A cada uno lo suyo

El nominalismo mágico. O de cómo “resolver” problemas gramaticalmente

Si juzgamos por las noticias aparecidas en los medios en los últimos días, se ve que en España todavía seguimos pensando que para resolver un problema o una necesidad social, o cumplir una promesa o “sugerencia” electoral lo mejor es crear, recauchutar o suprimir un departamento, consejería, concejalía, organismo público o unidad administrativa cualquiera y ponerle un nombre que no deje lugar a dudas respecto de las buenas intenciones del político de turno. Ya se trate de una consejería de Ciclo de la Vida, feminismo y LGTBI (rompedora iniciativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau) para demostrar el compromiso con esos colectivos, me imagino, o de suprimir la Consejería de Turismo, para dejar claro que ese sector no es una prioridad para la alcaldesa de Madrid, parece que todo consiste en quitar y poner nombres. Claro que lo mismo podría decirse de las innumerables Consejerías o Consejerías de Innovación, Emprendimiento, Transparencia y Participación, etc, etc que han venido proliferando como setas estos últimos años con escasos avances prácticos en tan importantes ámbitos. Si todo fuera tan sencillo, deberíamos ser el país con menos paro de la OCDE, dado que si de algo no andamos escasos es de Consejerías de Empleo. Lástima que más allá de los gestos, para cambiar las cosas se necesite un esfuerzo algo mayor. Por otro lado, cambiar continuamente las denominaciones y el número de unidades administrativas no sale precisamente barato, en carteles, tarjetas, papelería variada y “last but non least” la reubicación de personal que suele llevar indefectiblemente consigo y la paralización consiguiente de la ya de por sí lenta burocracia patria.

Conviene recordar algo tan obvio como que cuando un organismo público es independiente, transparente o profesional de verdad no necesita proclamarlo a los cuatro vientos

Lo mismo cabe decir de los pomposos nombres que se utilizan para algunos organismos públicos con la finalidad de subrayar una independencia bastante dudosa o una implicación en la defensa de ciertos valores harto problemática, por lo menos desde el punto de vista de los ciudadanos. Conviene recordar algo tan obvio como que cuando un organismo público es independiente, transparente o profesional de verdad no necesita proclamarlo a los cuatro vientos: se nota bastante rápido se llame como se llame. La necesidad de grandes denominaciones suele revelar la existencia de grandes carencias, de la misma forma que la necesidad de grandes símbolos externos de poder (ya se trate de despachos, coches oficiales o abundante séquito) suele revelar la existencia de grandes carencias personales y profesionales del alto cargo en cuestión.

Los últimos ejemplos que se me ocurren –además de los citados de los nuevos gobiernos municipales, a la espera de las innovaciones nominativas de los nuevos gobiernos autonómicos- proceden del ámbito de la transparencia, que conozco bien por motivos profesionales. Como es sabido, la transparencia está de moda, o para ser más exactos, la transparencia oficial está de moda, porque para la real todavía nos queda un trecho largo. Porque hay que ser conscientes que la transparencia real amenaza una forma de hacer política que es hoy todavía la dominante. Así que una vez que se ha ido terminando la tarea legislativa –que esto en nuestro país entretiene y a la vez justifica que se trabaja en pro de la transparencia, aunque sea sobre el papel- toca la fase siguiente: la de los seminarios, conferencias, cursos de formación y saraos varios, que tienen la enorme ventaja de demostrar que “se están haciendo cosas” pero sin pisar demasiados callos, no se vaya a enfadar alguien. Todo muy teórico, como nos gusta por aquí.

Por supuesto la piedra de toque del sistema es la habitual: nombrar unos cuantos cargos –cuantos más mejor- “independientes” encargados de supervisar a los Gobiernos y organismos públicos y de velar porque se cumpla la ley. Aquí la imaginación y la pretenciosidad suelen correr parejas. Sin olvidar el “hecho diferencial”: no hay dos nombres iguales. Así tenemos desde órganos unipersonales (como el Comisionado para la Transparencia del Gobierno de Canarias) a órganos colegiados de gran complejidad, llevándose la palma por ahora la Junta de Andalucía, que se la lleva también por cierto en cuanto a extensión de su Ley de Transparencia. En todo caso en la Fundación ¿hay Derecho? departamento Transparencia esperamos ansiosos que entre en vigor (el próximo 30 de junio) para pedir la documentación del caso Aznalcollar. Ya les contaremos qué tal nos va y si más normas equivalen a más transparencia.

En cuanto al número de organismos, hasta hay autonomías que hacen ofertas 2 por 1 o incluso 3 por uno. La reciente Ley valenciana de transparencia, Ley 2/2015 de 2 de abril (quizás por haber sido de las últimas en aprobarse) crea, a falta de uno, dos órganos: un Consejo de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y otro de Participación Ciudadana. Eso sin contar el Consejo de Centros Valencianos en el Exterior, así, como lo leen. 

De los cinco miembros que componen el órgano colegiado “independiente” de la Generalitat de Cataluña tres están vinculados a partidos políticos. No vaya a ser que haya sustos 

¿Y cómo vamos de independencia real? Pues más o menos como siempre. De los cinco miembros que componen el órgano colegiado “independiente” (Comisión de Garantía del derecho de acceso a la información pública) de la Generalitat de Cataluña, según noticias aparecidas en prensa, tres están vinculados a partidos políticos. No vaya a ser que haya sustos. En el ámbito estatal tampoco parece que haya mucha prisa por poner en marcha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, presidida por una ex alto cargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en cuya composición no figura ni un experto independiente ni ningún representante de la sociedad civil. El acceso al Portal de Transparencia estatal es surrealista, por decirlo con elegancia, al exigir a los ciudadanos españoles nada menos que su DNI electrónico para acceder a la información pública elaborada con dinero de sus impuestos. Hasta la Defensora del Pueblo ha considerado que el mecanismo por complejo y largo puede disuadir a los ciudadanos de solicitarla, a raíz de la presentación de una queja formal por Acces-Info Europe, ONG especializada en acceso a la información pública. 

Así las cosas, no hay que extrañarse que de transparencia real andemos más o menos como siempre, salvo honrosas excepciones, que las hay y es de justicia reconocerlo, como ocurre con el portal del Consejo General del Poder Judicial. Como botón de muestra la falta de transparencia que –pese a leyes y organismos de control- se pone de relieve en la contestación a la solicitud hecha desde la Fundación Civio sobre cómo se repartió en distintos medios el gasto de la Generalitat de Cataluña para promocionar su portal de transparencia

Y es que si algo deberíamos haber aprendido estos años es que el nominalismo mágico no funciona, y que para resolver problemas hace falta algo más que cosmética gramatical.


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