A cada uno lo suyo

De debates, argumentarios, desconfianza y control ciudadano

El otro día participé en TVE en un debate sobre la corrupción con dos representantes de los partidos políticos todavía mayoritarios, en concreto uno del PP y otro del PSOE, junto con otras personas que sí hablaban en nombre propio. Con esto lo que quiero decir es que los representantes de los grandes partidos (da igual sus nombres, porque eran intercambiables con cualquier otro representante del PP o del PSOE dado que hubieran dicho exactamente lo mismo) acudían con un “argumentario” previo que había que colocar sí o sí y con independencia de lo que allí se escuchase. Parece que esta es también la manera de funcionar en el Congreso de los Diputados, donde ningún grupo parlamentario o diputado cambia jamás de opinión (al menos dentro de la Cámara) a consecuencia de lo que allí se dice. Si acaso se alcanzan acuerdos siempre se hacen en los pasillos, fuera del hemiciclo y sobre todo sin luz y taquígrafos.

En todo caso hay que reconocer –al menos desde el punto de vista de un profano- que para un debate sobre el tema que sea esto de los argumentarios de los políticos da poco juego. En el fondo, ellos saben que no se trata de convencer a nadie, que todo es un teatrillo donde lo importante es quedar bien con la cúpula del partido que te ha enviado al programa o al hemiciclo. De no meter la mata, vamos, no vaya a ser que no repitas en las listas. Para eso lo más seguro es ceñirse al argumentario. Que al respetable –es decir, a la sufrida ciudadanía- le parezca un espectáculo lamentable hasta el punto de abuchear a los actores es lo de menos.

Claro que el problema es que actualmente el público se ha vuelto mucho más exigente; hasta le ha dado por pensar –nada más y nada menos- que los argumentos de los políticos le tienen que convencer a él, con independencia de lo que digan “los arriolas” de turno. Lo nunca visto vamos. Así que ya no se toleran ciertos argumentos (esos “y tú más” tan socorridos siempre) ni tampoco esos escaqueos tan convenientes frente a las preguntas incómodas  (“ya he dicho todo lo que tenía que decir”, “me remito a mis declaraciones anteriores” “eso no toca”). Las defensas en clave victimista (“quien me ataca a mí ataca a… póngase aquí la Comunidad Autónoma que toque) resultan insoportables.

Para rematar, la gente empieza a exigir datos objetivos, de forma que ya no vale hablar de oídas o por aproximación. Hasta los periodistas menos cortesanos se han ido animando y ya parecen periodistas de verdad. Toda una revolución para la que claramente la clase política, no solo la actual sino la emergente, no está nada bien preparada. Como botón de muestra, véase la reciente reacción de Pablo Iglesias frente a los primeros tropiezos en los medios de su novísimo partido o la torpeza con que se ha manejado la comunicación de la ruptura de la negociación de Ciutadans y UPYD por ambos partidos.

El que la desconfianza y el escepticismo frente a los mensajes “enlatados” de la clase política vaya en aumento frente a lo que pudiera parecer en un principio es una buena señal. La ciudadanía de una democracia avanzada debe desconfiar de sus políticos, porque esa desconfianza es lo que la mantiene alerta y vigilante frente a sus posibles excesos o corruptelas. Frente a lo que les gusta decir, los políticos no gozan de ninguna presunción de inocencia en cuanto a su actividad política; eso se queda para los  delitos y los procedimientos penales que puedan cometer, donde tienen la misma que cualquier otro ciudadano. En política lo sano es precisamente lo contrario. Hay que ser desconfiando y hay que ser exigente.

Por tanto conviene rebelarse frente al tipo de declaraciones del tipo “la mayoría de los políticos somos honestos”, “son solo unas pocas manzanas podridas” o “los ciudadanos pueden confiar en nosotros” porque precisamente para que sea así es muy importante no creerlo. De ahí que no sean admisibles declaraciones como las del Presidente del Congreso Jesús Posadas que justifican, por ejemplo, que no haya transparencia ni control de los viajes de sus Señorías –después del escándalo Monago- alegando que los diputados son mayores de edad, que saben lo que deben hacer y que el mejor control es el que pueden realizar los propios grupos parlamentarios a los que pertenecen. En resumen que hay que darles un voto de confianza. Pues de eso nada. O la transparencia es total y los controles son objetivos y externos (en último término pueden ser comisiones “ad hoc” no formadas por políticos las que pueden validar este tipo de gastos como sucede en otros países)  o no podemos hablar de verdaderos controles.

De la misma forma las explicaciones a la opinión pública de cualquier decisión importante, aunque no se refiera al último escándalo tienen que ser analizadas con lupa, nada de justificaciones “prefabricadas”. Y hay que estar muy atento para exigir responsabilidades políticas no ya por los casos de corrupción, nepotismo, despilfarro, etc –estén o no judicializados, porque algunos no lo estarán nunca- sino por cualquier tipo de acuerdo con trascendencia si al final se demuestra que fue un error. Por ejemplo, en caso de que la decisión de no llegar a un pacto entre ciertos partidos tenga un coste electoral elevado para uno de los dos, o para ambos, lo razonable es exigir que los que han tomado esta decisión asuman sus responsabilidades políticas, aunque la hayan adoptado con toda la buena voluntad del mundo. Porque de los errores, en política como en la vida, también hay que responder. 

Dicho esto, y dado el actual bloqueo de nuestro sistema político, tanto en términos electorales como en términos de falta de democracia interna y control cupulocrático (que afecta tanto a los viejos partidos como a los nuevos, no nos engañemos) le toca a la ciudadanía ejercitar esta vigilancia y presionar todo lo que pueda en esta dirección. El primer paso ya lo hemos dado: no se admiten más argumentarios, el que tenga que dar explicaciones de cualquier tipo lo mejor que puede hacer es dejarlos en casa, aún a riesgo de incurrir en las iras de la cúpula, porque si no incurrirá en las iras de la ciudadanía.  Y es que la mejor política de comunicación consiste en creer en lo que se cuenta.  

La creciente politización de la sociedad española, su mayor conciencia del respeto –intelectual y moral- que se debe a la ciudadanía en una democracia y su creciente desconfianza frente a los mensajes enlatados y prefabricados me parecen una excelente señal de salud y madurez democrática en un momento en que para la regeneración de nuestro país es imprescindible. Tan imprescindible como despolitizar la Administración Pública y las instituciones. Y es que como recordaba el juez del Tribunal Supremo americano Louis Brandeis en democracia el cargo más importante es el de ciudadano. 


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