Internacional

Holanda pretende que los presos paguen 16 euros al día por permanecer entre rejas

Un proyecto de ley del Gobierno holandés pretende ahorrar de 65 millones de euros en investigación, persecución y juicios a los criminales del país.

La medida no afectará a los extranjeros que delincan en Holanda
La medida no afectará a los extranjeros que delincan en Holanda GTRES

A los presos holandeses se les acaba el chollo. El Ministerio de Justicia de los Países Bajos ha redactado un proyecto de ley que pretende que los reclusos de centros psiquiatricos y los padres de los menores internados por cometer algún delito paguen una tasa de 16 euros al día para cubrir los gastos judiciales. Pago que deberá hacerse efectivo en las seis semanas siguientes a su detención y que, en ningún caso, afectará a los detenidos extranjeros. La medida ha sido fruto del acuerdo entre la coalición en el poder y busca un ahorro de 65 millones de euros en investigación, persecución y juicios a los criminales del país.

El proyecto de ley, reflejado en la página web del Gobierno holandés, viene precedido por otra disposición que el ministro de Justicia y secretario de Estado quiere implantar acerca de los costes de la aplicación de la ley penal. Ivo Opstelten explica en su argumentario que la persecución de criminales deriva unos gastos que son asumidos por la sociedad y sus sentencias provocan la toma de medidas por parte del gobierno para hacerles responsables de un delito. Lo que el ministro de Justicia holandés califica de "costos sustanciales" que los delincuentes tienen que asumir.

Holanda se une de esta manera a otros países europeos como Dinamarca o Alemania que también perfilan este tipo de contribuciones por parte de los presos. Las normas se refieren a los gastos efectuados por la Policía, el Ministerio Público y el Instituto Forense de Holanda, y los costos de prueba y atención a las víctimas. Sin embargo, los condenados no pagarán todo, pero sí una parte de los gastos efectivamente realizados, en forma de una cantidad fija. La cuantía exacta variará en función de, por ejemplo, la autoridad que condene al sospechoso y será el ministro quien fijará el importe final posterior mediante un Decreto del Consejo.


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