A cada uno lo suyo

Politicos de salida o la salida de los politicos

Uno de los problemas de nuestro sistema político que ha puesto de manifiesto los resultados de elecciones del 24M es el de la salida de los políticos amortizados de la escena pública. Es curiosa –desde el punto de vista del contribuyente– la necesidad que sienten los partidos políticos de garantizar una salida honrosa y sobre todo bien retribuida a los líderes que no han conseguido llegar a gobernar. Al parecer, permanecer como líder del partido en la oposición cuando se ha sido Presidente de la misma Comunidad Autónoma es algo casi indigno, por lo que urge una recolocación en algún sitio de relumbrón, donde a ser posible no se requiera demasiado esfuerzo.

El Senado es, obviamente, un lugar idóneo para dar cobijo a políticos amortizados, puesto que nadie sabe bien para qué sirve y por tanto difícilmente puede echarse de menos su actividad

El Senado es, obviamente, un lugar idóneo para dar cobijo a políticos amortizados, puesto que nadie sabe bien para qué sirve y por tanto difícilmente puede echarse de menos su actividad. Tampoco están mal pensados para acogerlos organismos del tipo los distintos Consejos consultivos autonómicos que han proliferado a imagen y semejanza del Consejo de Estado, básicamente por la misma razón. La ciudadanía no sabe muy bien que funciones tienen y por eso es relativamente fácil –o difícil- explicar las tareas que desempeñan los que se sientan allí, algunos desde hace lustros. Es paradigmático el caso de Jesús Leguina y otros ex Presidentes autonómicos en el Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Madrid, en riesgo de extinción tras el pacto de gobierno alcanzado por el PP y Ciudadanos que incluye su supresión. Lógicamente los afectados han puesto el grito en el cielo y los viejos partidos se han apresurado a explicar que es fundamental contar con la experiencia de los recolocados. Las explicaciones de en qué consisten exactamente los beneficios para los contribuyentes me temo que no las vamos a recibir.

Pero más allá de la lógica defensa de los “intereses corporativos” creo que la reflexión que conviene hacer es la de cómo queremos que sea la salida de nuestros políticos de la vida pública. Porque lo razonable es que alguna vez haya una salida, no que se encadenen cargos públicos inexorablemente hasta la edad de jubilación o incluso más allá. El ejemplo de Alfonso Guerra está ahí; un diputado que seguía siéndolo desde el primer Parlamento democrático hasta que decidió retirarse. Aunque lógicamente también hay que reflexionar sobre las vías de entrada en política y sobre el tiempo de permanencia. En España lo que ha ocurrido a lo largo de la democracia es que la política se ha profesionalizado hasta el extremo de permitir que muchas personas estén prácticamente toda su vida activa ocupando un cargo público sin haber trabajado jamás en ningún otro sitio.

En la actualidad se calcula que las empresas del IBEX cuentan con unos cuarenta cargos con un pasado político importante

Por tanto, no puede sorprendernos que al final de su carrera política carezcan de posibilidades reales de tener algún otro tipo de trabajo. No se trata solo de que nuestro mercado de trabajo sea rígido y disfuncional; aunque fuera el más abierto y competitivo del mundo, sería poco probable que quien lleva treinta o treinta y cinco años dedicado exclusivamente a la política pueda volver a desempeñar con garantías de éxito cualquier trabajo profesional, suponiendo que originariamente lo tuviera. La solución más fácil es o la puerta giratoria hacia alguna empresa regulada o/y dependiente del favor político o el aparcamiento en alguna institución cómoda y poco relevante. En la actualidad se calcula que las empresas del IBEX cuentan con unos cuarenta cargos con un pasado político importante. Entre ellos, a ex Presidentes del Gobierno. La nómina de políticos de las empresas eléctricas es impresionante.

Todo esto sin hablar de los privilegios con los que cuentan algunos, empezando por la mayoría de los ex Presidentes autonómicos, tal y como conté hace ya algún tiempo en el blog a propósito de los gastos del ex Presidente Ibarra y de otras menudencias, el famoso chocolate del loro. Desde entonces las cosas tampoco es que hayan cambiado mucho.

Convendría revisar los incentivos que permiten ahora mismo a los funcionarios (incluidos jueces y fiscales) pasar con desenvoltura de la Administración a la política y de la política a la Administración

El caso es que ninguna de esas dos “salidas” parece deseable desde el punto de vista del ciudadano, bien por el conflicto de intereses que subyace en la salida a través de las puertas giratorias hacia empresas muy dependientes del favor público o bien sencillamente por lo oneroso que resulta pagar a un político cuyas funciones se desconocen. Lo cierto es que para acabar con estas situaciones un tanto aberrantes me parece muy deseable empezar imponiendo una saludable limitación de mandatos. Afortunadamente los nuevos partidos parece que también lo consideran así. Otras medidas más a medio plazo deberían contemplar la apertura de los partidos a la sociedad, la exigencia de que los que acudan a la política tengan un empleo o profesión previas, el fomento de la democracia interna o los incentivos para que profesionales de prestigio y de talento puedan incorporarse a la vida política durante un tiempo determinado. De la misma forma, convendría revisar los incentivos que permiten ahora mismo a los funcionarios (incluidos jueces y fiscales) pasar con desenvoltura de la Administración a la política y de la política a la Administración y cuya consecuencia directa es el gran número de funcionarios que hay entre nuestros políticos y como consecuencia indirecta la politización de nuestras Administraciones en sus escalones superiores.

Todas estas medidas contribuirían, a mi juicio, a airear nuestra democracia y a evitar en último término la figura del “político vitalicio”, es decir del político que nunca se ha dedicado otra cosa porque ni sabe ni puede.


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