A cada uno lo suyo

Los negocios de sus señorías y el capitalismo de amiguetes

Se ha publicado recientemente en este mismo medio un estupendo artículo de Juan M. Blanco sobre los negocios de los señores Trillo y Martinez-Pujalte, todavía embajador de España en Londres el primero y todavía diputado del PP el segundo, por lo que no insistiré en las cuestiones que él ya ha destacado. Como sin duda saben los lectores, estos señores cobraron en muy poco tiempo unas importantes cantidades de una empresa constructora de Castilla y León (Collosa) especializada en obra pública en concepto de “asesoría” sin que nadie haya sido capaz de explicar razonablemente  de qué tipo de asesoría estamos hablando (estratégica, jurídica, técnica) ni de enseñar papeles o documentos escritos (la asesoría era “verbal”). Lo que sí sabemos es que la empresa, al menos, quedó satisfecha, es decir, que alguna rentabilidad obtuvo de estos valiosos consejos orales. Nos imaginamos que en forma de contratos públicos con Administraciones dirigidas por el PP. A partir de ahí, cada uno puede pensar lo que quiera, incluso considerar que los diputados eran, sencillamente, unos conseguidores o unos comisionistas, aunque sean de postín. Y no nos engañemos, a los comisionistas les acabamos pagando siempre los contribuyentes como intenté explicar en este artículo

Lo que sí sabemos es que la empresa, al menos, quedó satisfecha, es decir, que alguna rentabilidad obtuvo de estos valiosos consejos orales

Pero tranquilos, que las fuentes oficiales del PP nos informan de que el régimen de incompatibilidades de los señores diputados permite, al parecer, este tipo de actividades, teniendo en cuenta, además, lo magro de su sueldo. Y efectivamente los arts 157 y ss de la LOREG, Ley Orgánica del Régimen Electoral General  (LO 5/1985 de 19 de junio) muy estricta sobre el papel consagra el principio general de la dedicación absoluta de los Diputados y Senadores…salvo en algunos casos.  Entre los supuestos en que no se puede autorizar la compatibilidad figura por ejemplo en el art. 159.2 las siguientes: b) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local o el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en Compañías o Empresas que se dediquen a dichas actividades” . Y claro está los señores Trillo y Pujalte no son contratistas de las AAPP, solo asesoran verbalmente a los contratistas a precio de oro.

En fin, lo de siempre, las actividades de los señores Trillo y Pujalte no serán éticas, pero como se ajustan a la letra de la ley, es decir, son legales. Extraña disociación entre la ética y el Derecho, particularmente cuando se trata de interpretar la normativa sobre incompatibilidades de los Padres de la Patria, que no solo tienen un carácter excepcional sino que se supone que se establecen para impedir los resquicios que permitan el conflicto de intereses. Más que nada porque pueden sufrir los intereses generales que son los que se supone que hay que defender en un Parlamento, en beneficio de los intereses particulares de sus Señorías. Eso sí, es poco probable que nadie esté comprobando en el Parlamento a qué se dedican o se van a dedicar realmente sus Señorías una vez reconocida la compatibilidad, por aquello de que no puede dudarse de su palabra. ¿Se acuerdan del control del Senado sobre los viajes del señor Monago? Pues algo así.

En fin, lo de siempre, las actividades de los señores Trillo y Pujalte no serán éticas, pero como se ajustan a la letra de la ley, es decir, son legales

Lo que ocurre es que, lamentablemente, el conflicto de intereses es en España un gran negocio, o, para ser más exactos, es una forma de ganarse la vida muy lucrativa para muchos “profesionales” que viven con un pie en lo público y otro en lo privado, o que saltan continuamente de una esfera a la otra con gran desenvoltura (recuerden las famosas “revolving door”).

El propio despacho del hermano y colaboradores cercanos del ministro Montoro, el ya famoso Estudio Económico S.L (anteriormente Montoro y asociados, siendo Montoro el ministro) es un magnífico ejemplo del que ya hablé en su momento en el blog '¿Hay Derecho?' y al que incluso la cadena Bloomberg dedicó su atención sin que por otra parte la noticia tuviera mucha repercusión por estos pagos, acostumbrados como estamos al “crony capitalism” es decir, al capitalismo de amiguetes. Y que es que aquí se tiende a confundir la labor del “lobby” profesional y transparente (que por cierto no está regulado todavía en nuestro país, parece que no hay mucho interés) con la castiza figura del “conseguidor” bien relacionado, del que quizás el máximo exponente, por lo esperpéntico, sea “el pequeño Nicolás”. En la zona intermedia, por supuesto, existe toda una zona gris compuesta por infinidad de despachos, asesorías y consultorías cuyos principales activos no son tanto los profesionales como los “relacionales”.

Y es que las empresas españolas lo tienen claro, como demuestra este cuadro que presentó el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparencia Internacional Manuel Villoria en su conferencia inaugural del PrimerCongreso Internacional sobre Calidad Democrática, Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción. 

Porque en realidad, de eso es precisamente de lo que estamos hablando. Recientemente la prestigiosa revista The Economist se hace eco de una investigación llevada a cabo por profesores de la Universidad Libre de Bruselas sobre los efectos negativos del “capitalismo de amiguetes” en la economía española dado que resulta que las compañías menos productivas, pero con buenos contactos en la política, crecen mucho más que las compañías “buenas” o “sanas” pero con menos contactos. En definitiva, se trata de una desviación del capitalismo que permite una asignación de recursos (especialmente públicos) que beneficia a las empresas menos productivas en detrimento de las más competitivas, con resultados nefastos para la economía y de paso para el Estado de Derecho, las instituciones y la ética.


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