Reclaman al exalcalde de Leganés 7 millones por “mala administración”

El grupo ULEG reclamará en el próximo pleno municipal daños y perjuicios al exalcalde de Leganés Jesús Gómez (PP), y al exedil de Urbanismo Miguel Ángel Recuenco (PP), por los 7 millones de euros de sobrecoste para el Ayuntamiento tras una sentencia por la permuta de suelo público con la empresa Portfolio.

Jesús Gómez ha sido noticia en los últimos días por haber denunciado que ni Esperanza Aguirre ni el PP le hicieron caso cuando denunció que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza.

El ‘caso Porfolio’ comenzó con el PSOE y ULEG considera que durante el mandato del PP no sólo no se solucionó una grave pérdida patrimonio para el Ayuntamiento, sino que la situación fue a peor al no ejecutar la permuta, lo que supuso que el juez condenó al Ayuntamiento a pagar otros 7 millones de euros. 

Este grupo pedirá también la constitución en un plazo máximo de un mes una comisión de investigación “que aclare la razón por la que se produjo esta permuta, que fue un ‘pelotazo’ en 2005 y las circunstancias que la rodearon, citando expresamente a la misma al ex edil de Urbanismo firmante del acuerdo, el socialista Florencio Izquierdo”.

También se pedirá en el pleno del Ayuntamiento que se inste a Alcaldía y a la asesoría jurídica del Ayuntamiento a que traslade a la Fiscalía de Área Leganés-Getafe el expediente administrativo y judicial del caso “por si del mismo se derivara la comisión de algún ilícito penal”.

El portavoz del ULEG, Carlos Delgado, dijo a ese periódico que si la propuesta de comisión de investigación y de reclamar esos daños y perjuicios no sale adelante “se demostraría que PP y PSOE están matrimoniados para la corruptela”.

ULEG recuerda que los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo, así lo establece la legislación y, en concreto, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Lo que en 2005 suponía mediante un acuerdo de permuta el cambio de suelo por suelo (valorados ambos en 12 millones), se traduce 12 años después en que mientras el Ayuntamiento se tendrá que quedar con un suelo rústico (Finca Fuente de la Mora), protegido medioambientalmente, con “inquilinos”, la empresa Porfolio se va a quedar con más de 28.000 metros cuadrados edificables de uso comercial y de ocio en plena Plaza Nueva, en el Plan Parcial 3.

El Ayuntamiento se quedará gracias a este trueque unos suelos que no alcanzan un valor ni de 3 millones de euros, mientras que entrega a la empresa ‘oro’, puesto que esas parcelas en el PP3 pueden alcanzar los 30 millones de euros, según se cuantificó en su día cuando se pretendió su venta y fue frenada por un recurso judicial de ULEG.

ULEG señala que “no contentos con este acuerdo leonino, fruto del mal hacer de nuestros gobernantes municipales”, posteriormente gobernando ya el PP se produjo una sentencia judicial firme por la que se tendrán que abonar a la empresa siete millones de euros por los intereses y costas generados por no haberse materializado la permuta en 2005. 

El proceso judicial en la vía civil –explican en ULEG- comenzó durante la legislatura del PP y la sentencia de 1ª instancia fue luego ratificada por la Audiencia Provincial es de febrero de 2015 (gobierno del PP). “Un proceso judicial en el que tampoco se entiende que el PP no pusiera coto cuando son innumerables los requerimientos por la empresa para que se cumpliera el contrato de permuta para evitar acudir a la Justicia”, añaden.

El partido que preside Carlos Delgado se pregunta “¿qué intereses ocultos están detrás de una permuta donde el Ayuntamiento elige un suelo de más que discutible valor y qué intereses ocultos hay para que esa permuta no se ejecute durante años acarreando unos intereses y costas que van a suponer a los vecinos de Leganés un desembolso extra de al menos 7 millones de euros?

ULEG señala que esta situación “hace ya esencial, ineludible la puesta en marcha del mecanismo jurídico que sea preciso para que los cargos políticos causantes de desastrosas decisiones, que suponen millones de euros para las arcas públicas, respondan con su propio patrimonio”.