A cada uno lo suyo

Corrupción política y democracia...20 años más tarde

Leyendo el libro de Javier Pradera “Corrupción y política” de Galaxia Gutemberg, escrito en 1994 titulado “Corrupción y política. Los costes de la democracia”  me he quedado asombrada por su actualidad. Cualquiera de sus capítulos podría estar escrito hoy; solo hay que cambiar los ejemplos, sustituir “Filesa” o Naseiro por “Gurtel” o Bárcenas, Mariano Rubio por Miguel Blesa o Rodrigo Rato, Roldán por cualquiera de los Oriol, colocar en lugar de Juan Guerra al pequeño Nicolás, o en vez de hablar del fraude en los cursos de formación a trabajadores con fondos recibidos de la Unión Europea (entonces gestionados por el FORCEM) hablar del fraude  en los cursos de formación a trabajadores con fondos recibidos de la Unión Europea gestionados por Gobiernos regionales de distinto signo, aunque liderados, sin duda, por la Junta de Andalucía.

No solo el libro es absolutamente actual, también el diagnóstico es absolutamente certero, y apunta al corazón del régimen democrático iniciado en la Transición. Entre los aspectos más preocupantes que destaca Javier Pradera y que también hemos denunciado constantemente desde el blog ¿hay derecho? se encuentra la “piedra de toque” de todo el sistema: la reducción interesada de la responsabilidad política a la responsabilidad penal. Según esta tesis, tan querida para nuestros  líderes políticos desde Felipe González hasta Mariano Rajoy, desde los GAL o Filesa hasta Bárcenas o el dinero negro del PP,no puede hablarse de responsabilidad política sin que exista antes una condena penal. O por lo menos sin que se abra el juicio oral, es decir, sin que el político de turno se siente en el banquillo de los acusados. De acuerdo con esta cómoda tesis la imputación penal a estos efectos no es relevante para exigir responsabilidades políticas, ni en forma de dimisiones ni de ceses. Por esa regla, nuestros viejos partidos están llenos hasta la bandera de políticos imputados, algunos hasta “reimputados” como la famosa alcaldesa de Alicante.  Por otro lado, el apego al cargo que demuestran nuestros políticos se explica también desde un punto de vista racional, dado que muchos cargos, especialmente los representativos, llevan aparejado el aforamiento, con las indudables ventajas que este supone y que ya hemos comentado en otros artículos. 

Claro está que esta tesis es letal para la lucha contra la corrupción y, en último término, para la propia democracia. Como también señala Javier Pradera, la cuestión es que tanto el Código Penal como las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están pensadas para algo muy distinto. Las conductas tipificadas en el Código Penal están diseñadas para defender al individuo frente a las agresiones más graves de otros individuos o incluso del propio Estado, mientras que las numerosas garantías de nuestros procedimientos de instrucción y de enjuiciamiento están diseñadas para evitar arbitrariedades e injusticias por parte del propio Estado contra sus ciudadanos, tan frecuentes en el Antiguo Régimen, donde a la gente se la encarcelaba sin muchos miramientos y sin juicio. En definitiva, ni nuestro Código Penal ni nuestras normas de enjuiciamiento criminal están pensadas para luchar contra la corrupción política y menos aún si está generalizada o institucionalizada. Por eso resultan tan poco eficientes para combatirla.

Con esto no quiero decir que no haya que meter a los corruptos en la cárcel ni mucho menos. Simplemente lo que intento subrayar es que no la vía penal no resulta adecuada para depurar las responsabilidades políticas por los escándalos de corrupción y menos si son sistémicos. Aunque la Administración de Justicia española fuera más independiente, tuviera más medios y fuese mucho más eficiente lo cierto es que tampoco estaría en condiciones de imputar al Gobierno en pleno de la Junta de Andalucía o a toda la cúpula directiva del PP y eso aunque se llegase a demostrar su implicación directa en el asunto de los ERES o en la financiación irregular del partido, dinero negro incluido. Combatir la corrupción institucional solo a golpe de Código Penal es una tarea titánica que queda fuera del alcance de cualquier Juez por aguerrido que sea.  En definitiva,  no se puede enjuiciar a todo el régimen del 78 en vía judicial, ni es probable que veamos a Ministros, Consejeros o alcaldes en activo en la cárcel, por muy tentadora que resulte esta imagen para la hastiada ciudadanía.

En mi opinión lo que hay que hacer en primer lugar es modificar de una vez la socorrida doctrina que identifica responsabilidad política -en el ámbito de la corrupción o el despilfarro- con responsabilidad penal, y que exige para los “presuntos” políticos corruptos la misma presunción de inocencia que solo se aplica a los “presuntos” delincuentes.  Se trata simplemente de avanzar hacia los modelos democráticos de países más avanzados donde la responsabilidad política es independiente de la civil o penal, y es exigible inmediatamente y mucho antes de que exista cualquier procedimiento judicial. Los ejemplos de las dimisiones o ceses en países como Alemania, Suecia o el Reino Unido por casos infinitamente menos graves que los que vemos a diario en España, incluso en casos donde no es probable que haya ningún tipo de responsabilidad penal, son el ejemplo a seguir.

Pero claro está, para que nuestros políticos cambien de criterio que haber una demanda social clara que les obligue a hacerlo. Porque la corrupción es también una cuestión sociológica. Los especialistas suelen hablar de “zonas grises” o “blancas”, para referirse a prácticas que pueden no estar tipificadas penalmente o incluso que pueden estar más o menos aceptadas socialmente. ¿Es corrupción colocar a la familia de los Consejeros en el Tribunal de Cuentas? ¿Es corrupción colocar a militantes del partido al frente de instituciones supuestamente independientes? ¿Contratar a empresas o personas “de confianza” cuando se ostenta un cargo público? ¿Pagar en negro las obras de la sede del partido? ¿Abusar del cargo público para obtener ventajas o privilegios que no se obtendrían de otra forma? ¿Utilizar para gastos personales las tarjetas opacas de Caja Madrid? ¿Cobrar dietas de mantenimiento en el mes de vacaciones? ¿Tener dinero en cuentas en Suiza? De la contestación que demos a estas u otras preguntas parecidas dependerá el nivel de tolerancia de la sociedad española frente a la corrupción, y ese nivel no siempre ha sido muy exigente. Parece claro que en España se han tolerado este tipo de prácticas durante demasiado tiempo, aunque también es cierto que muchas de ellas y, sobre todo, su grado de profundidad y de generalidad no eran totalmente conocidas, como demuestra el escándalo que ha suscitado el caso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid.

En cualquier caso lo que revela el libro de Pradera -como también el de Alejandro Nieto de 1997 “Corrupción en la España democrática”- es que todos los síntomas de la enfermedad que hoy parece terminal estaban ahí, a la vista, para quien quisiera verlos, pero que todos, políticos y ciudadanos preferimos no hacerlo.  Cuando llegó al poder el PP en el año 1996 decidimos que todos los problemas de corrupción iban a desaparecer porque había un cambio de partido, de personas, y de discurso. Pero la realidad es que no se abordaron los cambios estructurales que hubieran hecho posible atajar la corrupción política y acabar con la impunidad. La prueba es que los escándalos de corrupción actuales son los mismos que los de entonces, ya se trate de financiación ilegal de partidos, cobro de comisiones, contrataciones o subvenciones amañadas, despilfarro, nepotismo y clientelismo; solo que corregidos y aumentados hasta extremos insospechados. 

Por tanto, conviene ser conscientes de que la tesis de que la responsabilidad política no es exigible hasta que se confirme la responsabilidad penal, enunciada por primera vez por el PSOE de Felipe González a raíz del “caso Guerra” y defendida con el mismo entusiasmo por Mariano Rajoy en su ya famosa comparecencia el Parlamento a raíz del “caso Bárcenas” el 1 de agosto de 2013, ha dado alas a la corrupción política institucionalizada y ha minado nuestra democracia. A estas alturas, parece complicado reparar los daños causados con un acuerdo entre los principales responsables para adoptar “medidas de regeneración democrática”. Sencillamente, no tienen credibilidad ninguna.


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