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Internacional

El juez rebaja la pena de prisión a Berlusconi de cuatro a un año por fraude fiscal

Il Cavaliere, el pasado viernes en Milan

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha sido condenado este viernes a 4 años de prisión por el Tribunal Penal de Milán por un delito de fraude fiscal en el llamado 'caso Mediaset', por el que se le ha prohibido además desempeñar un cargo público durante tres años. El juez Edoardo D'Avossa, encargado del caso, ha reducido la pena impuesta a Berlusconi a un año de prisión por la aplicación de la Ley del Indulto, una norma aprobada en 2006 para reducir el número de presos en las cárceles con la condonación de un máximo de tres años de condena para los sentenciados antes de la promulgación de la norma, según informa el diario La Stampa

Berlusconi, para el que la Fiscalía de Milán pedía una condena de tres años y ocho meses de cárcel, se era uno de los imputados por este proceso, junto a Fedele Confalonieri, presidente del grupo italiano Mediaset, la compañía audiovisual de la que es propietario el exjefe de Gobierno italiano. Este proceso se refiere a la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset entre 1994 y 1999 bajo la sospecha de un aumento artificial del precio real de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero. El considerado como "socio oculto" de Berlusconi en esta trama, el productor estadounidense de origen egipcio Frank Agrama, fue condenado por su parte a tres años de prisión, mientras que Confalonieri quedó absuelto.

Presente en el aula del Palacio de Justicia de Milán en el que se ha leído la sentencia a su defendido, uno de los abogados de Berlusconi, Niccolò Ghedini, ha rehusado hacer algún tipo de declaración sobre la condena de il Cavaliere, que el pasado miércoles anunció su renuncia a volver a presentarse a las elecciones generales de la próxima primavera. Por su parte, el exministro de Justicia y secretario político de su partido, Angelino Alfano, ha divulgado una nota en la que asegura que esta condena es la "enésima prueba de la ensañamiento judicial" llevado a cabo contra Berlusconi y ha expresado su convencimiento de que en próximas instancias (en apelación) le puedan absolver.

La adquisición de los derechos para el grupo empresarial Fininvest al que pertenece Mediaset se hizo a través de dos sociedades extranjeras, la Principal Network Communication y la Principal Network y a través de otros intermediarios, entre ellos Agrama. La Fiscalía de Milán cree que este sistema permitió a Mediaset, el grupo audiovisual italiano al que se le vendieron después esos derechos comprados a las productoras estadounidenses, inflar los costes, creando así dinero negro que evadir al fisco italiano. El fiscal Fabio De Pasquale, encargado del caso, ha asegurado en todo este tiempo que detrás de "los fondos negros" obtenidos en esas supuestas operaciones se encuentran "las huellas dactilares" de Berlusconi.

Otros juicios

El juicio, que se inició en 2006 y ha sufrido numerosas interrupciones, se reanudó en febrero de 2011 tras varios meses suspendido a la espera de que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la llamada ley del "legítimo impedimento", escudo judicial del que se sirvió Berlusconi cuando ocupaba la jefatura del Gobierno para no acudir a las audiencias y que quedó parcialmente invalidado. Este era uno de los tres procesos que Berlusconi tenía abiertos junto al del llamado caso 'Ruby', en el que está imputado por supuesto abuso de poder e incitación a la prostitución de menores, y al de la publicación de escuchas telefónicas de procedencia ilícita en el diario Il Giornale propiedad de su hermano Paolo.

En un caso similar al Mediaset, el llamado Mediatrade y desarrollado también en Milán, Berlusconi quedó libre de los cargos de fraude fiscal y apropiación indebida hace un año en la audiencia preliminar, mientras que el pasado junio fue absuelto en el proceso derivado de este caso que se llevó a cabo en Roma. Por otro lado, el pasado 25 de febrero el Tribunal de Milán declaró la prescripción del delito de corrupción en acto judicial del que estaba acusado por el caso Mills, otro de los juicios que afrontaba el ex primer ministro.

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