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Díaz Ferrán recuerda al juez que ya ha cumplido más de la mitad de su condena

Díaz Ferrán en el transcurso de uno de sus juicios.

Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, remitió el pasado 13 de diciembre un escrito al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, en el que le acompaña la última liquidación de condena realizada por el Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real), en el que se encuentra ingresado desde el 3 de diciembre de 2012. La citada liquidación reduce en un año y medio de prisión la pena acordada en otra anterior realizada por error por la prisión.

El escrito presentado por su letrado, Carlos Pardo, viene a corregir un auto del magistrado de 27 de octubre pasado que recogía por error la liquidación errónea, en la que se establecía que Díaz Ferrán había sido condenado en el procedimiento 20/2014 a la pena de 2 años y 8 meses, “cuando en realidad la pena impuesta es de 2 años y 2 meses”. El abogado defensor recuerda también al juez que se ha procedido a la acumulación de la totalidad de las penas impuestas, “ascendiendo la condena a un total de 6 años y 6 meses de privación de libertad, por ser este el triple de tiempo de la pena impuesta más grave, teniendo esta una duración de 2 años y 2 meses”. De no haberse corregido este detalle la pena acumulada ascendería al triple de 2 años y 8 meses, es decir a 8 años de reclusión, un año y medio más del que realmente le corresponde. Un extremo nada baladí a efectos de concesión de permisos, tercer grado, libertad condicional y, por supuesto, a la redención absoluta de la pena.

El escrito presentado por el empresario recoge una modificación de la liquidación de condena que la rebaja en año y medio

El letrado señala que a la vista de la nueva liquidación “el total de la condena impuesta a D. Gerardo Díaz Ferrán asciende a 6 años y 6 meses de privación de libertad y que, además, a fecha de hoy tiene cumplida más de la mitad de la condena”. La nueva liquidación de pena establece que el empresario cumplió el primer cuarto de su pena el 17 de julio de 2014, la mitad de la misma el pasado 1 de marzo, que cumplirá las dos terceras partes el 31 de marzo de 2017, las tres cuartas partes el 14 de octubre, también del año que viene, y que extinguirá definitivamente la misma el 30 de mayo de 2019.

Díaz Ferrán lleva desde el 22 de diciembre de 2015 solicitando la concesión del tercer grado penitenciario o de semilibertad, además de haber reclamado también permisos de salida dada la buena conducta que mantiene en prisión, la ausencia de sanciones, la realización de actividades y su arraigo familiar. Pese a ello, la Junta de Tratamiento de la prisión viene informando reiteradamente contra sus pretensiones. La última solicitud de clasificación en tercer grado está fechada el pasado mes de junio y en ella la prisión alegaba para denegarla que “en el interno se dan circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad”. Las revisiones de segundo a tercer grado se llevan a cabo cada seis meses, lo que obliga a la Junta de Tratamiento de Soto del Real a reunirse de nuevo este mes para valorar de nuevo la evolución de grado.

Preso FIES

El expresidente de la CEOE replicaba entonces la denegación afirmando que el artículo 105.2 del Reglamento Penitenciario establece que la decisión, afirmativa o negativa en lo que a concesión del tercer grado se refiere, será motivada, lo que, en su opinión, no ha ocurrido en su caso. “No se aporta en la notificación ninguna motivación que explique el por qué no tengo capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad. ¿Por qué no tengo capacidad?, ¿a qué tipo de capacidad se refiere?”, escribía Díaz Ferrán a su letrado una nota manuscrita quejándose de su situación penitenciaria.

Se da la circunstancia de que Díaz Ferrán está incorporado al Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) desde hace un año y medio por haber sido condenado “como autor de delitos de blanqueo de capitales, integración en grupo criminal, alzamiento de bienes, alteración del precio de las cosas y delito contra la Hacienda Pública, cometidos cuando ocupaba el puesto de presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. El cargo de presidente de la CEOE trasciende para la opinión pública su condición de empresario, teniendo en cuenta el papel que la Constitución y la legislación laboral otorga a las organizaciones empresariales, equiparando de este modo su papel con el de un servidor público, y sus delitos económicos por los que aparece condenado, vinculados a la corrupción”. Circunstancias todas ellas que, sin duda, han influido negativamente en sus solicitudes de permisos y de progresión de grado.

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