A contratiempo

Andalucía: llegó la hora para los corruptos

Desde los tiempos de Felipe González y su cuatrerismo institucionalizado, la corrupción política no figuraba entre los cuatro problemas más importantes para los españoles, según el sondeo del CIS. Ahora, esta dañina epidemia ha vuelto a escalar peldaños en el ranking de las preocupaciones españolas. Aparece justo detrás de la crisis económica, el paro y la clase política, valga la redundancia.

En Argentina lo denominan la "viveza criolla", un término heredado de la picaresca española consistente en ejercer de más listo que nadie a la hora de llevárselo sin pegar ni golpe. Una cuestión cultural, dicen, propia de pueblos latinos ajenos a la filosofía del esfuerzo y del sacrificio de otras latitudes no exclusivamente calvinistas. Esa picaresca, en política, se traduce automáticamente en corrupción y se expande por todo tipo de instituciones y colores políticos.

El caso Urdangarín, tan paradigmático, ha devuelto al escaparate de la actualidad este pecado nacional. No es el único “affaire” mediático . El largo rosario de los ERES fraudulentos en Andalucía, el putrefacto caso Campeón que parece haber acabado con la carrera política del otrora todopoderoso José Blanco acaparan unas atenciones informativas que, día a día, se refuerzan con innumerables brotes pestilentes, desde el cuñado presuntamente defraudador de Patxi López al alcalde socialista de Alcaucín, comisionista ilegal y detenido ya por segunda vez, por mencionar asuntos de ayer mismo.

¿Un mal sin remedio?

Está generalmente instalada la teoría de que la corrupción política en nuestro país es un pecado menor con apenas coste alguno en términos electorales. Quizás no sea exactamente así. Los electores señalaron la puerta de salida a Felipe González en gran parte debido a esa corte de bandoleros en que se había convertido su Administración. En menor medida, Francisco Camps ha tenido que dar un paso al costado pese a resultar declarado judicialmente no culpable en el manipulado asunto de los famosos trajes. Unos meses antes, eso sí, había sido reelegido presidente por mayoría absoluta.

La teoría política asegura que la corrupción se enquista y florece en nuestro país no debido a una cultura muy laxa de la exigencia o a una regulación legal insuficiente, según ha establecido el profesor Víctor Lapuente, sino a la politización de nuestras instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son las que cuentan con mayor número de empleados públicos que deben el cargo a un nombramiento político. Al dedazo y el amiguismo.

En las democracias de nuestro entorno, en una ciudad media de entre cien mil y quinientos mil habitantes, apenas habrá tres o cuatro cargos designados directamente desde el poder político. En nuestro país se cuentan a cientos. Altos cargos, asesores, adjuntos, gabineteros, fontaneros, tejen una red de agencias, empresas y fundaciones que actúan con total impunidad y que comparten un objetivo común: eternizarse. Esto es, trabajar no para la sociedad sino para ganar elecciones. Para mantener en el machito a aquel a quien le deben el puesto. Y una administración extremadamente politizada no tarda en convertirse en una administración abrumadoramente corrupta.

El caso andaluz

La ausencia de controles y de instancias que fiscalicen estos excesos abonan un panorama invivible. Ejemplo vivo es el prácticamente inútil Tribunal de Cuentas, cuyos informes y reclamaciones se han amontonado durante años en los cajones de los altos responsables de la Junta de Andalucía. O el hecho de que los sindicatos, enervante reducto de financiación irregular, nunca en la vida han sido auditados. Caso inédito e inaudito.

Los electores andaluces tienen la oportunidad, dentro de unos días, de acabar con esa cueva de Alí Babá en la que se ha convertido el régimen socialista instalado en Andalucía hace ya tres décadas. Es la única comunidad española en la que no se ha vivido una alternancia en el poder desde la reinstalación democrática. El clientelismo y la mangancia han sido allí la norma, desde el cafelito del hermano de Alfonso Guerra hasta las mariscadas de Mercasevilla. El lodo salpica todos los niveles. Arranca en el presidente de la Junta y se propaga hasta anecdóticos concejales de pueblecitos ignotos. Las urnas pueden ser, final y necesariamente, una herramienta de redención para Andalucía.

Aunque no toca, quizás, ser demasiado optimistas, Acabamos de enterarnos de que el Gobierno del PP ha indultado sigilosamente a un ex alto cargo del gobierno de Pujol, malversador de caudales públicos así como a un ex cuñado de Sánchez Llibre, diputado de CiU y segundo en el puente de mando de Unió, también sentenciado por jugar alegremente con dinero ajeno. Una multa de 3.600 euros por cabeza y asunto zanjado. ¿Esto es regeneración? ¿Esto es actuar con firmeza y ejemplaridad contra ese pestífero mal? Me temo que no. Esto no es apuntalar la Justicia ejemplar sino más bien bendecir la “viveza criolla”, ese triste mal.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba