El PP se 'dopó' con 2,1 millones irregulares en campañas electorales de 2011 y 2014

El exconsejero madrileño Francisco Granados recaudó 2,1 millones de euros de empresarios y entregó 1,6 al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez para sufragar gastos de las elecciones autonómicas de 2011 y las europeas de 2014, según las sospechas que plasma la UCO en un informe.

Según ese informe, al que hace referencia el juez Eloy Velasco en un auto de febrero de 2016 acordando una serie de diligencias, de los 2,1 millones que aparecen como entradas de dinero en la agenda que le fue intervenida a Granados, 500.000 se los repartieron entre él y el empresario Javier López Madrid, yerno del exdueño de OHL Juan Miguel Villar Mir.

El resto, 1,6 millones, los recibió el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, "al objeto de sufragar unos comicios electorales que no han podido ser determinados con exactitud, pero que debieran de corresponder bien con la elecciones autonómicas y municipales del año 2011 o las elecciones al Parlamento Europeo del año 2014".

Tras conocer este informe de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción manifestó al juez que compartía "las argumentaciones vertidas en el escrito policial, ya que la agenda incautada recoge mayoritariamente textos relacionados con campañas electorales del Partido Popular, concretamente las campañas de los años 2011 y 2014".

Empresas del Ibex

Según la Fiscalía, "la investigación ha ido demostrando una sucesión de roles en los pactos de corrupción, que, si empezaron en la esfera local, han culminado en funciones de recaudación y de intermediación entre las grandes empresas del IBEX y la gerencia regional de su partido", según ha podido saber la agencia Efe.

Todo ello cuando Granados era senador, de junio de 2011 a febrero de 2014, "alejado ya del control directo de las mesas de contratación, pero con un poder de influencia frente a las grandes empresas mayor".

La Fiscalía añadía, además, que Granados y Gutiérrez "estarían vinculados con la Fundación Fundescam", relacionada con el PP madrileño y que también está siendo investigada por haber sido supuestamente utilizada como instrumento de financiación del partido.

Según recogía Velasco en su auto, los movimientos de dinero reflejados en la agenda de Granados, bajo los epígrafes "IN" y "OUT", "presuntamente obedecen a contraprestaciones realizadas por las empresas a cambio de la adjudicación de obras desde distintas consejerías de la Comunidad de Madrid, práctica generalizada y fraudulenta que ha venido revelándose en la investigación".

Como secretario regional del partido, Granados tenía "un papel y ascendencia política clave en las campañas electorales, durante casi dos legislaturas", lo que "junto a los vínculos constatados con el sector empresarial, le habilitan como un interlocutor destacado y con autoridad suficiente para tratar cometidos tan 'sensibles' como la percepción de comisiones de tan abultada cuantía".

Así lo reflejó Velasco en el citado auto del 10 de febrero de 2016 en el que, a la luz del informe policial, daba el visto bueno a las diligencias solicitadas por la Guardia Civil y que se saldaron con varios registros, entre ellos en el despacho de Beltrán Gutiérrez en la sede del PP en la calle Génova.

Las sospechas se centraron también en Javier López Madrid, al observar que las principales aportaciones reflejadas en la agenda y que sumaban 1,6 millones fueron de JLM, iniciales que se atribuyen al yerno de Villar Mir.

Por sus vínculos con OHL, los investigadores hicieron pesquisas sobre esta constructora y detectaron la adjudicación de diversos contratos públicos a esta empresa "en materia de infraestructuras de transporte, hospitalarias y otras".

Varias de estas adjudicaciones fueron a través de la empresa pública de infraestructuras de transporte de Madrid, Mintra, y la UCO desveló que Granados y López Madrid intervinieron "en diversas operaciones de índole mercantil y patrimonial en torno a la empresa Bustren PM", vinculada a Jesús Trabada.

Este último ha sido citado a declarar como investigado junto a Villar Mir en el caso Lezo en relación con la adjudicación del tren de Navalcarnero (Madrid).