A cada uno lo suyo

De agentes de movilidad municipales y candidatos a la alcaldía

Como es sabido, el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre se ha saldado, por ahora, con un auto de sobreseimiento provisional del Juzgado de Instrucción nº 14 de Madrid que dice (siempre según las noticias publicadas dado que no he podido tener acceso directo a la resolución judicial que no es pública) que existe una “frontal oposición" entre las versiones de los agentes de movilidad que denunciaron a Aguirre y la de la expresidenta popular y candidata “in pectore” al Ayuntamiento de Madrid.  Al parecer, siempre según estas noticias, Esperanza Aguirre habría rebatido la versión de los agentes  “existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes, y dudas serias acerca de la credibilidad de estos". Si esto es lo que dice el Auto, realmente me sorprende mucho desde un punto de vista jurídico y enseguida les explicaré la causa.

Por razones fáciles de comprender, y más en un país de las características del nuestro, en los expedientes sancionadores que levantan los funcionarios dotados de autoridad pública existe lo que se llama “presunción de veracidad"

Por razones fáciles de comprender, y más en un país de las características del nuestro, en los expedientes sancionadores que levantan los funcionarios dotados de autoridad pública existe lo que se llama “presunción de veracidad”. Para entendernos, esto lo que quiere decir es que la versión de estos funcionarios en relación con un determinado hecho (que normalmente han presenciado) y que puede constituir una infracción de cualquier tipo se considera por la ley más creíble que la del denunciado, que normalmente suele negar que su conducta haya sido incorrecta o ilegal. Claro que se trata de una presunción “iuris tantum”, es decir, que puede ser destruida por medio de prueba en contrario, pero hay que aportar dicha prueba y los Jueces no se lo suelen poner fácil al denunciado, dado que es parte interesada.  No suele valer, por ejemplo, que los familiares y amigos del supuesto infractor intenten exonerarle. ¿Y los agentes de la autoridad o funcionarios públicos, es que no son parte interesada por lo menos en poner multas? Bueno, pues por lo menos hasta ahora la ley y los jueces entienden que no, que no son parte interesada, salvo que se entienda por interés el interés general.  Se considera que son neutrales y objetivos y que solo buscan aplicar las leyes a todos por igual.

En concreto, el art.75 de la Ley de Seguridad Vial (no se asusten es una cita corta) señala que:  “Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.”

Dicho de otra forma, cuando un agente de movilidad le ordena detener su vehículo por haber detectado una maniobra incorrecta, o que usted iba hablando por el móvil o que ha aparcado donde no debía, la ley presume que lo hace no porque le tenga a uno especial manía o porque se quiera hacer un “selfie” con alguien famoso sino porque eso es lo que exige el interés general. De ahí que resulta poco aconsejable discutir con los agentes de movilidad sobre si el semáforo estaba en rojo o en ámbar o si se dejó el coche en doble fila sólo cinco minutitos. Ellos llevan las de ganar. Y si lo piensan bien, es lo más razonable siempre que sean –como no tengo ninguna duda de que es el caso de los policías municipales en Madrid- funcionarios serios y objetivos cuyo único interés en hacer cumplir la Ley de Seguridad Vial en interés de todos.

Pero es que además en este caso al menos las leyes coinciden con la sociología. ¿Por qué digo esto? Porque que en todas las encuestas del CIS los ciudadanos valoran a la policía nacional, autonómica y municipal con mucha mejor puntuación que a los políticos. Los españoles confían bastante más en ellos que en sus representantes. Vamos, que si alguien preguntase a quien creen los españoles, si a la sra Aguirre o a los policías municipales la respuesta creo que sería muy contundente incluso entre los votantes del PP.

El problema de que sea tan difícil creer a la sra Aguirre, se debe además no solo a su condición política sino al dato de que una imputación o una condena, aunque sea por un delito muy menor, sería letal para sus aspiraciones políticas

El problema de que sea tan difícil creer a la sra Aguirre, se debe además no solo a su condición política sino al dato de que una imputación o una condena, aunque sea por un delito muy menor, sería letal para sus aspiraciones políticas. Como siempre, estamos ante la recurrente e interesada confusión entre responsabilidad política y responsabilidad jurídica penal que predica nuestra clase política. Así que si no hay delito, a correr por la Gran Vía, literalmente. Claro que para que no haya delito algún juez tiene que decirlo. Y ahí radica otro de los problemas básicos de nuestra democracia y más en época electoral: hay que sacar todo el armamento para que los jueces no consigan condenar a nadie, o por lo menos no lo consigan en campaña electoral, porque una vez elegidos ya es mucho más difícil. Ese armamento es muy nutrido y van desde los intentos de deslegitimar al juez -que estaría siempre haciendo juego al enemigo político- pasando por los de cambiarle de destino a ver si deja de molestar y llegando hasta el torpedeo sistemático de la instrucción por tierra, mar y aire, cuando ya se ve que con el juez no se puede y no hay otra manera de evitar la condena de alguien importante.  

Aunque en mi modesta opinión la sra Aguirre debió dejar de lado sus aspiraciones políticas hace mucho tiempo y no sólo por el incidente del carril bus de Gran Vía, aunque también por eso. Creo que hay que estar muy convencido de que la ley no se le aplica a uno para atreverse a dejar aparcado un coche ahí, pero coincido con sus defensores en que es una cuestión menor. Sobre todo si se la compara con el hecho de que bajo su presidencia floreció en la Comunidad de Madrid y en el PP madrileño, que ella preside, la trama Gurtel. Hasta han metido en la cárcel a un vicepresidente de su Gobierno y está por ver quien más puede seguir. Seamos claros, en cualquier país serio ni ella ni su partido se plantearían presentarse unas elecciones con ese historial. El que aquí pueda siquiera debatirse es una malísima señal de salud democrática y una inquietante muestra –otra más- de la debilidad de nuestro Estado de Derecho. Que exige que todos y cada uno de los ciudadanos, desde el más importante hasta el más humilde tengan el mismo tratamiento ante la Ley. Aunque la piedra de toque, claro está, es que lo tengan los poderosos. De eso se están encargando por ahora unos anónimos agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, por lo que merecen nuestro agradecimiento como ciudadanos porque no está siendo nada fácil.


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