CASO PÚNICA

El último informe de Púnica destapa pufos en uno de los ayuntamientos 'fieles' a Aguirre

La UCO entrega al juez Velasco un análisis de las "relaciones contractuales del Ayuntamiento de Brunete con Cofely España" tras interrogar a varios funcionarios y concejales del equipo de Gobierno 'popular', entre ellos el alcalde, Borja Gutiérrez, considerado afín a la lideresa.

Imagen de archivo de Esperanza Aguirre.
Imagen de archivo de Esperanza Aguirre. EFE

Nuevo varapalo judicial en el 'caso Púnica' a las filas de Esperanza Aguirre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un nuevo informe sobre las 'andanzas' de la trama de corrupción en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En este caso, el documento policial detalla la supuesta existencia de irregularidades en el frustrado proceso de adjudicación en la localidad de Brunete de un contrato a Cofely-GDF Suez, la multinacional implicada en la red de corrupción. El Instituto armado ha elaborado el documento tras intervenir el pasado mes de agosto en el consistorio diversa documentación e interrogar en los últimos meses a varios funcionarios y concejales del equipo de Gobierno, entre ellos el propio alcalde, el 'aguirrista' Borja Gutiérrez, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a éste.

La UCO acudió en agosto a recabar el expediente del frustrado concurso. Tras su estudio, tomó declaración a funcionarios del Ayuntamiento y político, entre ellos el alcalde

El documento policial entró el pasado 15 de diciembre en la Audiencia Nacional mediante el oficio número 494 de la UCO junto a un segundo referido a los supuestos pufos en la contratación pública del Ayuntamiento de Valdemoro con la empresa de festejos Waiter Music SL, según una providencia judicial a la que ha tenido acceso este diario. Fuentes cercanas a la investigación detallan, que el informe referido a Brunete analiza en profundidad la documentación sobre un concurso de eficiencia energética que estaba previsto convocar a finales de 2014 y por el que este municipio de 10.000 habitantes -situado a 28 kilómetros al Oeste de la capital- iba a gastar 8,9 millones de euros en 15 años para mejorar el alumbrado público.

Sin plan de obras

Sin embargo, la licitación finalmente no se llevó a cabo ya que la aprobación de los pliegos de la misma se suspendió en el último momento al retirarla de la orden del día de la comisión municipal en la que se les iba a dar luz verde en el otoño de aquel año. El equipo de gobierno local alegó entonces que faltaba "un documento técnico". Aquella comisión iba a tener lugar el 28 de octubre de 2014, precisamente un día después de que el juez Velasco ordenara la detención de los principales implicados en la trama. Sin embargo, desde el equipo de Borja Gutiérrez han insistido ahora a este diario que eso fue una casualidad y que, de hecho, aquel expediente ni siquiera pasó por "manos de los políticos" ya que fueron los técnicos del consistorio los que lo paralizaron al faltar "el plan de obras".

Desde el equipo de Gobierno local del PP se quita importancia al hecho de que el concurso fuera suspendido justo un día después de las primera detenciones

Pese a dicho argumento, la UCO acudió al consistorio a finales del pasado mes de agosto a recopilar dicho expediente -"o más bien un documento de trabajo interno", según insistieron en calificar estas fuentes del PP dicha documentación-. Semanas después, comenzaron a llamar para declarar en dependencias policiales a funcionarios del Ayuntamientos y a miembros del equipo de Gobierno del PP, que cuando se suspendió la adjudicación estaba en minoría. Entre ellos se encontraba, precisamente, Borja Gutiérrez, quien en las elecciones de mayo de 2015 se hizo con la mayoría absoluta en esta localidad. Siempre según fuentes cercanas a él, lo hizo en calidad de testigo, "sin abogado". "No hay nada que ocultar y hemos prestado desde el primer momento toda nuestra colaboración", insisten en conversación telefónica con Vozpópuli.

La confesión de Marjaliza

Hasta la fecha, no consta que haya ningún cargo público de Brunete imputado en la causa, pero el nombre del municipio sí ha salido de manera reiterada en el sumario tanto en alguna declaración, como en los 'pinchazos' telefónicos de algunos de los principales implicados y en diversa documentación en formato digital y en papel intervenida durante los registros. Así, el constructor David Marjaliza, en la confesión en la que desgranó decenas de sobornos, mordidas y comisión ilegales entregadas a alcaldes y concejales para conseguir contratos precisamente para Cofely, aseguró que al entonces equipo de gobierno de consistorio, encabezado ya por Borja Gutiérrez, supuestamente se le iba a pagar una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA que se pensaba camuflar como un estudio sobre eficiencia energética.

Marjaliza aseguró en su confesión que al PP de Brunete la trama le iba a pagar supuestamente una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA

Una acusación que se vio supuestamente refrendada por varias conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente a varios de los implicados de la trama y por el contenido de diversas agendas y notas manuscritas intervenidas a éstos. Así, el 16 de octubre de 2014, sólo unos días antes de las primeras detenciones, la Guardia Civil interceptó una llamada de uno de los directivos de Cofely imputados en la causa, Pedro García, en el que éste aseguraba a un desconocido que ya tenía cerrado "el tema de Brunete" y que había estado reunido con "Borja", con el que había hablado de un supuesto "problema de tiempo" y que "van a ir avanzando". Los informes de la Guardia Civil destacan que este directivo de Cofely era "el principal articulador e interlocutor del pago de cohechos del que supuestamente se sirve la empresa para lograr contratos públicos millonarios de diversas administraciones".

Ese mismo día, los agentes volvieron a intervenir otra llamada de Pedro García, en este caso dirigida a uno de sus superiores, Didier Maurice, director general de la filial española de Cofely-GDF Suez y también imputado en la causa. El informe de la UCO que da cuenta de dicha conversación recoge textualmente que "Pedro dice que el 6 de noviembre se aprueba en el Pleno la eficiencia energética en Brunete. Didier se alegra de la noticia". Los investigadores consideran que estas llamadas, y otras también recogidas en la causa, hacen sospechar que en el momento en el que se produjeron las detenciones, la trama Púnica estaba presuntamente a punto de repetir en el Ayuntamiento de Brunete el amaño del contrato de eficiencia energética que anteriormente había realizado presuntamente en otros municipios madrileños, como Móstoles y Parla. El hecho de que el juez Velasco se viera obligado a precipitar las detenciones tras el 'chivatazo' que había recibido Francisco Granados había impedido que se concretara. Desde el equipo de gobierno 'popular' de la localidad se niega a Vozpópuli la veracidad de dichas sospechas. "Nunca se contrató nada con empresas de la Púnica", recalcan.

Una agenda y una encuesta

Sin embargo, un informe de la Guardia Civil apunta a que uno de los supuestos pagos del dicho amaño frustrado era "la realización de encuestas" de carácter político que se camuflaban como estudios sobre eficiencia energética. "Así se deduce en primer lugar de una anotación en la agenda personal Pedro García [el directivo de Cofely] de octubre de 2.013, consistente en 'Victor (encuestas Brunete)". No es el único indicio en este sentido. También hay correos electrónicos intervenidos a otros imputados en los que se hace referencia, precisamente, al sondeo electoral que iba a pagar la trama y de la que había hablado Marjaliza en su confesión. De hecho, la investigación permitió escuchar una conversación entre el constructor y un tal Victor, supuestamente el responsable de la empresa de encuestas, en el que ambos hablan, según destaca el informe de la UCO, con "un lenguaje convenido" de "los señoritos' (probablemente autoridades municipales) o 'el pequeño municipio', (probablemente Brunete)".

En sus conversaciones telefónicas dos implicados en la trama se refieren a Brunete como "el pequeño municipio" y a sus cargos públicos, como "los señoritos"

El documento policial resalta que ese lenguaje en clave "es extraño a una relación comercial normal y apunta a que ambos están al corriente de aspectos no convencionales en el encargo de un servicio de encuestas. En ese mismo sentido -continúa el informe policial- existen varios correos cruzados entre David Marjaliza y Victor donde se abordan diversas cuestiones relativas a un contrato para la realización de encuestas en Brunete para Ruta Energética, empresa que David Marjaliza habitualmente emplea para la emisión de informes y facturación a Cofely al objeto de recibir la remuneración o reintegro de cantidades acordada con estos". En el sumario aparece, de hecho, una copia del cuestionario de dicho sondeo de cuyo contenido los investigadores destacan, que pese a que el contrato recoge que se trata de "un supuesto estudio de opinión pública sobre la gestión energética municipal en Brunete cuando de la lectura de las preguntas contenidas en los cuestionarios que materializaran el contrato se deduce que se trata en realidad de una encuesta de imagen de la gestión municipal (donde ni siquiera aparece ninguna alusión a la eficiencia energética municipal) y de expectativas de voto". De hecho, en la misma se pregunta por Borja Gutiérrez, el regidor 'popular', y su labor la frente del consistorio.

En el sumario aparecen otros indicios en las misma dirección. Entre ellos, una agenda con anotaciones referidas al supuesto pago de 'mordidas' a cargos públicos y políticos que se intervino a Ana María Ramírez, la secretaria y persona de la máxima confianza del constructor. En la página 221 de la misma, junto a un tabla con media docena de inciiales que los investigadores han identificado con varios de los ayuntamientos ya investigados (Parla, Serranillos del Valle, Moraleja del Enmedio, Collado Villalba y Móstoles), aparecen otras anotaciones con nombres completos de localidades. Entre éstos se encuentra, precisamente, "Brunete", en su caso vinculado a la cifra de 12.000 euros. En la declaración ante el juez Velasco de Ana María Ramírez, que también está colaborando con la Justicia, el magistrado le preguntó expresamente por esta pequeña localidad madrileña. Ahora la Guardia Civil ha acudido al consistorio a recabar documentación.


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