Podemos quiere saber el coste de la "Polícía del Twitter" por perseguir el "humor"

Podemos también lleva al Senado su pretensión de suprimir el artículo 578 del Código Penal, el que combate el enaltecimiento al terrorismo. La formación morada ha registrado una pregunta parlamentaria en la Cámara Alta para exigir al Gobierno que explique el coste que tiene para las arcas estatales lo que aparece denominado en la iniciativa como "la Policía del Twitter".

En concreto, la senadora Maribel Mora ha presentado esta interpelación para que sea contestada oralmente en la Comisión de Interior. Afirma que el ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido debe dar cuanta de "los recursos públicos que se destinan a ‘Policía del Twitter’, aquellos efectivos policiales que el Gobierno destina a censurar contenidos en redes sociales", sostiene. Según la senadora Mora, "la persecución del humor en Internet es un absoluto disparate y es algo que además no sucede en ningún otro país que se considere democrático".

Así mismo, en la exposición de motivos que acompaña a la pregunta, Mora señala que "resulta cuanto menos extraño que, a pesar del prolijo trabajo al que nos ha acostumbrado la ‘Policía del Twitter’ impulsada por el actual Gobierno, parece que se han terminado mayoritariamente persiguiendo, como apología del terrorismo, el humor realizado por personas no relacionadas con ninguna organización terrorista  relacionado con la crítica a una determinada ideología política y no otra".  

En este sentido, añade que "sin embargo, no parece que se hayan perseguido comentarios vertidos en redes sociales como los que, en 2015, instaban a colocar una bomba en plena Puerta del Sol, coincidiendo con una manifestación convocada por Podemos". A juicio de la parlamentaria de Podemos, "podría llegar a pensarse que el Gobierno está utilizando recursos públicos exclusivamente para acallar aquellos comentarios que, vertidos en Internet, no son de su agrado". 

Además, el partido de Pablo Iglesias carga contra la Fiscalía, "un organismo dependiente jerárquicamente del Gobierno", que "ha insistido una y otra vez en la apertura de procesos penales por esta causa e incluso ha recurrido el archivo judicial o las sentencias absolutorias emitidas por diferentes órganos judiciales".