores que prefiere mantener su anonimato. 

Según fuentes sindicales, actualmente ocupan las instalaciones del Moda Shopping 392 empleados públicos y 272 de asistencias técnicas, de los que más de la mitad son de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (SENASA), de donde también proviene Isabel Maestre, actual directora de la AESA mediante un contrato de alta dirección. Las previsiones para 2014 hablan de un aumento de casi el doble del presupuesto para asistencias técnicas: 9.479.100 euros, unos 150 empleados más. También habría un incremendo de 2 millones para empleados públicos, aunque los trabajadores dudan que finalmente se asigne mayor oferta de empleo público. Estas fuentes apuntan a que un empleado de asistencia técnica cuesta tres veces más que el equivalente de empleado público sólo en sueldo. 

Los trabajadores explican que el problema está en la contratación de empleados de asistencia técnica, cuyo número, funciones y coste dificulta un nuevo traslado por parte de Fomento

"El problema es que el ministerio no va a aceptar personal que no cumpla escrupulosamente la normativa laboral, cosa que no cumple el personal de asistencia técnica al servicio de la agencia. Por tanto, en el edificio elegido para la sede -ocupado anteriormente por el extinto Ministerio de Vivienda- no hay cabida para las asistencias técnicas que trabajan bajo el techo de AESA, y menos aún para el aumento previsto de personal. Eso hace que el traslado sea inviable, pero no porque no haya opciones o porque seamos de difícil acomodo, sino por la cerrazón de la dirección a adaptar sus relaciones laborales a la legalidad, prescindiendo de las asistencias técnicas empotradas en la estructura de la agencia como otros empleados más y negándose a evolucionar hacia un uso de ellas que sea el que establece la ley; siendo contratadas para trabajos concretos y dirigido su trabajo con las estructuras empresariales propias, incluyendo organización, gestión y edificios y medios propios", explica un trabajador. 

Las quejas de los afectados se sustentan en que mientras ven cómo se les recorta el salario, pierden la paga extra o se contrata personal externo, el ministerio no optimiza el gasto en cuestiones como alquileres innecesarios, que supondrían unos 700 euros por trabajador de la agencia al mes. "Es un problema de espacio y de todo, que se originó en la época del anterior Gobierno pero que el actual no ha sabido resolver. Fomento reconoce que está buscando nuevas ubicaciones pero mientras tanto derrochamos dinero público", concluye esa fuente consultada por Vozpópuli


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