A contratiempo

Guerra oscura en el gobierno de los jueces

Un frente más se la ha abierto a Mariano Rajoy. Ahora es la cúpula del Gobierno de los jueces. Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, ha sido denunciado por uno de sus vocales por uso indebido de la tarjeta corporativa. Una iniciativa con olor a venganza que evidencia la olla a presión en que se ha convertido el Consejo, con las alargadas sombras del exjuez Garzón y Rubalcaba como telón de fondo.

José Manuel Gómez Benítez es el vocal que ha presentado la denuncia sobre las supuestas excursiones a Marbella del presidente de CGPJ y del TS a coste del erario público. Seis viajes quizás no oficiales todos ellos realizados en fin de semana entre septiembre de 2010 y noviembre de 1011 por importe de algo más de 5.500.000 euros. Hotel de lujo, cenas en restaurantes bien y alguna excusión, Actividades de ocio particular. Hasta ahí los datos puestos en manos del fiscal general.

Gómez Benítez, reputado jurista, catedrático de la Universidad Carlos III, designado miembro del CGPJ por el PSOE, fue el primer defensor del ex juez Baltasar Garzón, quien profesa una antigua enemistad hacia Margarita Robles, también vocal del Consejo, desde los tiempos en que ambos ocuparon sendas secretarías de Estado con el bi-ministro Belloch. Garzón dejó colgado al Gobierno de Felipe González y comenzó a buscar la "X" del caso de los GAL. De aquellos polvos, esta guerra de togas y puñetas.

Nuevo enfrentamiento

Hace unas semanas Gómez Benítez y Margarita Robles volvieron a chocar con motivo de la elección del titular de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una instancia clave habida cuenta los asuntos políticos de enorme trascendencia que tiene pendientes de resolución. Gómez Benítez pugnó con vehemencia en pro de la candidatura de Gómez Bermúdez, el polémico juez del caso 11-M, que optaba a la reelección y que contaba con las simpatías y bendiciones de Pérez Rubalcaba. Sabido es que el exministro del Interior del PSOE llegó incluso a telefonear a Margarita Robles para exigirle en forma coercitiva que renunciara a respaldar la candidatura de Fernando Grande-Marlaska, el otro aspirante al cargo, "por razones de Estado". El “caso Faisán" que ha marcado durante años al actual líder del PSOE, sobrevolaba sobre esas presiones. Marlaska resultó finalmente elegido y Rubalcaba se perdió la batalla. El “caso Faisán”, aunque le pese, sigue abierto.

No hay que olvidar tampoco que Gómez Benítez fue uno de los enviados por el propio Rubalcaba durante las negociaciones con ETA en tiempos de Rodríguez Zapatero. En aquellos conciliábulos imposibles con los terroristas con el objeto de lograr a cualquier precio un final negociado de la violencia, el consejero Benítez llegó a esgrimir, según varias versiones, precisamente el chivatazo del bar Faisán como gesto de voluntad irrefutable por parte del Gobierno socialista en su empeño por alcanzar un acuerdo definitivo con los pistoleros. Aquello terminó como terminó pero Gómez Benítez no fue apartado del Consejo. Al contrario, ahí sigue convertido en activo elemento de unos muy determinados intereses.

Personaje incómodo

Alberto Ruiz -Gallardón, al poco de tomar posesión como ministro de Justicia, anunció un trascendental cambio en la fórmula de elección del Consejo para acabar con el actual reparto de sillones entre los dos grandes partidos, volviendo al procedimiento de selección mayoritaria por parte de las asociaciones profesionales de jueces.

La iniciativa del vocal Benítez contra Carlos Dívar se enmarca en esta guerra intestina en el seno del Consejo, erizado de pugnas, tensiones y enfrentamientos no tan subterráneos. Dívar, hombre religioso y fervoroso seguidor de la Adoración Nocturna, es un personaje que estorba al estamento más filo-socialista del Consejo. Entre otras cosas, es el Presidente del Supremo que apartó de la carrera al juez Garzón por prevaricador. Una figura demasiado incómoda para algunos en una instancia como el Consejo en el que la batalla entre los “progresistas” ha derivado en un terremoto. El Fiscal del Supremo ha sido encargado de abrir una investigación sobre el caso del presunto uso indebido de dineros públicos por parte de Carlos Dívar. Pero esos gastos que ahora se denuncian han pasado por la Intervención del Estado y en estos momentos son auditados por el Tribunal de Cuentas. Este seísmo en el seno del Consejo es lo único que le faltaba a nuestra atribulada Justicia, tan denostada y tan mal valorada por la sociedad española


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba