Quantcast

Actualidad

La UCO destapa 'de rebote' en Púnica un nuevo pufo en los Gobiernos de Aguirre

Esperanza Aguirre, en un pleno del Ayuntamiento de Madrid de la semana pasada.

La Guardia Civil buscaba pruebas de un nuevo amaño de la trama Púnica y ha encontrado en una fundación en la que participa la Comunidad de Madrid supuestas irregularidades que no tienen nada que ver con la trama presuntamente encabezada por Francisco Granados. El reciente informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las 'andanzas' de la red de corrupción en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) incluye un apartado en el que se destaca que el director general de Industria, Energía y Minas del gobierno autónomo desde hace más de quince años, Carlos López Jimeno, era socio de la mercantil Alba Ingenieros Consultores SL, que entre 2010 y 2012, cuando Esperanza Aguirre encabezaba el Ejecutivo regional, facturó más de 161.270 euros (más IVA) a la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom) en la que el mismo ocupa el cargo de vicepresidente en representación del Gobierno autónomo.

El informe de la UCO destaca que López Jimeno es accionista de una empresa que facturó 161.000 euros a la fundación de la que es vicepresidente

El nombre de este alto cargo del Ejecutivo regional ya se había visto salpicado en mayo en el caso Púnica al localizar los agentes documentos que apuntaban que presuntamente había mediado para que la multinacional Cofely se hiciera precisamente con el contrato de eficiencia energética en dicho consistorio. Vozpópuli se puso este lunes en contacto con la Consejería de Industria para recabar la versión de López Jimeno, quien a través de un portavoz de este departamento reconoció haber tenido relación con dicha compañía hasta 2003, pero negó haber formado parte de su accionariado. No obstante, estas mismas fuentes señalaban que tras conocer por la llamada de este medio el contenido de dicho informe de la UCO la consejería iba a analizar si en los contratos ahora bajo sospecha "se habían producido prácticas no adecuadas". 

El informe, fechado el pasado 13 de septiembre y al que ha tenido acceso este diario, insiste, precisamente, en la supuesta participación del director general de Industria en la adjudicación del contrato de Alcalá de Henares a Cofely y la relación de "amistad" del alto cargo del ejecutivo autonómico con uno de los directivos de la empresa de eficiencia energética imputados en la causa, Constantino Álvarez. De hecho, la UCO destaca un correo electrónico del 8 de noviembre de 2012 localizado en la cuenta de este último en el que se aseguraba que presuntamente tuvo que pedir "un favor" a Carlos López Jimeno que "buscaría ventilar las dificultades que en ese momento atravesaba la adjudicación a Cofely España SAU" de dicho concurso, valorado en más de 12 millones de euros.

"A juicio policial"

"A juicio policial -continúa el documento de la Guardia Civil-, Carlos López Jimeno les pudo ayudar a conseguir el contrato desbloqueando el proceso de adjudicación". En este sentido, los agentes destacaban el detalle de que en una nota manuscrita del propio Constantino Álvarez figuraba su nombre en una relación de personas como "una de las vías de ataque" en este municipio madrileño, además de la existencia de otros 'emails' en los que este mismo directivo de Cofely mostraba su malestar por el retraso de su compañía en realizar determinados pagos a la Fundación de la Energía, de la que la era socio colaborador. En uno de éstos, dirigido a empleados de su compañía, Constantino Álvarez recordaba que "el DG [director general] de Industria nos ha ayudado para conseguir el contrato de Alcalá de Henares, yo le pedí el favor”.

Integrantes de la trama Púnica aseguraban en sus 'emails' que el alto cargo de Industria les había ayudado "para conseguir el contrato de Alcalá de Henares"

A raíz de esos primeros indicios, el pasado 11 de noviembre el juez Eloy Velasco solicitó información bancaria y fiscal sobre los movimientos económicos de la Fundación con el objetivo de saber si en este proceso alguien pudo "beneficiarse de forma injustificada". También reclamó a la Agencia Tributaria toda la información relativa a las operaciones de dicho organismo con terceras personas y, sobre todo, las cantidades cobradas de Cofely. También pidió a la Asociación de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito información sobre las cuentas bancarias de la Fundación de la Energía y sus movimientos desde 2008 hasta la fecha. Poco después, los datos llegaban al Juzgado y con sorpresa.

Así, además de detallar que en los años 2011, 2013 y 2014 este organismo recibió de la multinacional de eficiencia energética un total de 43.260 euros, Hacienda destacaba que la Fundación de la Energía había pagado entre 2010 y 2012 a una empresa llamada Alba Ingenieros Consultores SL 161.270,11 euros por la realización de diversos folletos divulgativos. La información de la Agencia Tributaria resaltaba que en aquellos años figuraban supuestamente como socios de esta mercantil el propio Carlos López Jimeno y María Pilar García Bermúdez, administradora de la propia Fundación, con un 20 y un 40% del capital social respectivamente. Tras esos nuevos datos, la Guardia Civil se desplazó el pasado 23 de mayo a la sede que la Fundación tiene en el número 17 de la calle Menéndez Pidal, en Madrid. Los guardias civiles se presentaron con un requerimiento judicial para intervenir, precisamente, las facturas pagadas a Alba Ingenieros Consultores SL en el periodo 2010-2012, que coincide con los últimos tres años de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.

Quince facturas

Toda esa información ha sido incluida ahora por la UCO en su informe del pasado 13 de septiembre en el que se detalla, una por una, las quince facturas que Alba Ingenieros Consultores cargó a la Fundación en esos tres años en los que, según la Agencia Tributaria, López Jimeno supuestamente compaginó su condición de accionista y de alto cargo, figurando además como autorizado en las cuentas de la Fundación junto a la otra socia de la empresa ahora bajo sospecha. Así, dichas facturas revelas que esta sociedad realizó en 2010 una "guía de buenas prácticas para el ahorro y la eficiencia energética en explotaciones mineras" y un "estudio diagnóstico" sobre el mismo tema por los que cobró un total de 30.233,08 euros.

La UCO acudió en mayo a la Fundación de la Energía a requisar las 15 facturas de la empresa vinculada al director general de Industria

Al año siguiente, la facturación creció hasta los 50.211,66 euros por seis trabajos. Desde una "publicación infantil sobre la eficiencia energética de los animales" hasta un "díptico sobre recomendaciones para ahorrar energía en los edificios públicos", pasando por un folleto divulgativo "sobre domótica", varias ilustraciones y un nuevo "estudio diagnóstico" sobre minería. Finalmente, en 2012 la Fundación para la Energía pagó a Alba Ingenieros Consultores SL un total de 80.825,37 euros por otros siete trabajos de similares características. Así, había una "publicación divulgativa sobre la energía de los residuos" y su "ilustración", otra sobre "movilidad y eficiencia energética" y uno más sobre "valorización energética de residuos sólidos urbanos", así como la redacción de los textos para una manual sobre "confort ambiental" y para ahorro energético en comunidades de propietarios.

Relación hasta 2003

Cuando se conoció la supuesta relación de López Jimeno en las irregularidades del contrato de eficiencia energética del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Consejería de Industria salió en su defensa y negó que su alto cargo hubiera realizado gestiones para que Cofely se hiciera con aquel millonario concurso. Entonces, también destacaban que ni Guardia Civil ni juez le habían atribuido ningún acto delicitivo, algo que lo que insistían ayer a este diario. Lo que sí reconoció López Jimeno a Vozpópuli este lunes a través de un portavoz de la Consejería es que había tenido relación con la empresa bajo sospecha hasta 2003, aunque negó que llegase a ser accionista. También aseguró que su puesto en la Fundación como vicepresidente en su condición de director general de Industria "no tiene funciones ejecutivas y por tanto no participa ni tiene responsabilidad en temas de contratación".

López Jimeno reconoce haber tenido relación con la empresa bajo sospecha hasta 2003, pero niega haber sido accionista cuando ésta facturó a la Fundación

Pese a ello, el informe de la Guardia Civil le dedica a López Jimeno en las "conclusiones" de su último informe una página completa. La misma extensión que, por ejemplo, ocupa Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares y actual parlamentario regional del PP, uno de los principales protagonistas de la investigación de la Guardia Civil sobre un contrato de eficiencia de 12 millones de euros en el tercer mayor municipio de la Comunidad.

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.