Internacional

La muerte de Hugo Chávez abre un escenario electoral en una Venezuela asediada por la inflación y la escasez

Tras casi tres meses de rumores sobre su precario estado de salud, la comunicación oficial de la muerte de Chávez coloca al país en la convocatoria a unas elecciones. Según la constitución, éstas deben realizarse en los próximos 30 días tras la declaración de “la falta absoluta” del presidente. Un oficialismo fuerte, pero tocado por las medidas económicas recién implantadas, tendría que acudir de nuevo a las urnas.

La muerte de Hugo Chávez abre un escenario electoral en una Venezuela asediada por la inflación y la escasez
La muerte de Hugo Chávez abre un escenario electoral en una Venezuela asediada por la inflación y la escasez

La muerte del presidente venezolano Hugo Chávez a causa de las complicaciones del cáncer que padecía sitúa al país sudamericano en un escenario electoral y con obligación de elegir a su sustituto. Casi tres meses después de que Hugo Chávez se sometiera a la cuarta operación para tratar el cáncer que se le había detectado en 2011, Venezuela vive un convulso proceso político que se mueve entre la ingobernabilidad y la campaña electoral.

Este martes, un desafiante Nicolás Maduro sacó los dientes y arremetió con un discurso que apelaba a la teoría de la conspiración: un segundo pistoletazo de partida –el primero ocurrió ya en diciembre del año pasado, con su designación como sustituto del presidente- en una carrera por el voto popular en la que el oficialismo no puede perder tiempo. Sin Chávez, el chavismo se ve obligado, hoy más que nunca, a remover emociones entre sus más fieles. El luto, sin duda, será un arma política.

Una vez muerto Hugo Chávez, ¿cuál es la ruta? Según el artículo 233 de la Constitución Venezolana aprobada en 1999, una vez producida la falta “absoluta” del presidente, la primera magistratura debe de recaer en el presidente del parlamento. Esto significa que el actual vicepresidente encargado, Nicolás Maduro, debería pasar el testigo al también oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien asumiría las riendas del Gobierno. Transcurridos 30 días desde la declaración de dicha ausencia, debe convocarse a una nueva elección cuyos contendientes más claros serían el propio Maduro y, por la oposición, Henrique Capriles Radonski como candidato de la unidad.

Según el artículo 233 de la Constitución Venezolana, el actual vicepresidente, Nicolás Maduro, debería pasar el testigo al presidente del parlamento, Diosdado Cabello

Para muchos, el chavismo está obligado a sacar la mayor rentabilidad política posible de la muerte de Chávez, y cuanto antes: la ausencia del líder carismático y la inclemencia de las medidas económicas impuestas les obligan a capitalizar el fervor de sus partidarios para la movilización electoral. El peor escenario del oficialismo es que su voto duro se quede en casa. Maduro no es Chávez, y lo sabe. De ahí el endurecimiento de su discurso en las horas previas al anuncio.  

La Venezuela post Chávez: entre la devaluación, el desabastecimiento y la fractura

Después de ser intervenido quirúrgicamente el 11 de diciembre de 2012 en La Habana, Hugo Chávez no se presentó a jurar el cargo el 10 de enero. Desde entonces, el vicepresidente -designado, puño en alto, por el propio Chávez antes de marchar a Cuba- ha permanecido como presidente encargado.

En medio de un insistente clima de rumores sobre la salud del presidente y la política informativa del Gobierno por desmentir su empeoramiento, el gobierno venezolano aplicó el 13 de febrero una devaluación que llevó el cambio del bolívar de 4.3 a 6.3 unidades por dólar, es decir, una pérdida de casi 32% en un país que desde hace diez años sufre un control cambiario. En una economía que se mueve por el valor del dólar en el mercado negro –y que vale cuatro veces lo que el oficial-, el anuncio supuso un aumento de los precios al que siguió el desabastecimiento de productos básicos.

En este concierto de medidas impopulares, el regreso de Chávez a Caracas 15 días antes de su muerte preparó el protocolo político para un chavismo que tiene como cabeza visible desde hace tres meses a Nicolás Maduro, líder sindical ligado a la facción civil del Gobierno. Él es el sucesor designado, el encargado de mantener en pie la imagen de un gobierno que debe su capital político a la movilización popular. La suya, es una unción que nadie se atreve a cuestionar. Sin embargo, Maduro ni está solo ni tiene el poder en bandeja de plata.

Diosdado Cabello disputa ahora el liderazgo a Maduro. La batalla por los hilos políticos se viene disputando desde mucho antes de la muerte de Chávez

Diosdado Cabello, actual presidente del parlamento, hombre de un marcado perfil y ascendencia militar (viene de los cuarteles y fue compañero de Chávez durante los intentos de golpe de Estado de 1992), le disputa de cerca el liderazgo a Maduro. A pesar del insistente discurso de unidad y apoyo para quien se convirtió en el candidato a suceder a Chávez, Cabello no ha perdido oportunidad para erigirse como la figura de cohesión dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), bastión del oficialismo, del que es vicepresidente primero. La batalla por los hilos políticos se viene disputando desde mucho antes de la muerte de Chávez.

En esta crisis política, en la que el régimen cubano tiene una poderosa influencia, dos hombres más han saltado a la palestra pública como rostros importantes del oficialismo: el ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Arreaza, yerno de Hugo Chávez, quien se ha erigido como portavoz de la familia, y Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela, empresa estatal explotadora de crudo que funciona como fuente inagotable de recursos para un régimen político que ha financiado la fuerte inversión social de los últimos 14 años con el dinero del petróleo.  

El régimen, de perfil

¿Qué hereda el país que sobreviene a la muerte de Chávez? Tan sólo en términos económicos: la inflación más alta del mundo; una tasa de cambio y reservas internacionales en caída libre; unas importaciones que, a pesar de haberse quintuplicado desde 2003, no logran paliar el desabastecimiento crónico (alimentos, medicinas, etc.); una producción petrolera en descenso y un endeudamiento exacerbado  —según el analista Moisés Naim, en 2007 no llegaba a 30.000 millones de dólares y hoy excede los 200.000 millones— .

A eso se suma un clima de inseguridad que azota a los venezolanos. En 2012, 21.692 personas murieron a causa del hampa y la delincuencia, es decir, una media de 60 asesinados por día, según cifras aportadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia. No existen cifras certificadas por el Gobierno porque, desde hace nueve años, rige en Venezuela la prohibición de difundir información oficial sobre la criminalidad y la violencia.

A este panorama hay que añadir un –cada vez más profundo- recorte de las libertades civiles, así como una amenaza constante a la libertad de expresión e información. Hugo Chávez cerró, hace ya siete años, Radio Caracas Televisión, la estación más antigua del país. Utilizó para ello la llamada Ley Resorte, que limitaba –y limita- el desarrollo de la prensa independiente a través de procedimientos legales y multas multimillonarias. Tan sólo en 2012, el gobierno venezolano revocó la licencia de emisión a cerca de 20 estaciones de radio críticas con el Gobierno de Hugo Chávez.

Hasta el año 2012, en Venezuela existían más de 150 presos políticos y 80 exilados, una cifra que ha descendido tras la excarcelación autorizada por el Gobierno de Hugo Chávez, entonces en plena campaña electoral, pero que sigue teniendo casos emblemáticos, entre ellos Iván Simonovis, al cual no se le concedió la libertad por motivos humanitarios, y la jueza María Lourdes Afiuni, por quien Noam Chomsky escribió una carta a Chávez criticando su detención y pidiendo su liberación.

Del otro lado de la balanza, Chávez deja un país dependiente de políticas asistencialistas basadas en el gasto público: el desempleo ha descendido del 14,5% al 7,6% a través de un sistema de programas de empleo promovidos oficialmente -y en el que es imposible contabilizar el peso de la economía informal- y un índice Gini -que mide la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres- de un 0,41%, una cifra mucho menor al de países con economías emergentes como Brasil pero que, contrastado con los niveles de violencia social, transparenta una sociedad intervenida por la mano del Estado y dependiente de los ingresos petroleros.


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