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Respiro para el PP: su 'caja B' en Púnica, bajo secreto judicial hasta después del Congreso

Imagen de archivo del juez Eloy Velasco, instructor del 'caso Púnica'.

En Génova 13 respiran un poco más tranquilos ante su próximo cónclave nacional. La pieza separada número 14 del sumario del 'caso Púnica', en la que se investiga una supuesta financiación irregular del PP de Madrid, seguirá siendo secreta un mes más. Así lo ha decidido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, quien en un reciente auto al que ha tenido acceso Vozpópuli acuerda prorrogar la medida un mes más, hasta el próximo 7 de marzo.

De este modo, el XVIII Congreso de los 'populares', previsto para los próximos 10, 11 y 12 de febrero, se podrá celebrar si el previsible ruido mediático que supondrían las revelaciones sobre una supuesta 'caja B' de la formación por la que ya están imputados, al menos, el exgerente regional, Beltrán Gutiérrez, y el empresario Javier López Madrid. No obstante, fuentes cercanas a la investigación señalan que las pesquisas en torno a esa presunta contabilidad opaca están muy avanzadas y su secreto no durará mucho más tiempo.

El juez prorroga un mes más la medida sobre la pieza separada número 14 para evitar que "los posibles hallazgos" sean "manipulados o destruidos"

En el auto, fechado el pasado 1 de febrero, el juez Velasco repite de nuevo de modo literal los argumentos que ha esgrimido mes tras mes en los anteriores escritos en los que ha ido prorrogando la medida para esta pieza separada del sumario durante el último año.

Así, recuerda que ya levantó el secreto sobre la mayor parte de la causa el 5 de febrero y el 13 de mayo del año pasado al considerar entonces que "los riesgos" de destrucción de pruebas u obstrucción a las pesquisas "habían disminuido". Sin embargo, recuerda, que en esta parte concreta de la investigación sigue siendo "esencial para poder asegurar la investigación".

En este sentido, recalca que la misma se encuentra aún "en la fase de análisis y estudio" y que, por ello, es preciso "asegurar las fuentes de información respecto a las conexiones o nuevas evidencias". El escrito del magistrado recalca que con ello pretende "asegurar más elementos probatorios [...] ya que el conocimiento por parte de los investigados y terceras personas de los datos que figuran en el procedimiento, podrían afectar gravemente al mismo". Se trata, añade, de evitar que "los posibles hallazgos" sean "manipulados o destruidos".

La libreta de Granados

La pieza número 14 del sumario tiene su punto de arranque en una libreta con anotaciones manuscritas halladas en el registro de la vivienda de Francisco Granados el día de su detención, en octubre de 2014. En ella aparecían iniciales y palabras en inglés junto a diversas cifras que pudieron ser interpretados gracias a la colaboración del constructor David Marjaliza, socio del político. Gracias a él, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió en noviembre de 2015 un informe en el que se apuntaban a la existencia de una supuesta caja B del PP de Madrid.

Así, el documento policial identificaba las iniciales NP con Nacho Palacios, antiguo jefe de Gabinete de Granados y también imputado en la causa, y la palabra "ME" con el propio político al considerar que era el pronombre inglés que significa 'yo' a la vista que en las columnas de entrada y salida de efectivos también figuraban los términos 'in' y 'out'.

La pieza, en la que están imputados el exgerente regional del PP y el empresario López Madrid, se inició gracias a las anotaciones de una agenda de Granados

El informe de UCO concluía que "ambos se quedaban con parte del dinero que se recaudaba con destino a BG", iniciales que los agentes identifican con Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid. En el apartado de aportaciones aparecía JLM en referencia supuestamente al empresario Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y amigo de los reyes de España, vinculado a entregas de 2 millones de euros.

Los agentes no puderon despejar, sin embargo, quién se escondía tras las iniciales "LD" y "JEC", que habrían aportado 100.000 y 60.000 euros días antes de las elecciones europeas de mayo de 2014. El 12 de febrero del año pasado, el juez Velasco ordenó que se registraran los despacho del empresario en la sede de OHL y las dependencias del PP de Madrid, dentro de la sede nacional de Génova 13 en busca de información sobre la supuesta financiación irregular. Días después, ambos fueron llamados a declarar como investigados. Primero por la Guardia Civil y, el 26 de febrero pasado, por el magistrado. En ambas ocasiones, ambos negaron los pagos irregulares.

También negó la existencia de una supuesta 'caja B' el propio Granados cuando declaró de manera voluntaria el pasado 21 de diciembre. Aquel día, el juez Velasco le preguntó al ex secretario general del PP madrileño qué significaban esas cifras y el político aseguró que se referían al número de "asistentes a actos" del PP, pero nunca a dinero. "Son anotaciones antiquísimas de actos del PP que se iban a proyectar en campaña", dijo.

Lo único que confirmó fue que las siglas BG correspondían al exgerente del partido, pero añadió que JLM era un miembro del partido llamado José Luis Moreno y que la palabra "me" se refería a "municipios estratégicos". Granados, que es el único imputado del 'caso Púnica' que aún permanece en prisión, añadió que la financiación de los 'populares' madrileños era "absolutamente transparente". Los investigadores no piensan igual, aunque sus razones para ello permanecerán secretas por ahora hasta el próximo 7 de marzo.

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