A cada uno lo suyo

Cuando la justicia no es igual (de rápida y eficiente) para todos

Que la justicia en España no es igual para todos parece bastante evidente a estas alturas por lo que no insistiré mucho en este punto. Cada lector puede recordar su caso favorito, ya sea el de la infanta Cristina, el de los ERES de Andalucía, la trama Gurtel, la extraña prescripción del caso Alierta, la “doctrina Botín”, el indulto de Alfredo Saenzo, el que prefieran porque hay donde elegir. Pero quizá conviene llamar la atención sobre un aspecto muy relevante de esta falta de trato igualitario, que consiste en la celeridad con la que algunos afortunados consiguen una justicia ágil y rápida y aquellos otros, que somos el resto, cuyos procedimientos judiciales se eternizan.

Hago esta reflexión en relación en primer lugar con las recientes resoluciones del Tribunal Constitucional suspendiendola aplicación tanto de la Ley 10/2014 del Parlamento de Cataluña de consultas no refrendarias como del Decreto 129/2014 del Presidente de la Generalitat convocando la consulta del 9 de noviembre en un tiempo récord. Es verdad que al fin y al caboesta rapidez obedece a la lógica del sistema. Efectivamente se trata de una medida cautelar de carácter automático aparejada al recurso de inconstitucionalidad, según el art. 161.2 de la Constitución  y que, en todo caso, no tendría mucho sentido adoptar después de celebrada la consulta.

Pero claro, el problema salta a la vista cuando se compara esta celeridad con la que (no) se ha aplicado a otros asuntos muy relevantes y que también requerirían una decisión urgente del Tribunal, como puede ser la posible inconstitucionalidad de las tasas judiciales que están impidiendo el acceso a la justicia a muchas personas sencillamente por falta de recursos, o el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de Rodriguez Zapatero, todavía vigente. Pero ejemplos de la lentitud “discrecional” del Tribunal Constitucional hay muchos más, como hemos comentado en este post.

Eso por no hablar de los recursos de amparo, la mayoría de los cuales son inadmitidos, otros resueltos en plazos muy largos y algunos pocos, misteriosamente, tramitados con enorme rapidez como el del ex rector de la Universidad  Rey Juan Carlos Pedro Gonzalez-Trevijano, hoy magistrado del propio Tribunal Constitucional a propuesta del PP. La historia de su recurso de amparo ya lo conté en su momento el blog ¿hay derecho? Pero para resumir podemos concluir que el Tribunal del que hoy forma parte –y la Consejería de Educación de Madrid- se volcó con el entonces Rector. Las consecuencias de esta forma de proceder por el Tribunal Constitucional son muy graves y las sospechas de “favoritismo” que arroja la opacidad de la agenda del Tribunal  y su manejo discrecional también.

Podemos fijarnos también en la jurisdicción ordinaria, en la que si bien existen unos criterios técnicos objetivos para resolver los asuntos (un turno para atender los asuntos urgentes y preferentes, que tienen que estar tasados, y otro para atender los asuntos ordinarios) no dejan de pasar cosas que llaman la atención. Me refiero en particular al llamativo caso de la reciente sentencia por la que se condena al juez Elpidio Silva a más de 17 años de inhabilitación emitida por la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la comisión de un delito de prevaricación y por dos delitos contra la libertad de las personas y que puede consultarse aquí.

Vaya por delante que la actuación del juez Silva en el “caso Blesa”, como ya comenté en su día en este mismo blog distaba mucho de ser correcta. De hecho el juez acumulaba un historial de expedientes disciplinarios nada despreciable, que probablemente hubieran sido más que suficientes en cualquier país serio para separarle de la carrera judicial. Pero aquí seguía tranquilamente en su Juzgado de Instrucción nº 9, impartiendo justicia de manera un tanto peculiar. Hasta el día en que decidió meter al sr. Blesa en la cárcel. A partir de ahí, como en los cómics, los acontecimientos se precipitan y en muy poco más de un año desde el ingreso en prisión del sr. Blesa ya hay sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenándole a 17 años, seis meses y un día de inhabilitación además de una multa. Pese al voto particular del Presidente de la Sala, el magistrado Arturo Beltrán  que se pronuncia a favor de una sentencia absolutoria y que supone una auténtica victoria moral para el condenado, dado el prestigio profesional de este Magistrado, al que además el juez Silva había recusado previamente.

Y la pregunta es ¿es normal tanta celeridad en unos casos y tanta lentitud en otros? Pues más allá de los turnos y de las cuestiones legales, probablemente la explicación no es sencilla. Desde luego el sr. Blesa (y el sr. Diaz Ferrán, que ejercitaba la otra acusación particular) tienen muy buenos abogados a su disposición, ya que dinero para pagarles no les falta. También hay que contar con el apoyo de la Fiscalía, mediante la querella presentada por el Fiscal Jefe dela Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid cuya diligencia en este caso contrasta con la menor “proactividad” demostrada en relación con otros posibles delitos cometidos por directivos y gestores de Bankia. Pero quizá la mejor explicación sea la urgencia en lanzar una especie de “aviso para navegantes”, en este caso para jueces aguerridos. Los “errores” en la instrucción  -al menos cuando se trata de gente relevante- se pagan caros. Por tanto, los jueces que instruyen tramas de corrupción algunas de ellas complejísimas y muy extensas deben de andarse con pies de plomo antes de adoptar medidas como la prisión provisional de los presuntos delincuentes.

En todo caso, el problema de fondo es que esta diferencia de trato en cuanto a los plazos, si bien menos clamorosa que la diferencia de trato a secas evidenciada en los casos citados al principio de este post, es igualmente nefasta para la confianza de los ciudadanos en la justicia y en definitiva para la confianza en el Estado de Derecho. En este sentido, merece mención especial la lentitud con la que se tramitan los asuntos “sensibles” que pueden afectar negativamente a personas con mucho poder: las comisiones rogatorias que necesita la Juez de Estepona para investigar el asunto del ático del Presidente de la Comunidad de Madrid duermen el sueño de los justos no se sabe muy bien por qué, ni donde, aunque podríamos imaginar muy bien por qué y dónde. Las denuncias contra como el actual Presidente del Consejo General del Poder Judicial, se traspapelan, no llegan, se pierden por los pasillos judiciales, en este caso los del Tribunal Supremo.  ¿Casualidades?

No está de mal recordar que esta situación en la que la justicia es ágil para unos y lenta para otros tiene unos cuantos beneficiarios y muchos perdedores. Los perdedores somos los de siempre, la mayoría de los ciudadanos. Los beneficiados son todos aquellos a los que una justicia más eficiente, más transparente y más objetiva no interesa nada. Por tanto, la situación es poco probable que cambie mientras que la opinión pública no lo exija y no olvidemos que en una democracia de tan baja calidad como la nuestra la justicia es la última trinchera del Estado de Derecho.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba