A cada uno lo suyo

El 24-M y el tiempo de los pactos

En España hay poca cultura de pactos y acuerdos de Gobierno, y por si nos quedaba alguna duda, ahí tenemos las reacciones frente al panorama que han dejado las históricas elecciones del 24-M. Estamos viendo y oyendo de todo, desde repetir lo del mantra de “la lista más votada”   siempre, claro está, que lo haya sido la lista de las complacencias del comentarista o tertuliano de turno, hasta apuntar a inverosímiles gobiernos “de concentración“ frente a una catástrofe inminente (se supone que la toma del poder local por el proletariado) pasando por todo tipo de combinaciones intermedias a cual más surrealista. Me parece que lo primero que hay que hacer es pararse a reflexionar sobre lo que han votado los ciudadanos españoles, antes de lanzarse a hablar de frentes “populares” o “constitucionalistas” que solo sirven para encrespar los ánimos y no favorecen precisamente que los representantes de los distintos partidos se sienten a hablar tranquilamente. Tampoco ayuda utilizar un lenguaje sectario que sigue confundiendo los adversarios políticos con los enemigos de la civilización o con delincuentes tarados, según los casos, o donde los que prefieren llegar a acuerdos son tachados de “traidores”.

Lo que esperamos los ciudadanos es que los acuerdos versen sobre programas o proyectos, y no sobre el número de sillones a repartir

Porque efectivamente y aunque sea una obviedad, los ciudadanos han votado pactos. Llega un tiempo nuevo donde lo que queremos es que ningún partido tenga la mayoría absoluta para hacer lo que le de la gana sin rendir cuentas a nadie, salvo en casos muy excepcionales, y eso, en democracia, quiere decir que hay que ponerse de acuerdo. Dado que nuestro régimen político, por diversas razones que ya han sido muy analizadas, no ha sido capaz de establecer un sistema de “checks and balances” o contrapesos dignos de tal nombre, los ciudadanos han encontrado una vía alternativa y bastante sabia: los checks and balances alternativos, es decir, el que los propios partidos, especialmente los nuevos, ejerzan las funciones que no han sabido cumplir ni el Parlamento, ni el Poder Judicial, ni las Administraciones Públicas ni en general ninguna institución de supervisión y control. Ningún partido tiene la capacidad de gobernar por sí solo; a partir de ahí, hay que ponerse de acuerdo. Y en este tiempo nuevo, lo que esperamos los ciudadanos es que los acuerdos versen sobre programas o proyectos, y no sobre el número de sillones a repartir.  

Empieza pues una nueva etapa en nuestra vida política, que sin duda no va a ser fácil, y que nos va a suponer un esfuerzo muy importante de madurez democrática como sociedad. Sinceramente, creo que los españoles del 2015, como en su momento los españoles de hace 40 años, estamos en condiciones de dar este salto cualitativo a una democracia de mayor calidad, que es, en definitiva, de lo que estamos hablando. 

Cierto es que hasta ahora en España tampoco tenemos mucha cultura de llegar a acuerdos que sean algo más que un intercambio de cromos; en esto los partidos nacionalistas que hasta ahora han funcionado como “partidos bisagras” se han llevado la palma. Pero no solo han sido ellos; los acuerdos que ha habido que alcanzar entre distintos partidos sobre todo en Gobiernos autonómicos han consistido más bien en un reparto de cargos (esta concejalía para ti, esta consejería para mí, tú colocas a unos cuantos, yo coloco a otros tantos) aunque formalmente se haya hablado de programas, faltaría más. Y no han resultado precisamente un éxito para los partidos implicados, quizá sobre todo porque los acuerdos versaban más sobre los sillones que sobre las ideas, y eso se acaba notando mucho. En todo caso, desde el momento en que los partidos emergentes han proclamado su decisión de no entrar en gobiernos en los que no han obtenido la mayoría para gobernar, la cuestión se simplifica: los acuerdos tienen que alcanzarse en base sobre todo a determinadas cuestiones básicas y, en particular, a una que me parece esencial porque es sobre lo que hay que construir todo lo demás: la necesidad de la regeneración democrática e institucional.

Efectivamente,  en mi opinión antes de políticas de izquierdas o de derechas –al fin y al cabo estas no han sido unas elecciones generales- los españoles hemos votado un cambio de las reglas del juego; y además un cambio desde las instituciones, es decir, “de la ley a la ley” como nos gusta decir a los juristas. En primer lugar, para que las normas sean respetadas, de manera que cuando los jugadores salten al terreno de juego no se hagan trampas,  el árbitro no esté comprado, y los jugadores no se dejen ganar porque hayan sido sobornados. En segundo lugar, hemos votado para que el terreno de juego esté limpio y en buen estado; nada de cascotes o cristales por el suelo. A partir de ahí, cada uno  que salga a ganar y a intentar realizar sus políticas lo mejor que sepa y pueda.

Es esencial que una parte fundamental de los pactos a los que se llegue finalmente versen en primer lugar sobre la regeneración de nuestras instituciones y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho

Por tanto me parece esencial que una parte fundamental de los pactos a los que se llegue finalmente versen en primer lugar sobre la regeneración de nuestras instituciones y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. En ese sentido, los diez puntos que exige Ciudadanos para pactar, que, mejor o peor elegidos, giran todos en torno a la regeneración democrática y la “tolerancia cero” con la corrupción –si bien un poco menos concreto– que exige Podemos y movimientos afines son relevantes, siempre, claro está, que se respeten en los acuerdos y, sobre todo, que sea posible su monitorización e implantación efectiva para evitar apaños cosméticos.

Por último, recordemos que muchos de los movimientos nacidos del 15-M se han presentado a las elecciones, como les reclamaban sus adversarios cuando acampaban en la Puerta del Sol; y en muchos sitios las han ganado, por lo que legítimamente pueden intentar llevar a cabo sus programas dentro, claro está, del marco que establecen las leyes y de las competencias que tienen atribuidas. Por mucho que se quiera, no se puede cambiar la Constitución o una simple ley desde el Ayuntamiento de una ciudad importante; ni siquiera desde una Comunidad Autónoma. Lo que sí se puede y a lo mejor se debe es cambiar la forma en que se adjudican muchas contratas de limpieza, por poner un ejemplo cualquiera. O apostar más por las políticas sociales y menos por los pelotazos urbanísticos. En todo caso, tampoco viene mal que algunos de estos movimientos aprendan a gestionar los intereses generales por donde se debe empezar: por la política municipal.


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